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Zulia: Familiares recurren a la caridad y se aferran a los bonos del gobierno para llevar provisiones a los calabozos policiales

La piel de su cara, brazos, cuello y piernas luce enrojecida. Su regordete cuerpo apenas puede moverse. La anciana, de 60 años, lleva, sin embargo, en su espalda al menos 15 kilos en un morral, mientras que con sus robustos brazos resguarda dos botellones de agua filtrada y hervida, cada uno de cinco litros. Camina hacia la sede del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Altos del Sol Amado, al sur-oeste de Maracaibo. Su travesía empezó a las 5.00 de la mañana y lo que más le angustia a la abuela Sandra es no saber si su cargamento de provisiones llegará completo a su hijo.
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Es más el gasto que el ingreso de familiares de privados de libertad en la ciudad de Puerto Ayacucho

En cualquier estado de Venezuela, tener algún familiar privado de libertad representa una situación difícil tanto para el detenido como para sus familiares. En momentos de crisis económica, más la cuarentena debido al Covid-19, la situación se agudiza aún más. En el estado Amazonas, específicamente en la ciudad de Puerto Ayacucho, familiares tienen que lidiar con situaciones como: retardo procesal, aumento de los alimentos y del transporte público, escases de combustible, poco contacto con el familiar detenido, son algunas de las adversidades que presentan, además de los pocos recursos económicos.
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