“En los casos de Marller González, Walter Mayorga, sometidos a detención arbitraria, se mantienen el retardo procesal impidiéndoles el acceso a una justicia imparcial y eficaz”, señaló el Observatorio de DDHH de la ULA, encargado de la defensa de los jóvenes privados de libertad
Elvis Rivas
Una vez más y por sexta vez en un mes fue diferida la audiencia de juicio final de dos jóvenes acusados del asesinato del guardia nacional Miguel Antonio Parra, quien falleció de un disparo durante las protestas ciudadanas acaecidas en el año 2014 en la ciudad de Mérida.
González y Mayorga, permanecen privados de libertad desde el año 2016, cuando fueron detenidos por su presunta participación en la muerte del efectivo militar. Sin embargo, abogados del Observatorio de DD.HH. de la Universidad de Los Andes, ente encargado de la defensa de los dos jóvenes asegura que no existen pruebas que los responsabilice del delito que se les acusa. “Walter Mayorga y Marller González deben ser liberados, han sido privados de su libertad durante casi 6 años sin pruebas en su contra.
Mantenerlos detenidos constituye una violación del Memorándum de Entendimiento con la @IntCrimCourt firmado en Caracas el #03Noviembre de 2021″ señaló el @ulaDDHH en su cuenta de Twitter luego del diferimiento de la audiencia.
Señalaron que la juez provisoria Lucy Teran difierió nuevamente y de forma injustificada la audiencia de juicio final, extendiendo así la detención arbitraria de Marller González y Walter Mayorga, quienes aseguran, “se han enfrentado no solo a acusaciones infundadas sino a jueces y fiscales subordinados e ineficientes”.
Presos políticos
El Observatorio de DD.HH. de la ULA califica de “presos políticos” a los jóvenes que aseguran, fueron incriminados sin pruebas que demuestren su participación en los hechos. “Por motivaciones políticas y sólo por protestar contra el régimen de Maduro, Marller y Walter permanecen detenidos por 6 años sin prueba alguna que los incrimine”, señalan en la red social Twitter, razón por la cual exigen su liberación inmediata, dado que “sometidos a detención arbitraria, se mantienen el retardo procesal impidiéndoles el acceso a una justicia imparcial y eficaz”.
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