Reclusos extranjeros hacen parte de la población desasistida en calabozos policiales de caracas

Ever Hernández Combiano CICPC El Hatillo

Estar privado de libertad en un país como Venezuela no es garantía de tener acceso a convenios internacionales que permitan, entre otros aspectos, la comunicación con representantes consulares

Angélica Lugo / UVL Caracas

A las precarias condiciones de reclusión de los centros de detención preventiva en Venezuela se suma otro problema estructural del que poco se habla: la situación de los internos extranjeros que, por lo general, forman parte de la población reclusa desasistida en estas cárceles improvisadas.

Una Ventana a la Libertad (UVL) ha confirmado, con cuatro casos de internos extranjeros, cómo estos reclusos forman parte de la población desasistida.

Caso 1: Tres haitianos subsisten con colaboraciones

En la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, hay un ambiente de camaradería entre los reclusos y sus parientes. Aunque en este CDP hay más de mil privados de libertad en un espacio que fue diseñado para albergar a 250 personas por un lapso de 48 horas, se estima que más de 200 internos son parte de la población desasistida, a quienes nadie visita, ni les llevan comida.

En ese grupo de desasistidos llegaron a estar cinco haitianos que, de acuerdo con los testimonios de esposas y madres entrevistados por UVAL, se ganaron el cariño de todos. Sin embargo, en 2020 dos de ellos salieron en libertad y los otros tres que aún están detenidos ahora cuentan con el apoyo de sus connacionales.

La madre de un recluso venezolano, detenido por el robo de un celular, explicó que desde principios de 2020 decidió ayudar a uno de los tres haitianos que continúan en ese centro que también es conocido como la antigua Zona 7 de la Extinta Policía Metropolitana. “Yo soy hija de Dios y, aunque cada vez es más cuesta arriba llevarle comida a mi hijo, no pierdo nada en ayudar a esos muchachos”, expresó la mujer, quien aseguró que todos saben que los haitianos están presos porque fueron “sembrados”. En el submundo carcelario se le dice así a quienes son apresados injustamente cuando los funcionarios les privan de libertad por tenencia de drogas, aunque no sea cierto.

La mujer relató que a inicios de 2020 los haitianos llegaron a estar enfermos. Aunque no se confirmó que tuvieran tuberculosis, sí tuvieron gripe y cuadros febriles. Pero, con la ayuda de varias mujeres, e incluso de sus compañeros de celda, todos lograron mejorar. Pese a que no hablan perfectamente el castellano, se saben comunicar con el resto de la población. “Tu mamá traerme plátano, muy rico”, le ha comentado a uno de los haitianos, de nombre Cristóbal, al hijo de una de las mujeres entrevistadas por UVL.

“Desde que dos de los haitianos salieron en libertad, esos muchachos han podido tener más acceso a alimentos y, sin embargo, todas nos ponemos de acuerdo para no dejar de ayudarlos. Sus ex compañeros haitianos a veces nos traen unas salsas de tomate que preparan con pescado y no las dan para que se las mezclemos con arroz. Es como una especie de salsa boloñesa, pero con pescado. Y, además, uno de los haitianos que sigue detenido me manda jabón de lavar para que yo le lave su ropa”, explicó la madre de uno de los reclusos de la PNB en Boleíta.

Una fuente extraoficial explicó a UVL que los cinco haitianos fueron detenidos en 2018 por tráfico de drogas. Aunque no se ha podido confirmar bajo qué condiciones quedaron en libertad dos de ellos, se conoció que el caso de los otros tres hombres está en la fase de juicio y que es manejado en tribunales ubicados en el estado Vargas.

Una de las prioridades investigativas de este reportaje era indagar si en los calabozos policiales hay intérpretes que les faciliten la comunicación a los reclusos con otros idiomas. Con el caso de los haitianos se confirmó que estos internos han logrado aprender a comunicarse con sus compañeros a través de señas, jergas carcelarias, así como también con parte del lenguaje español que han aprendido durante los dos años que han permanecido en esa comisaría.

Caso 2: Un colombiano que ha sorteado torturas y aislamientos

Cuatro años y cinco meses lleva detenido Ever Hernández en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de El Hatillo. El 23 de agosto de 2016 fue detenido por el delito de secuestro. Y, según refirió el recluso en 2019 a Una Ventana a la Libertad, en una entrevista que se desarrolló por medio de cartas, desde el momento de su detención ha sufrido torturas.

“Cuando los policías llegaron a mi casa me amenazaron con abusar de mi hija. Decían que le iban a meter el dedito. Me golpearon y me colocaron una bolsa para ahogarme y no dejar huellas de los maltratos que me hacían. Esa es una estrategia de ellos, al igual que utilizar papel periódico para amarrar las manos y tampoco dejar evidencias”, relató en ese entonces Ever Hernández.

Aunque la madre de Ever Hernández retornó a Colombia para tener mejores condiciones de vida y atenderse de la tiroides, la mujer hace malabares para que su hijo pueda alimentarse. Desde su país envía dinero a un señor para que le lleve comida periódicamente.

Esta persona es la responsable de hacerle llegar los alimentos y para ello debe sortear una serie de obstáculos como la movilidad, considerando las fallas en transporte, la falta de efectivo y el resto de limitantes por las actuales medidas de cuarentena, y los altos costos de los alimentos.

