El retraso procesal penal era evidente, no se contaba con los espacios necesarios para albergar a los privados de libertad ni para los traslados a los tribunales, en medio de esa realidad nació una propuesta avalada por la Unesco y que hasta la fecha ha permitido la resolución de al menos 40 conflictos en materia penal y civil.
La Oficina de Resolución de Conflictos entre Wayúus y Alijunas (extranjeros) está situada en la sede de la Policía Municipal de Guajira (Poliguajira), en Paraguaipoa, funciona desde febrero de 2023 y se centra en la figura del palabrero (mediador) para establecer un acuerdo entre las partes involucradas y llegar a una reparación o indemnización a la víctima o sus familiares.
Anteriormente, la costumbre ante los casos de robo de gallina, ganado, maltrato hacia la mujer o actos lascivos, violación, homicidio o accidente de tránsito era acudir a la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía regional, pero ahora se busca conciliar a las partes a través de la oficina, explica un vocero, quien pidió se le resguardara su identidad.
-¿Cómo funciona?
– Cada parte debe buscar al palabrero, este suele ser un tío materno; se hace seguimiento a las partes, se escuchan las propuestas y posteriormente se deja constancia de los acuerdos en un libro de acta.
El líder indígena explica que el funcionamiento de la oficina está avalado por el marco legal de Venezuela, a través de la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas; y por la Unesco, a través del Sistema Normativo de los pueblos Wayuu. El personal aún está en formación y asesoría por la Junta Mayor de Palabreros de Colombia.
“Se veía que el sistema funcionaba desde hace más de seis años, se veía a nuestros hermanos wayúus sufriendo y se dio el primer paso y todavía estamos en proceso de formación junto con las autoridades”, aclara el representante indígena, quien estima que la población privada de libertad en los municipios Mara y Guajira ronde los 200 detenidos.
“Aquí en Poliguajira solo tengo un detenido wayuu”, indica Alexander Beltrán, director de Poliguajira y uno de los que impulsa el funcionamiento de la Oficina de Resolución de Conflictos.
El comisionado aclara que en sus calabozos no hay hacinamiento y que la población penal la conforman, en su mayoría, personas de otros municipios de Zulia o regiones del interior del país que buscan escapar de la justicia a través de la frontera con Colombia.
En cuanto al funcionamiento de la oficina, Beltrán precisa que fue conformada para resolver conflictos menores entre los clanes Wayuu, pero en caso de presentarse un delito grave, el involucrado pasará a la orden del Ministerio Público y del tribunal competente.
La explicación se contradice con lo expuesto en la resolución de 2010 de la Unesco, en la cual se plantea que: “Incluso los crímenes más graves pueden ser objeto de compensaciones, que se ofrecen en el transcurso de ceremonias especiales a las que se invita a las familias en conflicto para restablecer la armonía social mediante la reconciliación”.
Un representante indígena asegura que la compensación es un acuerdo voluntario al que accede el agresor, pero si este se niega queda a disposición de los órganos legales competentes. “Lo agarramos in fraganti, se le notifica al personal de la oficina, se propone una solución pacífica, de no aceptar se entrega a la policía”.
Esta nueva forma de resolver asuntos judiciales que se vive en Paraguaipoa, zona del municipio Guajira que concentra al 80 por ciento de la población Wayúu, no se repite en el área metropolitana de Maracaibo, capital del estado Zulia, donde la ley del alijuna (extranjero o no wayúu) prevalece y todo el que cometa un delito termina en un calabozo preventivo.
En una consulta de Una Ventana a la Libertad a los responsables de 15 áreas de guardia y custodia del detenido, las autoridades indicaron no hay privados de libertad pertenecientes a ninguna de las cinco etnias indígenas de la región. Aunque es la etnia wayuu la más predominante, no se le considera de ningún clan a aquel descendiente de un hombre indígena, porque el linaje se transmite por la madre.
Violencia en el Palacio de Justicia
Los Yukpas fueron la segunda etnia que se enfrentó y presionó al sistema de justicia para evitar que tres de sus miembros quedaran privados de libertad en sedes policiales.
El conflicto con las autoridades inició luego de que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana les impidieran ejecutar un viaje desde el municipio Machiques de Perijá hacia Miraflores, en Caracas.
El enfrentamiento llevó a protestas, a cierre de vías, toma de destacamentos militares y policiales y finalmente al asalto del Palacio de Justicia en Maracaibo para exigir la liberación de los tres yukpas detenidos durante un procedimiento de la PNB en el Puente Rafael Urdaneta, en el municipio San Francisco, en un cierre de vial por parte de la etnia.
A los detenidos, Zenaida Romero, Alfonso Romero y Francisco Romero, les imputaron los delitos de obstrucción de la vía pública, agavillamiento y resistencia a la autoridad. Sus familiares se mantuvieron afuera del Palacio de Justicia hasta que terminó la audiencia, al no liberarlos, irrumpieron con flechas a la sede judicial.
Finalmente, a las 4:30 de la tarde del 28 de junio de 2023, los indígenas fueron entregados a los caciques luego de dos semanas en prisión.
Tanto los wayúus como los yukpas han dejado en evidencia que al sistema judicial venezolano aún le falta formación, además de adaptar los ordenamientos jurídicos a las normas y principios ancestrales de cada etnia, según lo establece la Lopci y la constitución. Aunque hay que resaltar el gran esfuerzo que han hecho para incorporar traductores y defensores indígenas en las sedes judiciales de Maracaibo.
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