Las madres de los privados de libertad recluidos en los centros de detención preventiva del estado Apure revelan a Una Ventana a la Libertad (UVAL) que sacrifican la alimentación, así como la educación de todos los integrantes del núcleo familiar, a fin de garantizar la estadía de los detenidos en los CDP durante la crisis económica y la pandemia del COVID-19.
Los expertos en materia jurídica informan que los detenidos de origen extranjero se mantienen en las mismas celdas que los presos comunes, donde lamentablemente, son también víctimas de la misma realidad de los Centros de Detención Preventiva (CDP) existentes en el estado Apure, espacios inadecuados para la subsistencia, donde se reporta mala alimentación y servicios básicos deficientes.
En el estado Apure, durante lo que va del año 2020, no se han registrado protestas en los Centros de Detención Preventiva (CDP). Sin embargo, las condiciones de vida de los privados de libertad no están garantizadas en estos recintos, porque los detenidos carecen de espacios idóneos para subsistir. Ante ello, los privados de libertad en Apure, se ven obligados a someterse a las normas de los CDP, por miedo a traslados o castigos.
El Circuito Judicial Penal en el estado Apure concedió tres libertades plenas y 10 condicionales a reclusos de los Centros de Detención Preventiva de la entidad llanera, con la finalidad de descongestionar estos recintos, para evitar contagios por coronavirus y garantizar el debido proceso.
Los familiares de 96 privados de libertad recluidos en los centros de detención preventiva de Guasdualito, municipio Páez en el estado Apure exigen al gobierno realizar jornadas de desinfección y de despistaje de COVID-19 en estos recintos, con la finalidad de evitar contagios.
El Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal en el estado Apure a cargo del juez José Antonio Méndez Laprea, otorgó libertad condicional a 88 personas que se encontraban encarceladas por delitos menores en los Centros de Detención Preventiva (CDP) situados en los municipios San Fernando y Biruaca, con el fin de descongestionar los CDP en tiempos de pandemia y reactivar la justicia en la entidad llanera.
De manera extraoficial se conoció que el día viernes 19 de junio de este año murió de un infarto un privado de libertad de 55 años de edad perteneciente al Centro de Detención Preventiva (CDP) de la Policía del estado Apure, luego de más de 10 años de detención por violencia sexual.
La madre de Silvestre Ricardo Acosta Mendoza, quien se desempeñó como juez suplente de control del Circuito Judicial Penal en Guasdualito, municipio Páez en el estado Apure y quien fue detenido el día jueves 14 de mayo del 2020, junto al ciudadano Manuel Vidal, jefe del área del alguacilazgo, por el delito de presunta extorsión agravada, exige justicia porque su hijo es inocente.
En promedio la familia de un privado de libertad en el estado Apure debe gastar alrededor de 800.000 bolívares soberanos al día en alimentación, lo que representa 24.000.000 de bolívares al mes.
La noche de este miércoles 10 de junio de este año, murió electrocutado un funcionario de la guardia nacional en las instalaciones de los dormitorios del comando 351, situado entre las avenidas Primero de Mayo y Táchira en San Fernando de Apure donde también funciona un centro de detención preventiva donde se encuentran alrededor de 107 personas.
En el centro de detención preventiva (CDP), de la sub-delegación del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas (CICPC), sub-delegación de San Fernando de Apure, ubicado en los llanos venezolanos se efectuó este jueves 31 de mayo de 2018, el plan de abordaje y atención integral de privados de libertad por parte de los organismos judiciales donde ofrecieron apoyo integral a los reos.
150 privados de libertad pudieron ejercer su derecho al voto en el Internado Judicial de San Fernando donde desde este miércoles llegaron de la cárcel 26 de julio del estado Guárico y fueron trasladados del penal apureño al guariqueño por la intervención y desalojo de más de 500 reos el 17 de abril del año 2018. Por lo que, de 487 presos que fueron trasladados al estado Guárico. Tan sólo 150, realizaron su sufragio por estar inscritos en dicho centro de votación. Sin embargo los 21 reos que fueron trasladados al Internado Judicial de Barinas ninguno fueron trasladados al apureño para que votaran.
Este jueves 17 de mayo de 2018, se cumple un mes de la intervención, desalojo, traslados de más de 500 privados de libertad y cierre parcial del Internado Judicial de San Fernando de Apure por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. 487 presos fueron llevados a la cárcel 26 de julio del estado Guárico, 20 fueron transportados al Internado Judicial de Barinas. Cabe destacar, que otros 20 reclusos ubicados en PoliApure también fueron transferidos para el centro penitenciario guariqueño.
Luego de los dos días de fuerte presencia de fuerzas de seguridad en el Internado Judicial de San Fernando, que tuvo inicio este lunes 16 de abril desde a las 2 de la mañana hasta este martes 17 de abril pasado el mediodía, según fuentes extraoficiales, los reclusos decidieron entregarse de manera negociada ante la intervención del penal, que culminó con el desalojó y traslado de los 500 presos de la única cárcel que tiene el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en el estado Apure. Los presos serán enviados a la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico y Barinas.
Desde la madrugada de este lunes 16 de abril de 2018, se presentó una situación irregular en el Internado Judicial de San Fernando de Apure al sur de Venezuela, donde la Guardia Nacional Bolivariana y otras fuerzas de seguridad desplegaron funcionarios tanto en las adyacencias como a la entrada del penal. Según familiares pesentes en las afueras del Internado, dichos cuerpos de seguridad no pasaron dentro del centro de reclusión ya que fue tomado por los privados de libertad. Extraoficialmente se conoció de una posible intervención y traslado de reos, a la que supuestamente se han negado en primera instancia algunos líderes negativos de la cárcel. Pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades locales debido a su negativa de brindarle información a la prensa.
Una mujer fue detenida tras intentar ingresar droga a las instalaciones del centro de detención preventiva de la comandancia general de la policía del estado Apure, mejor conocida como Poli-Apure, en su sede en la ciudad de San Fernando, este domingo 08 de abril de 2018.
Los privados de libertad del centro de detención preventiva de la comandancia de policía regional del estado Apure, recibieron este domingo 25 de marzo de 2018, asistencia jurídica en la revisión de sus expedientes y a la vez evaluación médica-odontológica, nutricional, inmunológica, medición de glicemia capilar, presión arterial, desparasitantes, prevención de enfermedades de Transmisión Sexual. Además fueron vacunados contra Hepatitis A y B y Toxoides, entre otros.
Los centros de detención preventivos (CDP), en Venezuela son órganos encargados del orden público, teniendo como una de sus atribuciones las detenciones de las personas que se encuentran privadas de libertad ante la comisión de un hecho punible. Así como el resguardo de estas personas aprehendidas. El caso de Apure queda a cinco horas de Caracas y fronterizo con la República de Colombia, donde existen 21, (CDP), entre civiles y militares.
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