Tanto en 2019 y 2020 la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc El Hatillo fue noticia por torturas por parte de funcionarios de esa dependencia a la población reclusa y Ever Hernández ha sido uno de los reclusos que, quizá, ha sido más torturado. En 2019 UVL tuvo acceso a fotografías que documentaron cómo este recluso colombiano fue herido de perdigón por un funcionario que lo castigó por protestar en contra de las malas condiciones de reclusión.

El 1 de abril de 2020 internos de ese calabozo policial grabaron videos e hicieron fotografías para dar a conocer cómo los funcionarios les bloquearon la ventilación al sellar la puerta de la celda en la que están los reclusos civiles. Sin embargo, después de esa protesta, en la que habló Ever Hernández en uno de los videos, abogados y fiscales visitaron esa sede del Cicpc y ordenaron colocar ventiladores para que los internos pudieran respirar.

Familiares de la población reclusa informaron a UVL que el trato para el hombre de nacionalidad colombiana se ha caracterizado por maltratos y humillaciones por parte de los funcionarios. Una de las fuentes consultadas refirió: “Desde que llegó el trato nunca fue bueno, lo tienen humillado y lo maltratan. A él lo golpean durante las requisas”, aseguró una de las mujeres.

Aunque la madre de Ever Hernández hace lo posible para que su hijo pueda alimentarse todos los días, no siempre el señor a quien le paga por ello tiene cómo llegar al calabozo policial. El recluso colombiano llegó a tener el apoyo de familiares de dos de sus compañeros de celda, pero en diciembre ambos fueron trasladados a centros penitenciarios. UVL conoció que Hernández le escribió una carta a la madre de uno de sus ex compañeros en la que le pidió que no lo abandonara.

Dos colombianos en un país vecino, pero aislados de sus familias

Dos internos de nacionalidad colombiana, detenidos por distintas causas desde hace más de dos años, también forman parte de la población penitenciaria desasistida de la Subdelegación del Cicpc Simón Rodríguez. No tienen a nadie que los visite. Y tampoco establecen ningún tipo de comunicación con sus familiares.

Caso 3: Un colombiano detenido por robo frustrado

Un colombiano de 31 años de edad, está detenido desde hace dos años por el delito de robo en un local comercial. Los funcionarios del Cicpc lograron apresarlo, pues el dueño del establecimiento le hizo un disparo en una de sus piernas en defensa propia. “Cuando los funcionarios llegaron al lugar, encontraron en un bolso los bienes que se había robado. Por eso está siendo procesado por robo frustrado con lesiones, porque resultó herido en el asalto”, explicó una fuente policial a UVL.

Aunque este recluso de nacionalidad colombiana tenía a una madrina que iba a visitarlo al CDP para llevarle alimentos a él, y también al otro connacional que conoció en prisión preventiva, su familiar murió.

“La señora falleció y ya nadie les trae comida, entonces ellos comen de la comida que le dan los otros internos y en ocasiones sin algún funcionario tiene comida y para no botarla, se la entregan a los colombianos”, refirió una fuente extraoficial.

Caso 4: Un colombiano detenido por hurto agravado y simulación de hechos

El otro interno de nacionalidad colombiana detenido en la Subdelegación del Cicpc Simón Rodríguez fue apresado por el delito de hurto agravado y simulación de hechos.

Pero, en ese submundo carcelario se refieren a este recluso de 28 años de edad con la siguiente definición: “el sapo” “picado” que se “cayó con los kilos”. “Sapo” por denunciar ante la policía a sus compañeros de robo, “picado” por no haber estado conforme con lo que le correspondió en la repartición del botín y que se “cayó con los kilos” pues, cuando los policías revisaron las cámaras de seguridad del local en donde se registró el robo, lo vieron entrando y saliendo con parte de los artículos que fueron robados.

“Él fue a la oficina del Cicpc a decir quiénes se metieron al local. Pero en el momento de la repartición, uno agarró más que el otro y él fue a denunciar a la policía y dijo que iba a dar información de quiénes habían robado en un local para entregarlos. Pero en el momento en que los funcionarios fueron a hacer la inspección, revisaron una cámara de seguridad que grabó cuando se veía al supuesto informante entrando y sacando artículos robados y por eso es que está preso (…) Cuando él salga en libertad los otros malandros lo van a querer embromar porque los denunció”, relató una fuente policial que maneja información de los dos casos de los reclusos colombianos detenidos en ese CDP.

Ambos internos de nacionalidad colombiana fueron condenados y esperan un cupo de traslado a una cárcel. Pese a que sus delitos son robo y hurto, están igual de desasistidos y abandonados que un hombre de 64 años que está preso por abuso sexual, droga, homicidio, estafa, hurto, robo. “Ese señor está vivo porque uno le da de comer y, como él, así están los colombianos que tampoco tienen a nadie que los visite”, aseguró una fuente policial.

Con esta investigación UVL confirmó que los reclusos extranjeros no tienen la facilidad para comunicarse con sus representantes consulares. De hecho, la mayoría de la población extranjera desconoce que tiene ese derecho. También identificamos dos hallazgos: en ningún centro de detención preventiva hay personal especial para que los internos que no hablan español puedan sortear las dificultades de comunicación y, ni siquiera, hay mecanismos para que estos reclusos puedan hablar por teléfono con sus familiares. Estar preso en Venezuela, siendo extranjero, es una forma de estar condenados, aún y cuando varios de estos casos están sin sentencia firme.

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