En Valencia y otros municipios del estado Carabobo, las denuncias sobre hacinamiento y violación de los derechos humanos de los privados de libertad en los Centros de Detención Preventivos, efectuadas por Organizaciones No Gubernamentales, abogados, concejales y defensores de derechos humanos, han tenido un cierto impacto en las medidas tomadas por autoridades policiales y del gobierno para mejorar la situación.
La más significativa fue el traslado masivo que efectuó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y distintos organismos policiales, conjuntamente, a fines de 2017.
En esa oportunidad llevaron presos desde diferentes comandos al Internado Judicial de Carabobo y esto permitió descongestionar un poco algunos centros de detención preventiva.
Solamente desde diversos comandos de la Policía de Carabobo fueron trasladados a diversos internados judiciales unos 320 detenidos en el último trimestre de 2017, informaron autoridades del cuerpo policial.
Sin embargo, de acuerdo al testimonio de familiares aún falta mucho camino por recorrer respecto al respeto de los derechos humanos de los detenidos.
Coinciden en señalar que hay elementos que se repiten en los calabozos de diversos cuerpos policiales en Carabobo, como la falta de espacio físico para los presos lo que se traduce en hacinamiento; desnutrición de muchos de ellos porque no reciben alimentos si no se los llevan sus familiares; falta de atención médica que favorece la aparición de enfermedades; poca asistencia jurídica, entre otras situaciones.
“Quisiera que mi familiar preso aquí en la Comandancia de la Policía de Carabobo sea mejor atendido, es decir, él es un ser humano al que le acusan de unos supuestos delitos pero no los ha cometido. Duermen en el piso, no tiene comida a menos que nosotros se la traigamos”, indicó Inés López que llevaba una bolsa con el almuerzo para su pariente en la sede de PoliCarabobo en la calle Navas Spinola, en Valencia.
La aplicación del traslado masivo en la sede de PoliCarabobo, permitió que la movilización de detenidos al Penal de Tocuyito descongestionara algunas áreas como pasillos y espacios comunes en ese centro de detención preventiva.
Similar situación ocurrió en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Plaza de Toros, al sur de Valencia, explicaron fuentes del organismo.
También en estos últimos meses concluyeron los trabajos de ampliación y refacción de calabozos en la sede de la Policía Municipal de San Diego, confirmó el alcalde León Jurado.
Dijo que ahora cuentan con cinco calabozos que albergan a nueve presos cada uno.
Relaciones complejas
A decir de varios consultados, las relaciones entre detenidos y policías continúa siendo complicada porque muchas veces los uniformados demuestran su poder con vejaciones y diferentes tipos de maltratos que incluyen insultos y castigos, así como cobros por realizar las labores rutinarias tal como entregarles la comida que les llevan familiares a los presos.
“Hay que pagar por casi todo. Si uno tiene dinero o lo consigue, ellos adentro pueden estar mejor”, afirmó la madre de un detenido en la Policía de Carabobo en Navas Spinola.
“Yo pido que a mi hijo lo trasladen al Penal de Tocuyito, como ocurrió con otros, porque allá pueden estudiar y además pareciera que es más rápido que lo lleven a tribunales y así pueda demostrar su inocencia”, agregó la mujer que prefirió el anonimato.
Apoyos limitados
El concejal de Valencia, José Bucete, que preside la Comisión Permanente de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, explicó que ha evidenciado que en la sede de la Policía Municipal de Valencia han permitido la participación a los defensores de derechos humanos y grupos religiosos que hacen labor social, lo que no ocurre en los comandos de la Policía de Carabobo.
“En Navas Spinola hay una política donde prácticamente no le permiten entrar a quienes dan apoyo a los detenidos ni a sus familiares. Sin embargo entiendo que ha habido algunas iglesias cristianas que han hecho un trabajo, inclusive en las estaciones policiales de PoliCarabobo, como El Trigal y Guaparo, hay iglesias que han llevado donativos a los detenidos. Prestan ayuda a los familiares pero sobre todo es apoyo psicológico y acompañamiento”, refirió Bucete.
Relató que en la Comandancia de la Policía Municipal de Valencia han sido más flexibles con este tipo de apoyo. “Una vez a la semana presta colaboración la iglesia Maranatha que va hasta allá y cortan el cabello a los presos y les llevan panes para que coman”.
De igual manera, indicó que en general es poca la ayuda que reciben los familiares de detenidos en los comandos policiales. “La antigua defensora del Pueblo de Carabobo, Ixolanda Gámez, que ahora es Fiscal Superior. Ella hacía visitas casi quincenales al comando PoliValencia de Plaza Bolívar, para constatar el estado de los detenidos”.
Tibisay Romero. UVL
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