Maturín.- Entre abril y mayo, unos 29 privados de libertad recluidos en el centro de detención preventivo de la Policía municipal de Maturín, al oeste de esta ciudad nororiental de Venezuela, fueron trasladados hasta otros centros de reclusión para bajar el hacinamiento de los cuatro calabozos con los que cuenta este organismo de seguridad.
Diagonal a las instalaciones de la Comunidad Penitenciaria Fénix de Barquisimeto estado Lara un grupo de al menos 15 mujeres familiares de privados de libertad denunciaron que desde este centro de reclusión realizan traslados hasta la cárcel de El Dorado en Bolívar sin autorizaciones de tribunales y como “represalia” o “castigo” por la muerte de dos custodios del Ministerio para el Servicio Penitenciario ocurridas en el motín del 17 de mayo de 2018.
Limpieza exhaustiva de los calabozos y atención médica primaria fue la jornada de “Humanización hacia los Privados de Libertad” que realizaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) junto a algunos reos y Médicos Integrales Comunitarios (MIC) en la Subdelegación Barquisimeto que se ubica en la Zona Industrial uno de la capital larense.
“La huelga de sangre se originó por una reasignación de los días de visita y los cuales los familiares de los jóvenes no se adaptaron o no se informaron, pero no se debió a una suspensión arbitraria” fue la aclaratoria que brindó la directora del Servicio de Atención Integral a la Niña, Niño y Adolescente (Saina), Anny Meléndez, órgano encargado de administrar y supervisar el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins ubicado en Barquisimeto capital del estado Lara sobre la reyerta que se registró el pasado domingo 3 de junio de 2018.
Este miércoles 6 de junio fuentes policiales reportaron, pasadas las 6:00 pm, que 14 presos que estaban detenidos en un módulo de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, se fugaron de ese centro de […]
En la Policía Municipal Andrés Bello ubicada en San José de Río Chico 16 reclusos que esperan por cupos de traslados para cárceles, comparten espacio con el “Comegente de Río Chico”, quien fue identificado como Luis Alfredo González Hernández, de 30 años de edad.
El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) de Nueva Esparta dictó ocho cursos con los cuales capacitó a 110 jóvenes privados de libertad en diferentes centros de reclusión de la entidad.
Seis varones menores de edad que se encuentran recluidos en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, mejor conocido como “Retén El Manzano” de la ciudad de Barquisimeto estado Lara resultaron heridos tras protagonizar una huelga de sangre en protesta por la suspensión de visitas programadas para el domingo 3 de junio y lunes 4 de junio. Los jóvenes fueron trasladados por funcionarios de la Policía regional hasta el hospital central Antonio Maria Pineda.
La audiencia preliminar del caso del diputado suplente a la Asamblea Nacional, Gilber Caro y de su compañera, Steyci Escalona, fue diferida este viernes 1º de junio, a solicitud de la defensa, informó el abogado Ramón Carmona, integrante del equipo, quien agregó que se trata de la décima cuarta vez que esto sucede.
Dos privados de libertad del Cicpc Subdelegación Barquisimeto, estado Lara, murieron tras registrarse un motín dentro del calabozo número uno. Según los registros del hospital central Antonio Maria Pineda, los reos fueron ingresados el jueves 31 de mayo de 2018 desmayados y extraoficialmente se conoció que las autoridades y médicos manejan como causa de muerte la intoxicación.
Tres nuevas celdas se agregaron al universo total de calabozos que existen en el estado Lara luego de que se inaugurara la subdelegación del Cicpc–Cabudare que se ubica en el municipio Palavecino. Con este nuevo
En el centro de detención preventiva (CDP), de la sub-delegación del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas (CICPC), sub-delegación de San Fernando de Apure, ubicado en los llanos venezolanos se efectuó este jueves 31 de mayo de 2018, el plan de abordaje y atención integral de privados de libertad por parte de los organismos judiciales donde ofrecieron apoyo integral a los reos.
La mañana de este jueves 31 de mayo se registró un motín en la Base 3 del Instituto Autónomo de Policía del estado Bolivariano de Nueva Esparta (Iapolebne), que dejó un saldo de nueve privados de libertad heridos.
Familiares de los reclusos confirmaron que los mismos fueron trasladados al Hospital de Salamanca, municipio Arismendi, para ser atendidos.
El Ministerio Público informó a través de una nota de prensa que acusó al subdirector de la Policía del estado Carabobo, comisionado José Luis Rodríguez Ramírez (49), y a otros cuatro funcionarios de ese organismo, por su presunta responsabilidad en la muerte de 66 hombres y 2 mujeres que pernoctaban en la comandancia general de dicho cuerpo policial, ubicada en Valencia.
Dos reos se fugaron la madrugada del pasado jueves del centro de detención preventiva de PoliCarirubana, en la península de Paraguaná del estado Falcón.
Sin embargo, no fue hasta el lunes 28 cuando el director del mencionado cuerpo, Jesús López Marcano, informó en rueda de prensa la novedad.
El director de Policarirubana, comisionado jefe Jesús López Marcano, reiteró su llamado al poder judicial, al Ministerio Público así como a las autoridades de la Comunidad Penitenciaria de Coro y la Secretaría de Orden Público de la Gobernación del estado Falcón, en torno a la “delicada situación por la cual atraviesa la policía municipal de” debido al hacinamiento en las celdas y la imposibilidad de suministrarles alimentos y medicamentos a los reclusos. Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de descongestionar estos espacios ya que la situación está incidiendo en la prestación del servicio a las comunidades toda vez que se deben usar más funcionarios para resguardar las instalaciones y evitar fugas.
La alta comisionada de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio del Servicio Penitenciario para la zona nororiental, Milka Olivero, informó que el plan diagnóstico que estaban adelantando en las bases policiales del estado Nueva Esparta, con miras a descongestionarlas y agilizar los procesos penales de los privados de libertad que se encuentran recluidos en estos centros, a través del Plan Cayapa, se encuentra paralizado por falta de apoyo institucional.
Velásquez estaba recluido por robo en un centro de detención preventiva ubicado en el municipio Arismendi de la entidad insular, que depende del Instituto Autónomo de Policía del estado (Iapolebne). El certificado de defunción lo hizo el doctor José Castro.
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