“En sus comunidades es normal matar, violar por eso chocan con la sociedad actual donde existen normas y penas por la comisión de estos delitos violatorios de las leyes venezolanas. Los indígenas fungen como una especie de recolectores de mercancía, si lo mandas a llevar algo, lo llevan hacia cualquier lugar a cambio de dinero, por eso se ven involucrados en casos de tráfico de drogas”, dijo una fuente anónima
Equipo de UVAL en Apure
Apure. De acuerdo a los reportes extraoficiales obtenidos por Una Ventana a la Libertad (UVAL), un total de 31 indígenas en Apure se mantienen detenidos en los Centros de Detención Preventiva del estado Apure de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC-APURE) y al menos 32 indígenas cumplen condena en las cárceles de los estados Guárico y Barinas.
Fuentes en materia judicial dieron cuenta que en el estado Apure que el 100% de los detenidos son hombres pertenecientes a las etnias, Jivi, Pumé y Cuiva y continúan apresados por la comisión de distintos delitos tipificados en el Código Penal Venezolano (CPV).
El artículo 134 de la Ley de Pueblos Indígenas reza que las decisiones tomadas por las autoridades indígenas legítimas sólo serán revisadas por la jurisdicción ordinaria cuando sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República.
El detenido con menor tiempo de reclusión en el estado Apure cumple menos de tres meses en la sede de la PNB en Biruaca, estado Apure, mientras que el detenido con mayor tiempo recluido en los CDP de la entidad llanera este año tiene cuatro años cumpliendo pena en los CDP de la entidad llanera.
El rango de edad de los indígenas con esta condición de reclusión, se sitúa entre 17 y 73 años, casi el 100% son analfabetas, solo uno es profesional universitario, es bionalista de profesión y está detenido en el Comando de la GNB en Mantecal, municipio José Cornelio Muñoz, por estar implicado en el caso sonado de Tierra Grata.
El caso lleva ese nombre porque el hecho se llevó a cabo en la finca del mismo nombre en el año 2018 cuando ingresaron a esta unidad de producción, un total de 20 miembros de la comunidad indígena “Los Manguitos”, con la intención de robar reses y descuartizarlas, pero fueron sorprendidos por los obreros, quienes asesinaron a tiros a uno de los indígenas presentes en la escena del crimen. Posteriormente, indignados ante este asesinato, los aborígenes vengaron la muerte de su compañero y mataron a tres trabajadores de la finca.
Se trató de Fernando José Ramón Colonia de 47 años, miembro de la comunidad “Los Manguitos” así como los tres trabajadores de nombre Williams Alcides Valor Duran de 36 años, Richard Rafael Mirabal García, (38) y Franklyn José Zuñiga Fernández, (22). Por este caso, un indígena se mantiene detenido en Mantecal, acusado de homicidio en grado de cómplice necesario y robo agravado.
La mayoría de los indígenas encarcelados en Apure no tienen abogado, son defendidos por los funcionarios de la Defensa Pública porque, los aborígenes, no tienen dinero suficiente para pagar honorarios profesionales a los estudiosos del derecho en la región llanera y además, las leyes los asisten en esta materia. A pesar que la Defensa Pública cuenta con un traductor, el 90% de los indígenas en condiciones de reclusión manejan el español para poder comunicarse.
El Artículo 138 relativo al derecho a la defensa de la Ley de Pueblos Indígenas en Venezuela define que, a los fines de garantizar el derecho a la defensa de los indígenas, se crea la Defensa Pública Indígena, dentro del sistema de Defensa Pública del Tribunal Supremo de Justicia para el nombramiento de defensores públicos de indígenas se exigirá que los mismos sean abogados y conozcan la cultura y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Los defensores públicos de indígenas son competentes para ejercer la representación y defensa de los indígenas en toda materia y ante toda instancia administrativa y judicial, nacional e internacional.
Condiciones de reclusión
En la actualidad, los indígenas en esta condición de reclusión no cuentan con un Centro de Detención exclusivo tal como lo establece el artículo 141 Numeral 3 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual establece que el Estado dispondrá en los establecimientos penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención.
En la actualidad, sufren hacinamiento, déficit en la alimentación y salud, revelan voceros gubernamentales, abogados y expertos en el tema al ser consultados para el boletín de UVAL.
