viernes, 28 de octubre de 2016
ONU degradó a la Defensoría del Pueblo
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI, por sus siglas en inglés), anunció este 26 de octubre que degradó a la Defensoría del Pueblo, responsable de velar por las garantías fundamentales de los venezolanos de la categoría “A”, que tenía desde el año 2002, hasta la “B”. Esta decisión pone en entredicho su independencia y limita su derecho a voz en todas las instancias de las Naciones Unidas. Como consecuencia el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, no podrá participar en el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos que se realizará en Ginebra el próximo 01 de noviembre como miembro activo sino como observador.
Ganhri es una organización que coopera con Naciones Unidas y está constituida por las instituciones nacionales de derechos humanos de los países miembros de la ONU. Cada cinco años examina el desempeño de cada una, para verificar su efectiva independencia en los términos establecidos en los Principios de París.
La evaluación extraordinaria de la Defensoría comenzó en 2013, cuando el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, Acción Solidaria y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunciaron que el organismo, a cargo de Gabriela Ramírez estaba alineado con el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y que no defendía los derechos de los ciudadanos.
El Subcomité de Acreditaciones en 2014 inició un proceso de revisión. En marzo de 2015, fecha para la cual Tarek William Saab tenía dos meses al frente del organismo, el subcomité recomendó la degradación a categoría B y le concedió un plazo de un año para que corrigiera las actuaciones y omisiones de Ramírez. Se exigió hablar “alto y claro” sobre situaciones que causaron preocupación internacional.
El subcomité observó que el órgano del Poder Moral no hizo declaración alguna sobre cuestiones críticas de derechos humanos en el país, tales como: juicios de civiles en tribunales militares, juicios penales de líderes sindicales por ejercer su derecho constitucional de huelga y protesta, amenazas del presidente Nicolás Maduro de invocar procedimientos penales contra líderes sindicales, la retirada de Venezuela de la Convención Americana sobre DDHH, el incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana en nombre de víctimas de violaciones de los DDHH en Venezuela, la detención de la juez María Lourdes Afiuni y Leopoldo López, las condiciones de detención de Lorent Saleh y Gabriel Valles entre otros, la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de febrero de 2014, en la que instó al Gobierno de Venezuela a velar por el respeto de la libertad de expresión y de reunión pacífica y garantizar que los agentes del orden público actuaran de forma acorde con las normas internacionales, declaración que estaba en sintonía con la que había realizado el Secretario General unos días antes.
La decisión sobre la Defensoría del Pueblo de Venezuela fue divulgada, después de un controvertido proceso, pues tanto William Saab como su predecesora en el cargo, Gabriela Ramírez, habían negado que la Defensoría del Pueblo estuviese al servicio del gobierno y no de los venezolanos.
Esta sanción obliga automáticamente a la representación diplomática venezolana a retirarse de su puesto en el consejo y deja en pleno manifiesto que las instituciones del Estado venezolano, dedicadas a la Promoción y Protección de los DDHH, carecen de pluralidad e independencia.
Desde Una Ventana a la Libertad desde hace varios años hemos venido denunciando la falta de atención de la Defensoría del Pueblo antes las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país, esta degradación es una consecuencia de la indiferencia de esta institución del Estado con su función principal de velar por el respeto de los derechos humanos de la población en general y no de una parcialidad política.
Nota de PrensaUna Ventana a la Libertad
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