Desnutrición afecta a 17,7% de privados de libertad en CDP de Guarenas, Guatire y Barlovento

Las dificultades para obtener efectivo para pagar pasajes, los altos costos del transporte público y de los alimentos, las limitaciones para el abastecimiento de combustible, así como las restricciones de movilización por la pandemia, impidieron que los parientes de un importante número de detenidos pudieran llevarle sus alimentos con regularidad. En Venezuela, la responsabilidad de la alimentación de los privados de libertad corre por cuenta de los familiares

Lidk Rodelo, UVL/ Guatire

Con 113 casos detectados hasta enero de 2021, la desnutrición se ubica como la enfermedad con mayor presencia en diez Centros de Detención Preventiva (CDP) que son monitoreados por Una Ventana a la Libertad, en las subregiones Plaza-Zamora y Barlovento, ambas en el estado Miranda, región Capital, en la periferia de Caracas.

La cifra representa 17,7% de los 663 privados de libertad recluidos en estos diez CDP, de los cuales, nueve de ellos son calabozos de cuerpos policiales y el otro es de carácter u orden militar.

Entre las similitudes detectadas que comparten estos casos destacan, por un lado, la situación de pobreza extrema de las familias de los privados de libertad afectados, como consecuencia de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y, por otra parte, las distancias físicas entre el centro de reclusión y el lugar de residencia de las familias de estos detenidos.

Por ejemplo, uno de los privados de libertad con desnutrición, recluido en la Policía Municipal de Brion, en Higuerote, es un joven de 21 años de edad. Él y su familia están residenciados en una barriada al oeste de la ciudad de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, en la región oriental del país.

Las dificultades para obtener dinero en efectivo para el pago de pasajes, los altos costos de las tarifas de transporte y de los alimentos, todo esto sumado a las restricciones de movilización por la pandemia, durante el último año, impidieron que los parientes de este joven pudiera llevarle sus alimentos con regularidad, responsabilidad que, en Venezuela, corre por cuenta de los familiares.

A pesar de estar bajo custodia y responsabilidad del Estado venezolano, según lo establecido en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ninguno de los privados de libertad de estos diez CDP tiene garantizado el acceso a servicios de salud, y la desnutrición severa es una muestra de ello.

De acuerdo con el portal web de la organización internacional Médicos Sin Fronteras, “cuando una persona no ingiere los nutrientes (proteínas de origen animal, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales) suficientes para cubrir sus necesidades, el cuerpo empieza a consumirse: primero pierde grasa y luego músculo (…) La carencia de estos nutrientes impide resistir a las infecciones, las defensas se debilitan y aumenta el riesgo de contraer enfermedades y morir”.

Además de la desnutrición, Una Ventana a la Libertad constató en estos diez CDP 102 casos (16%) de afecciones de la piel, siendo la escabiosis la principal enfermedad. Asimismo, se registran 19 casos (2,9%) de tuberculosis, 7 casos (1%) de trastornos oculares como la conjuntivitis, 25 casos (3,9%) de afecciones gastrointestinales, y, al menos, 70 casos (10,9%) de enfermedades respiratorias.

De hecho, 80 de los 113 privados de libertad con desnutrición severa están afectados por alguna de las enfermedades anteriormente descritas. La cifra representa 70,7% de los desnutridos.

Así como ocurre con la alimentación, los mismos familiares son los encargados de buscar, comprar y llevar los medicamentos que requieran sus parientes detenidos, para combatir las afecciones de salud que presentan. Sin embargo, la situación económica del país, en muchos casos les dificulta poder garantizarles el tratamiento médico.

Las condiciones de insalubridad en los CDP, producto de la inexistencia de un suministro de agua potable para los privados de libertad, así como la falta de baños en los calabozos policiales, además del hacinamiento, se convierten en un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades contagiosas, lo que expone a los presos con desnutrición a padecer de otras complicaciones, por tratarse de la población de mayor riesgo.

La madre de un privado de libertad recluido en los calabozos de la delegación Guarenas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con desnutrición, destacó que la situación en los CDP representa un reflejo, a menor escala, de la situación económica y social del país.

“Yo soy madre soltera y tengo otros hijos que aún son menores, no quiero que les pase lo mismo. Apenas puedo traerle comida. Esta situación lo pone a uno en tres y dos. O compramos comida para que comamos todos o compro las medicinas que necesita mi hijo que está preso”, exclamó entre lágrimas la mujer que pidió no ser identificada por temor a represalias, y que además no puede costear los gastos que implica atender la afección gastrointestinal que sufre su hijo.

Las cifras recabadas por Una Ventana a la Libertad permiten determinar que no existen las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la salud y el acceso a servicios médicos para los privados de libertad, por lo que se sugiere a las autoridades gubernamentales tomar acciones al respecto.

Foto Cortesía: Joven detenido en Centro de Detención Preventiva de Guarenas en estado de desnutrición

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