El Tribunal Cuarto de Control declaró, el 28 de enero de 2021, sin lugar la solicitud de revisión y sustitución de la medida de privación de libertad interpuesta por la defensa de los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo. Ratificó su decisión de mantenerlos recluidos en los calabozos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) al norte de Maracaibo, estado Zulia.
“Los cinco trabajadores humanitarios se mantienen detenidos arbitrariamente”, expresó, en su cuenta en Twitter, la Comité de Derecho Humanos del Estado Zulia (Codhez), quienes pertenecen al grupo de representantes legales de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez Gutiérrez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, y Luis Ferrebuz.
A los trabajadores humanitarios los detuvieron, el 12 de enero de 2021, por funcionarios de la Dgcim. Tras unos días de permanencia en sus calabozos se contagiaron de Covid-19. Motivo por lo cual sus abogados solicitaron ante el tribunal que se les otorgara casa por cárcel mientras culminaba su proceso judicial. Solicitud que fue negada.
En redes sociales, los activistas de las diferentes organizaciones de derechos humanos que hacen vida en Venezuela mantienen una campaña activa con el #NosFaltanCinco, haciendo referencia a la privación ilegítima de libertad de los miembros de Azul Positivo. Un grupo de los beneficiarios de la ONG decidieron sumarse a las protestas y exigir al Gobierno su liberación.
Azul Positivo se dedica a la prevención y atención del VIH, no solo en la periferia de Maracaibo, sino en las zonas rurales del estado Zulia. Atiende, además, a unas mil 200 familias en situación de pobreza crítica.
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