Jessika Ferrer / Equipo UVL Zulia
Dos razones exponen los juristas que entorpecen la atención de los privados de libertad extranjeros en los Centro de Detención Preventiva o en los calabozos policiales, no solo en territorio zuliano, sino en todo el país: las rupturas diplomáticas con algunas naciones y el desconocimiento del procedimiento por parte de los profesionales encargados de tribunales y fiscalías, quienes ignoran o pasan por alto su condición de extranjero y omiten hacer las notificaciones pertinentes a embajadas o consulados, indicó Juan Carlos Lugo, uno de los penalistas consultados sobre el tema. Otra irregularidad, es que los cuerpos de seguridad no llevan un registro de cuántos extranjeros hay en sus calabozos, puesto que en sus registros se contabilizan por delitos y no por su nacionalidad.
“El procedimiento es el mismo en todos los casos, sean nacionales o extranjeros. Se detienen, se colocan a la orden de la Fiscalía y siguen su proceso normal. Ahora bien, si está solicitado por Interpol se hacen los trámites y se envían para donde lo requieren”, detalló un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Aclaró que en el caso de Maracaibo “pasa algo muy particular. Se detienen a los extranjeros que están involucrados en casos de Colombia y se entregan a su país sin necesidad de la intervención de la INTERPOL”.
Los inconvenientes con los privados de libertad colombianos quedó en evidencia en 2020 tras la captura de Aida Merlano, excongresista colombiana, en Maracaibo. La detenida cumplía condena de 15 años en su país por corrupción y tenencia de armas. El Ministerio de Justicia colombiano informó, a través de un comunicado de presa en ese momento, “que junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce ni tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”. No se logró ni su extradición ni deportación. El Tribunal 13 del estado Zulia la privó de libertad por los delitos de asociación para delinquir, usurpación de identidad y uso de documento falso. El Gobierno venezolano decidió trasladarla a la sede del Helicoide, en Caracas, para que termine su proceso judicial en el país.
Aún que sin cifras oficiales del número de extranjeros detenidos en centros de detención preventiva o en calabozos policiales, los oficiales coinciden que los colombianos son quienes con mayor frecuencia detienen. El caso de Merlano transciende por condición de ex congresista, el resto de los aprehendidos se someten a las calamidades propias del sistema judicial venezolano y a las carencias de su sitio de reclusión, expuestos muchas veces a morir en el anonimato.
“Pensaban que porque era colombiano, él no tenía derechos. Él era un ser humano y lo asesinaron brutalmente”, denunció, ante los medios de comunicación zulianos, Laury Chacín tras el fallecimiento de su esposo, el 29 de octubre de 2020, en los calabozos de la Policía Municipal de Mara (Polimara).
Según Chacín, a Javier Enrique Marruco, de 28 años, lo mataron a golpes durante una requisa en el calabozo. Solo permaneció detenido 15 días. “Yo lo ví, tenía morados en la cara, las costillas, en los brazos. “Me lo mataron. Brutalmente, me le quitaron la vida”.
Polimara reconoció, a través de un comunicado, que el extranjero falleció en sus instalaciones. Dio como causa del deceso bronco aspiración por neumonía bilateral. La familia tuvo que viajar a Zulia para retirar el cadáver de la morgue forense de Maracaibo. No tenían recursos para repatriarlo y el cuerpo solo se le entregaría a un familiar directo y con documentación que corroborara su filiación. Chacín no tenía documentos que la acreditara como concubina.
Lugo explica que la penuria para los privados de libertad en Zulia comienza cuando el tribunal o el fiscal omiten hacer las notificaciones a las embajadas o consulados para que ellos estén al tanto del proceso legal de su compatriota. “Ciertamente el Estado venezolano le garantiza un defensor público. Pero al omitir ese proceso le impide al extranjero gozar de los beneficios que le otorga la ley, entre ellos, poder, a través del apoyo del consulado, terminar su condena en su país”.
Más vulnerables
Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo; y Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos del Zulia, en el municipio Colón en el Sur del Lago son los dos, de los cinco reclusorios, con más población de la región. En ambos, los privados de libertad extranjeros y sin visitas de familiares se rebuscan para sobrevivir al hambre y a las enfermedades. Tal es el caso de Arnoldo Batista, colombiano recluido en Cabimas. Padece tuberculosis y no recibe visita. Tiene 66 años y su cuerpo envejecido ya comienza a mostrar los estragos del hambre. Las veces que se alimenta lo hace por la caridad de sus compañeros del pabellón C. Pese a sus crisis respiratorias no recibe tratamiento médico ni cuenta con el apoyo para gestionar una medida humanitaria ante el tribunal.
En Cabimas, en el área de ex funcionarios o Planta Alta, recluyeron a Carolina Zabaleta, colombiana de 29 años. Está en las mismas condiciones de Batista, espera juicio. Mientras un tribunal decide su destino y su condena, padece a diario de dolencias e inflamación en el colon por la mala o deficiente alimentación y sinusitis crónica.
Desde su calabozo de aislado, el colombiano Jesús David Martínez Castro, de 33 años, solicitó a los tribunales, a las autoridades competentes una medida humanitaria. Ya sentía desfallecer cuando a finales de julio de 2020 hizo pública su petición. Su desgaste físico era evidente, su piel estaba pegada a sus huesos, caminaba con dificultad y sus compañeros ya habían decidido aislarlo, la tuberculosis lo secó y le robó, el 9 de agosto de 2020, la vida. Sus súplicas por volver a su país, por reencontrarse con los suyos no fueron escuchadas. No tuvo sentencia, pero tampoco atención médica ni judicial oportuna.
“Si no tienen familiares ni dinero se los traga el sistema penal y sus deficiencias. Sufren cambios arbitrarios de sitios de reclusión, pasan años esperando una sentencia o una audiencia, se les coacciona para que acepten responsabilidad sin corroborar su culpabilidad. La benevolencia del sistema penal con los extranjeros está anclada a las buenas o malas relaciones que tenga su país con el gobierno venezolano”, sentenció Lugo.
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