La salud mental de los familiares de los privados de libertad del litoral central es un tema relegado

No existen planes particulares o políticas públicas destinadas a atender a quienes se convierten en cuidadores de sus familiares privados de libertad en Venezuela. En el caso del estado costero de Vargas, la salud mental de los propios privados de libertad es considerado un tema irrelevante. Ni hablar de los familiares que se hacen responsables de asistir a quienes han perdido la libertad

Equipo UVL Vargas

Martina sufre de insomnio. No se concentra con facilidad y pasa de la risa al llanto en cuestión de segundos. Hay días que no quiere levantarse de la cama.  Ha perdido como diez kilos en los últimos tres meses. Ese lapso de tiempo es el que lleva su hijo Yeison detenido, por participar en una riña callejera y herir a su oponente.

“Me han dicho que es por la ansiedad que me siento así, que no me encuentro en ningún sitio. Es que Yeison es el primero de mi familia que cae preso y es primera vez que enfrento esta situación. Él tiene 19 años y estudia. No es mal muchacho, pero tiene un carácter atravesado. Y que me lo tengan en una celda, con un gentío, pensando que le puede pasar algo malo es terrible”, relata Martina, mientras espera para entregar la comida que le lleva día por medio a su hijo, que está en una de las dos celdas que funcionan en la Policía Municipal de Vargas en Macuto.

Martina siente que debe buscar ayuda para lidiar con la desesperación que dice sentir dentro de ella. Pero no hay dinero. El que hay es para pagar el abogado que ayudará a Yeison a salir del Centro de Detención Preventiva (CDP), para cubrir traslados y todos esos gastos imprevistos que surgen cuando se tiene a un familiar privado de libertad.

En el caso del estado Vargas, donde Una Ventana a la Libertad monitorea ocho Centros de Detención Preventiva, en donde están recluidos una población promedio de 390 hombres, mujeres y adolescentes, no existen planes de atención gratuitos para velar por la salud mental de esta población o de sus familiares cuidadores. Es un tema que no aborda ninguna autoridad, sea civil o militar.

“La privación de la libertad expone a la persona a eventos estresantes de forma permanente, afecta la satisfacción de las necesidades humanas y limita la autonomía en la toma de decisiones, lo que conlleva a la presencia o complicación de problemas y trastornos mentales. Además, genera afecciones en la dinámica familiar y de pareja y la presencia o complicación de problemas y trastornos mentales en todos los integrantes del grupo familiar, puesto que se disminuye el contacto interpersonal y la capacidad de sostenimiento de la economía familiar. Al ser una población vulnerable, el Estado debería ofrecer o promover atención `psicológica o tener grupos de apoyo”, explica la psicóloga Amalia Rondón, al ser consultada sobre la necesidad de atención en el marco de la salud mental, tanto de privados de libertad como de sus familiares.

Realidades concatenadas

La rutina de Martina cambió drásticamente desde la detención de Yeison. Los días que eran dedicados a su negocio, una venta de comida en un mercado popular, es atendida por una empleada. Las horas que dedicaba a su casa se diluyen en el traslado al centro de detención, en la preparación de la comida que va a llevar, en responder a las solicitudes del abogado y de trasladarse al tribunal, para ver cuánto falta para la audiencia. Ya no tiene tiempo para sus plantas. Ni siquiera para su esposo y sus otros dos hijos, que, aunque la apoyan, le han confesado que se sienten abandonados.

“Es que la vida se me trastocó con esto. Yo siento que también estoy presa con mi muchacho. De hecho, me siento culpable hasta cuándo como o voy a dormir, porque pienso en el trabajo que él está pasando y que yo estoy en casa. Mi familia me dice que exagero, pero es que creo que nadie entiende lo que siento”, acota Martina.

“La salud mental de los familiares de personas privadas de libertad puede verse afectada por la situación de sus seres queridos. La privación de la libertad puede provocar en los familiares trastornos mentales como depresión, psicosis, abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. Es por ello que es importante buscar ayuda profesional o al menos alguien con quien conversar”, señala la especialista Rondón.

En coincidencia con esto, Martina reconoce, que quienes la entienden son otras mujeres: las madres, abuelas, tías o parejas de otros privados de libertad, a quienes ha conocido en medio de esta situación, cuando llevan comida o en la espera por un traslado a los tribunales. 

“Ellas te escuchan y no te juzgan. Entienden como una se siente. A veces uno solo quiere estar con alguien que vive tu misma experiencia y por eso te puede hablar desde puntos de vista parecidos”, acota Martina.

Amalia Rondón explica que en el caso de privados de libertad y familia cuidadora, el Estado debe fraguar sistemas de apoyo, pues ambos viven “realidades concatenadas y paralelas” con el encierro.

“Cuando se habla de presos y de familiares de presos, no son grupos totalmente diferentes ni separados, sino que están íntimamente conectados, el uno del otro. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta las necesidades de atención en materia de salud mental que tienen las familias de las personas encarceladas, dando herramientas que permitan enfrentar todo el proceso y promuevan la reinserción cuando su familiar salga en libertad”.

La especialista lamenta que la falta de un centro de reclusión en el estado y la precaria estructura de los centros de detención preventiva en el litoral central impide que iniciativas impulsadas por gremios u organizaciones no gubernamentales aborden el tema de la salud mental.

Martina sigue sin dormir. Ha internalizado que recuperará el sueño cuando su hijo salga del centro de detención preventiva. Sin embargo, por recomendación de otras madres, cuyos hijos también están detenidos, empezó a caminar frente al mar y ha descubierto que eso la relaja y le ayuda a mantener la fuerza, que sabe necesita, para apoyar a Yeison.