Equipo UVL Vargas
La Guaira.- Familiares de privados de libertad denuncian el cobro en dólares, con conocimiento de los jueces, para lograr beneficios procesales en los casos que se llevan adelante en el Circuito Judicial Penal de Vargas, ubicado en el sector El Playón en Macuto.
“Aquí todo tiene tarifa. Desde un traslado, hasta el reconocimiento de los beneficios procesales que le corresponden a los presos por ley. Uno está indefenso. Pone la denuncia ante el Juez Rector y no pasa nada. Nos piden pagos en dólares”, señala la madre de un privado de libertad que conversó con Una Ventana a la Libertad, pero que no quiso ser identificada por temor a represalias.
Por lo menos cinco expedientes, de casos similares, fueron presentados a Una Ventana a la Libertad, donde se evidencia el retraso en la aplicación de medidas cautelares o de traslados que solicita la fiscalía o la defensa. Los familiares aseguran que les han solicitado desde 500 hasta 3.000 dólares para realizar la diligencia judicial.
Varios de estos denunciantes, aseguraron que han llevado su caso ante la Inspectoría General de Tribunales, que preside la abogada Gladys Requena, para que se abran expedientes a los jueces que incumplen con su función.
“Para muchos es difícil hacer la denuncia, porque si nuestros familiares están aún detenidos, sabemos que ellos van a pagar las consecuencias. Es por ello que le hacemos un llamado a la doctora Gladys Requena, Inspectora de Tribunales y a la diputada María Gabriela Vega, quien preside la Comisión para la Revolución Judicial en La Guaira, para que se aboquen en conocer estos casos, que necesitan resolución urgente”, agregó otro familiar de una privada de libertad, cuyo caso es llevado por el Tribunal Penal Segundo en funciones de Ejecución, que se encuentra actualmente recluida en el INOF en espera de sentencia.
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