En ninguna de las sedes policiales funcionarán centros de votación, lo que indica que los privados de libertad que no han sido condenados no podrán sufragar, a diferencia de quienes están en las cárceles en calidad de procesados
Equipo UVL Miranda
Los privados de libertad que se encuentran en los calabozos policiales del estado Miranda no participarán en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, ya que en las sedes de los organismos de seguridad local y regional no se instalarán centros de votación, a diferencia de las cárceles.
“Nosotros estaremos acuartelados para brindar seguridad en las mesas electorales durante y después de concluido el proceso de votación. Así es el protocolo que se dispone en los Centros de Detención Preventiva (CDP) cada vez que se llevan a cabo elecciones. Son parte de las medidas para garantizar la paz, pero ningún CDP es centro de votación. Ese día tampoco habrá visitas de familiares”, dijo un funcionario policial consultado por Una Ventana a la Libertad (UVL), el 6 de julio.
En los cuatro centros penitenciarios que hay en el estado Miranda es diferente. En la cárcel de Yare, ubicada en los Valles del Tuy; en El Rodeo (I y II) en Guatire, en el Centro Nacional de Procesados Militares y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) con sede en Los Teques, único para mujeres en la región, sí colocarán entre una y dos meses de votación para que los privados de libertad que no han sido condenados se manifiesten, si así lo desean.
En los comicios regionales y municipales de 2021, la abstención en estos penales superó 60% en los tres penales para presos civiles. La mayor participación fue en el INOF. Allí podían votar 813 personas, entre detenidas y funcionarias, y lo hicieron 313, es decir, que 500 electores no participaron (61,50%).
En las cárceles de Yare y El Rodeo las estadísticas variaron. En el primero, de 336 inscritos, sufragaron 88 ciudadanos (23,19%) y 248 no se expresaron (73,81%); mientras que en El Rodeo I y II, de 2.087 electores, votaron 443 (21,23%) y se abstuvieron 1.644 (78,77%).
Una fuente consultada indicó que el 28 de julio sólo podrán votar los presos que aparezcan inscritos en el registro electoral correspondiente a cada uno de esos centros penitenciarios, que aún no hayan sido condenados.
Aunque el único requisito es la cédula de identidad, tres familiares con personas detenidas en la cárcel de Yare aseguran que sus parientes no tienen este documento. El hijo de una de las entrevistadas lleva cinco años tras las rejas. Su madre informó a Una Ventana a la Libertad, que su hijo, de 29 años, nunca ha participado en procesos comiciales desde que fue detenido.
“Él no tiene cédula, se la quitaron cuando lo arrestaron. Él votaba en una escuela cerca de la casa, pero, que yo sepa, no hizo cambio de residencia desde que está en la cárcel de Yare”, afirmó.
El progenitor de otro detenido indicó que su descendiente tampoco tiene este documento de identidad. “Nunca ha sacado la cédula. Está indocumentado y eso ha retrasado su proceso judicial”, dijo a UVL.
“Ellos gozan de derechos civiles, electorales y políticos, porque mientras no se haya fracturado su presunción de inocencia, tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Al no votar se estarían violando sus derechos humanos”
Derechos vulnerados
El abogado José Luis Azuaje, quien fue director de investigación de vulneración de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República, cuestionó que a las personas que se encuentran en los calabozos policiales y no han sido penadas, no se les permita participar en los procesos electorales.
“Ellos gozan de derechos civiles, electorales y políticos, porque mientras no se haya fracturado su presunción de inocencia, tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Al no votar se estarían violando sus derechos humanos”, indicó.
Consideró que en estos Centros de Detención Preventiva (CDP) debería instalarse aunque sea una mesa electoral para que se expresen los presos que aún no tienen condena, previo a su inscripción en el registro electoral.
Azuaje acotó que tanto el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) como el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben establecer los mecanismos para que los privados de libertad que aún están en calidad de procesados ejerzan el derecho al voto cada vez que haya elecciones.
Delitos electorales
La abogada María del Carmen Nuzzo también conversó con UVL para hablar sobre los delitos electorales. Recordó que no está permitido destruir el comprobante del voto que emita la máquina de votación o cualquier otro material electoral, por tratarse de bienes públicos, así como tampoco romper el listado electoral publicado en un centro de votación.
Mencionó además como delitos electorales: ejercer el sufragio en dos oportunidades en un mismo proceso; tirar el comprobante de votación; falsificar un acta electoral; exhibir una cédula falsa; usurpar otra identidad o ejercer violencia contra una persona.
“También existen los llamados ilícitos electorales, como son obstaculizar la realización del proceso electoral; concurrir armado al acto de votación o escrutinio y utilizar equipo fotográfico, celular o cualquier equipo electrónico audiovisual en el acto de votación, entre otros”, detalló.
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