Dos razones exponen los juristas que entorpecen la atención de los privados de libertad extranjeros en los Centro de Detención Preventiva o en los calabozos policiales, no solo en territorio zuliano, sino en todo el país: las rupturas diplomáticas con algunas naciones y el desconocimiento del procedimiento por parte de los profesionales encargados de tribunales y fiscalías, quienes ignoran o pasan por alto su condición de extranjero y omiten hacer las notificaciones pertinentes a embajadas o consulados, indicó Juan Carlos Lugo, uno de los penalistas consultados sobre el tema. Otra irregularidad, es que los cuerpos de seguridad no llevan un registro de cuántos extranjeros hay en sus calabozos, puesto que en sus registros se contabilizan por delitos y no por su nacionalidad.