Audiencia preliminar fijada para el 06 de septiembre para los cinco oficiales presos por la tragedia de Policarabobo. Según la cifra oficial, en ese hecho murieron 68 personas, 66 presos y dos mujeres de visitas.
Ruben Bolívar, UVL Carabobo
La abogada Lyli López, directora general nacional de la Fundación Prodefensa de los Derechos Humanos, Libertad, Justicia y Orden y representante del Comité de Víctimas de La Justicia y la Verdad de la Tragedia de Nava Espinola (Policía de Carabobo); dio la información al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL).
López sostuvo, que en esta oportunidad la Fundación Prodefensa participará como ente querellante en este caso que ocurrió el 28 de marzo de 2018 en la Comandancia General de la Policía de Carabobo.
Manifestó López, que recibió con beneplácito el llamado que recibieron de la Fiscalía 35° del Ministerio Público el miércoles 28 de agosto de 2019.
La representante del Comité de Víctimas de La Justicia y la Verdad de la Tragedia de Nava Spinola, agregó que el MP como órgano rector del proceso, los hizo parte del proceso penal.
Después de transcurrir más de un año fueron llamados por la fiscalía, debido a que revisaron que no habían notificado a las victimas indirectas y que “el único escrito presentado era el nuestro, donde se nos informó que para el 28 de Agosto, estaba fijada en el Palacio de Justicia de Valencia, la audiencia preliminar para los presuntos responsables de la tragedia; pero ésta se difirió por auto separado, porque hubo un impasse entre Juez y el Secretario de la Sala.
De esta manera, la audiencia preliminar de los cinco funcionarios de la Policía de Carabobo, presuntos responsables de la tragedia, fue fijada nuevamente por el Tribunal Cuarto de Control para las 9:00 de la mañana del 06 de septiembre de este año.
La profesional del derecho aseveró, que obviamente iban a pedir el diferimiento por cuanto no habían tenido acceso al expediente y nunca habían sido notificados por el tribunal.
Además subrayó, que se estaba vulnerando el artículo 26 de la Constitución por cuanto las victimas indirectas no han contado con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, el tribunal incumplió con esa obligación.
Asimismo, solicitó al Tribunal en Funciones de Control 4, a cargo del abogado Antonio José Sierra Pinto, le expida las copias de las actuaciones que le solicito. El propósito es presentar una acusación como lo consagra los artículos 122 numeral 5 y 123 del COPP.
“Hasta que no tenga copia de las actuaciones no podemos presentar acusación particular propia contra los imputados, porque desconozco el contenido de las actuaciones y de la acusación” en caso contrario estaría viciado el proceso por vulnerar garantías constitucionales.
La representante del Comité de Víctimas de La Justicia y la Verdad de la Tragedia de Nava Spinola, adujo, que aún falta por determinar responsabilidades eventuales de los funcionarios que no se investigaron desde un primer momento y no están imputados.
“Aquí se peca por acción o por omisión”.
Explicó, que la Defensoría del Pueblo también se puede constituir en querellante. “Le pedimos al Defensor del Pueblo presente querella en este caso tan grave y tan lamentable para el Estado venezolano”. Nosotros también presentamos denuncias allí en ese órgano del poder ciudadano, hace 1 año sin recibir respuesta de lo peticionado.
El sistema de justicia, el Ministerio Público y el Tribunal están a tiempo, para que el Estado de derecho cumpla su fin, obtener justicia en este grave caso. Los cargos son pasajeros, el Estado permanece, los gobiernos pasan.
De conformidad con el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Y las violaciones de los DDHH no prescriben, recordó López.
En cuanto al Gobernador de Carabobo dijo, que éste solicitó al Fiscal General una investigación de esta tragedia tan lamentable bajo su gestión, por lo que debería ser el primer interesado en que definitivamente se demuestren las responsabilidades determinantes en esta tragedia tan grave.
Una de las irregularidades que se observó en la tragedia de la Policía de Carabobo, fueron las dos mujeres que estaban de visita en el centro de detención preventivo; y que también fallecieron y los 2 cuerpos que aún no aparecen.
Esta lamentable tragedia se pudo evitar, con el simple hecho de abrir las rejas de los calabozos a tiempo. Lo importante es que se salvaran las vidas y de conformidad con el artículo 43 de la CRBV, el derecho a la vida es inviolable, es obligación del estado proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad.
“No se puede sacrificar la justicia porque seis o siete funcionarios, que bajo el ejercicio de sus funciones, tienen responsabilidad determinante en esa tragedia grave a los DDHH que se suscitó en el Comando General de la Policía del Estado Carabobo”.
Cabe señalar, que el Ministerio Público acusó al subdirector de la Policía del estado Carabobo, Comisionado José Luis Rodríguez Ramírez, de 49 años de edad.
Además, acusaron al Supervisor jefe Aníbal Padrón Pacheco, de 50 años; al oficial jefe José Carrera Loaiza, de 46; a los oficiales Sergio Rodríguez Rodríguez, de 22 y José Colina Palencia, de 34 años.
Amenazas para activistas y familiares
La abogada Lyli López agregó, que hay víctimas indirectas que han recibido amenazas. “También me han amenazado a través de llamadas telefónicas y en las redes sociales”.
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