Un indígena Jivi que habla español y no amerita traductor se encuentra privado de su libertad en el Comando 351 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en San Fernando de Apure, procedente del estado Amazonas detenido por tráfico de cinco kilos de cocaína, carece de posibilidades económicas para alimentarse, por lo cual sus compañeros de celda a pesar del hacinamiento, le prestan la ayuda necesaria en materia de alimentación. “Rara vez sus familiares han podido visitarlo porque son de Amazonas, por eso lo ayudamos en lo que podemos”, relató un detenido del 351 para Una Ventana a la Libertad.
Este CDP tiene malas condiciones, los detenidos aseguran que solo salen de las celdas durante los domingos, día de la visita. También sufren de hacinamiento, en una celda de 6×5 metros, están ubicados 28 presos, duermen uno al lado del otro, unos en chinchorros, otros en el piso o en el baño.
En el Centro de Detención de la GNB en Mantecal, municipio José Cornelio Muñoz, estado Apure se encuentran detenidos 26 indígenas por violación; homicidio calificado y robo agravado; tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en modalidad de transporte; acto carnal con victima especialmente vulnerable continuado; abuso sexual a niña con o sin penetración; violencia sexual en grado de tentativa; tráfico ilícito de sustancias estupefacientes agravado en la modalidad de ocultamiento y agavillamiento; violencia sexual; hurto calificado, continuado; abuso sexual agravado y continuado con victima especialmente vulnerable.
De los 26 reclusos, un total de seis están penados por los delitos de violación, homicidio calificado y robo agravado, hurto calificado, continuado y homicidio intencional simple.
Uno de los detenidos por violación en el municipio Muñoz tiene 72 años, sus abogados interpusieron un recurso de apelación y todavía no ha llegado. El otro tiene 39 años de edad.
Abogado penalista consultado para UVAL para esta investigación explica que los indígenas delinquen por falta de conocimientos y vulnerabilidad porque los compara con “Tarzán” porque su modus vivendi se enfoca en el salvajismo.
“En sus comunidades es normal matar, violar por eso chocan con la sociedad actual donde existen normas y penas por la comisión de estos delitos violatorios de las leyes venezolanas. Los indígenas fungen como una especie de recolectores de mercancía, si lo mandas a llevar algo, lo llevan hacia cualquier lugar a cambio de dinero, por eso se ven involucrados en casos de tráfico de drogas”, dijo una fuente anónima.
En la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también se encuentran detenidos varios indígenas, la mayoría de casos por tráfico de drogas, unos de la etnia Pumé y Cuiva. “Están muchas personas amontonadas, por qué no los sacan, porque no hacen unas celdas grandes. Solo hay tres celdas de presos, cada una tiene como 70 detenidos”, denuncian familiares.
También, una porción de los indígenas privados de libertad en Apure ha cometido robos en las fincas desocupadas en los municipios Pedro, Camejo, Rómulo Gallegos y José Cornelio Muñoz, ante la hambruna que padecen ante la desatención del Estado venezolano.
“En las fincas de Capanaparo los indígenas trabajan de la mano de la guerrilla colombiana para destruir la producción nacional y desalojar a los productores con amenaza. Los mismos guerrilleros se encargan de judicializar a los indígenas en esta área geográfica”, denuncia un vecino de la zona.
Fuentes ligadas al caso manifestaron que en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC-Apure) en San Fernando, capital del estado Apure y en la GNB del municipio Achaguas se encuentran privados de libertad tres indígenas, dos robo y hurto de ganado.
En este recinto carcelario las condiciones tampoco son óptimas, sufren hacinamiento, permanecen detenidos en celdas donde ubican presos comunes, el servicio de agua no está garantizado y las visitas se llevan a cabo cada 15 días, rechazan los familiares.
En el CDP de la GNB situado Achaguas, municipio Achaguas, estado Apure, según datos suministrados por fuentes del Ministerio Público es otro centro de reclusión en el cual se encuentra detenido un indígena por abigeato. También, en el retén de Menores, ubicado en la parroquia El Recreo, en San Fernando de Apure un indígena menor de edad (17 años) está recluido en este recinto por violación colectiva entre menores de edad registrada en la urbanización Ezequiel Zamora. Sobre su situación actual, UVAL no tuvo acceso a la información sobre este último caso.
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