La incertidumbre, el aislamiento social y las ideas de atentar contra su vida son algunas de las afecciones psicológicas más comunes en los familiares de los reclusos en la región crepuscular. El sistema judicial ineficiente y el deterioro emocional crean un círculo de sufrimiento profundo que se refleja en todas las áreas de sus vidas.
Entre el aislamiento y los pensamientos oscuros, así se podría resumir las secuelas psicológicas más graves que mayormente tiene una persona que tiene a un familiar privado o privada de libertad. Y es que los calabozos policiales o los de centros penitenciarios no solo encarcelan a los acusados, sino que también condenan a sus parientes a un calvario emocional. Arturo Gómez, psicólogo egresado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) reveló a Una Ventana a la Libertad (UVL) una cruda realidad que muchas veces pasa desapercibida luego de que este profesional tratara distintas experiencias en la Fundación Las Mercedes (1 y 2), donde trabajó con familiares de reclusos.
“Los familiares no solo enfrentan el dolor emocional, sino que manifiestan alteraciones graves en su vida cotidiana”, señala Gómez. Alteraciones del sueño; malos hábitos alimenticios y rutinas cotidiana atropelladas, así como ideaciones suicidas, fueron diagnósticos recurrentes durante sus consultas en esta fundación que se ubica en Barquisimeto, frente a la sede del Circuito Judicial Penal de la entidad donde a diario acuden cientos y cientos de reos y reas para sus audiencias penales.
Según el especialista, un alarmante 80% de los familiares atendidos en su experiencia presentó pensamientos suicidas.
Además de esas formas de pensar y sus comportamientos, el sostener económicamente a un privado de libertad se convierte en otro desafío desbordante. Gómez explica que las familias, muchas veces, enfrentan un sentimiento de obligación mezclado con desesperanza y rechazo. “Ellos sienten que sus vidas terminan junto a la de su familiar preso. El desgaste emocional los lleva a desconectarse de su entorno, aislándose incluso de sus propios seres queridos”, afirma.
Las jornadas laborales y las responsabilidades domésticas de estas personas que tienen parientes recluidos en cárceles también se ven afectadas. La preocupación constante y el “tener la cabeza ida” les dificulta concentrarse, lo que agrava su deterioro emocional y financiero.
Aclaró Gómez que más allá de la angustia por la situación de sus seres queridos, los familiares enfrentan un sistema judicial que, en palabras “los trata como escoria”. Los malos tratos institucionales y la falta de respuestas concretas intensifican un estado de zozobra permanente. “Es un ciclo de victimización y revictimización que agrava los pensamientos catastróficos y destruye su estabilidad emocional”, acota.
“Es fundamental contener a estas personas, ayudarlas a recuperar su estabilidad emocional y a encontrar formas de resistir frente a una realidad tan dolorosa”, concluye Gómez.
Una lucha diaria contra la desesperanza
El aislamiento social emerge como una consecuencia recurrente. La sensación de incomprensión dentro de su núcleo familiar y el estigma social llevan a los familiares a alejarse de sus redes de apoyo. Esto, combinado con la desesperanza de no encontrar soluciones, fomenta pensamientos suicidas. Gómez describe casos de familiares que expresaron ideas de lanzarse frente a un vehículo o ingerir medicamentos en exceso para acabar con su sufrimiento.
“La desesperanza es un sentimiento constante. Estas personas sienten que han perdido el sentido de su vida, que la situación las supera, y eso las desmorona en todos los aspectos”, relata Gómez.
Castigo indirecto, especialmente, a mujeres
El artículo “Los efectos extendidos del encarcelamiento: un puntal para la crítica antipunitivista” analiza cómo las políticas punitivas (estrategias y acciones implementadas por el sistema judicial y penal que se centran en el uso del castigo como principal respuesta frente a los delitos) no solo impactan a las personas encarceladas, sino también a sus familias, especialmente a las mujeres, quienes soportan la mayor parte de las consecuencias económicas, emocionales y sociales.
Se destaca que la experiencia de las familias, particularmente de madres, parejas e hijas de los presos, suele ser invisibilizada y se describe como un “castigo indirecto”. Estas mujeres enfrentan la criminalización durante las visitas a prisión, el peso de sostener económicamente a sus hogares, y la responsabilidad de cuidados adicionales. Todo esto ocurre en un contexto que refuerza roles de género tradicionales y feminiza la pobreza.
El artículo también critica la cultura punitiva dominante y aboga por un cambio hacia modelos de justicia más reparadores y transformativos. Se propone limitar el encarcelamiento a casos graves, despenalizar delitos menores y proporcionar alternativas centradas en la comunidad y la resolución de conflictos, en lugar de castigos punitivos que perpetúan desigualdades estructurales y sociales
Un llamado a la empatía y la acción
La crisis carcelaria en Venezuela no solo afecta a quienes están tras las rejas, sino también a quienes quedan fuera, luchando por sostener un vínculo que parece quebrarse día a día. El testimonio de Gómez evidencia la necesidad urgente de atención psicológica integral para estos familiares, además de una reforma profunda en el sistema judicial que les permita encontrar esperanza en medio de la adversidad.
“Es fundamental contener a estas personas, ayudarlas a recuperar su estabilidad emocional y a encontrar formas de resistir frente a una realidad tan dolorosa”, concluye Gómez.
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