Delta Amacuro: Salud mental de familiares de detenidos se desgasta en la búsqueda de dinero para cubrir necesidades dentro de los centros de detención

La detención de sus familiares ha causado diferentes padecimientos como insomnio, ansiedad y miedo en varias familias así como la angustia principalmente por  encontrar dinero para cubrir las necesidades de los privados de libertad

Equipo de UVAL Delta Amacuro

Múltiples preocupaciones son las que aquejan a los familiares de detenidos en los Centros de Detención Preventivos (CDP) en el estado Delta Amacuro, a través de un sondeo durante los días de visita en los dos CDP de la entidad identificados como Centro de Resguardo y Custodia Judicial Guasina y los calabozos ubicados en el Comando de la Policía del estado se pudo evidenciar que la principal preocupación de las familias es el pensamiento constante de cómo obtener más dinero que ayude a cubrir necesidades de los privados de libertad.

Buscar diariamente que comer, tener dinero para los pasajes y  pensar en si su hijo comió o no es la latente mortificación de Clara* quien desde hace varios años respira entre angustia, ansiedad, incertidumbre y miedo desde la detención de su hijo en el Centro de Resguardo y Custodia Judicial Guasina.

Clara* reside en un sector alejado de Guasina, por lo que debe tomar dos autobuses para trasladarse hasta allá y llevar comida, artículos de uso personal y de limpieza a su hijo “Muchas veces he tenido que irme caminando para poder llevarle el poquito de comida que consigo: una harinita, un arroz, granos y sardinas más de allí no puedo, yo he llorado comiéndome un pedazo de pollo o carne porque sé que mi hijo muchas veces no come”, detalló la mujer.

Al consultar con un jurista de amplia trayectoria en el área penal en el estado quien pidió que fuera resguardada su identidad por razones de seguridad dijo que aunque la responsabilidad penal es individual, “Pero no solo es ese individuo quien sufre las consecuencias de ese proceso jurídico, también lo hace su familia”.

 Agrega que “El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la manutención y la seguridad integral de todos los reclusos, pero cuando el Estado no cumple con los estándares y tratados internacionales sobre los Derechos Humanos, entonces recae sobre los familiares suplir esa labor que implica, llevarle comida al detenido para que no se mueran de hambre, llevar medicinas para garantizar el derecho a la salud y la incertidumbre de no saber qué va a pasar en esas celdas porque no hay clasificación de reclusos en función de edad, sexo y nivel de peligrosidad”.

Los familiares que se hacen cargo de estas situaciones se ven afectados considerablemente porque invierten tiempo y dinero, muchas veces carecen de este último ya que mayormente son familias que viven en pobreza extrema y al no tener como ayudar a los suyos les genera múltiples síntomas como estrés, insomnio y ansiedad.

Por otro lado, el equipo de UVAL, logró conversar con algunos familiares de los detenidos por motivos electorales en Delta Amacuro que fueron trasladados hasta el estado Aragua al penal de Tocorón, entre estas personas los síntomas son más agudos. Tal es el caso de la madre de uno de los jóvenes detenidos que asegura que diariamente vive “entre angustia, culpa y zozobra”, la señora quien no será identificada por petición de ella misma detalló que desde el traslado de su hijo hasta Tocorón ha bajado de peso, había dejado de fumar y ahora volvió a fumar y lo hace mucho más que antes. También dice que su apetito ha desaparecido.

 “Las condiciones en las que está mi hijo son terribles, me destroza el alma, yo no sé si pueda soportar todo este proceso”, dijo y aunque trató de esconder su angustia unas cuantas lagrimas la delataron.

Recientemente una investigación del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) en el Salvador, reveló el impacto psicológico en las familias que han denunciado detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, hallaron al menos  “27 diferentes tipos de impactos negativos generados en los grupos familiares” a nivel psicológico, dijo Jorge Rodríguez, coordinador del OUDH.

Asimismo, hallaron que hay mayor prevalencia de angustia, preocupación, tristeza, frustración y estrés. Sin embargo, también dentro de los casos estudiados se registraron conductas con “amenaza suicida” y “planeación suicida”. Indicó que a esto se suman impactos físicos como la pérdida del apetito, disminución del sueño y fatiga.

Rodríguez explicó que con la investigación lograron determinar que las familias de personas detenidas sufren al menos cinco vulneraciones a sus derechos humanos en este proceso.