En el caso del área de la Gran Caracas antes de hablar con las esposas y madres de los presos y de dictarles dos talleres de formación en derechos humanos para familiares de privados de libertad por parte de los miembros de UVL los días 18 y 31 de agosto de 2017, estas personas desconocían que el Estado es el encargado de garantizarles la vida, el acceso a la salud y alimentos a sus presos.
Después de seis meses en las celdas de los calabozos de la Policía Municipal de Los Salias continúan pegadas unas calcomanías con logos y coordenadas de Una Ventana a la Libertad, lo que ha permitido recibir denuncias de los reclusos y de sus parientes.
Impactos en las relaciones
Durante el monitoreo a la situación de las condiciones de reclusión de los presos detenidos en centros de detención preventiva se ha confirmado que los representantes de los comandos policiales han realizado esfuerzos para tener contacto con el sistema de justicia y con directivos del Ministerio de Servicio Penitenciario, lo que ha dado pie que en algunas sedes policiales se haya realizado jornadas especiales y cayapas judiciales, para agilizar los traslados a centros penitenciarios.
Sin embargo, en entrevistas con parte de la población reclusa y con familiares de los privados de libertad, después de más de un año las denuncias de tratos crueles y violaciones de derechos humanos por parte de los funcionarios policiales, aún son una constante.
En algunas sedes policiales, como por ejemplo el comando de la Policía Nacional Bolivariana ubicado en Boleíta, las esposas y madres de los presos denuncian que deben pagarle vacunas a los funcionarios policiales para pasarles alimentos, ropa e insumos a sus parientes.
En cuanto a la relación policías – presos, los mismos funcionarios han explicado que sienten presión por estar encargados de la custodia de los privados de libertad, pues temen que si se registran fugas las autoridades tomen acciones en su contra e, incluso, los priven de su libertad.
Los familiares de los reclusos que han sido consultados han manifestado que los funcionarios no tienen un trato cordial con ellos. Por otra parte, los parientes de los privados de libertad han expresado su descontento con el poco tiempo que tienen para visitar a sus familiares. Por lo general, en los calabozos policiales solo permiten una visita a la semana que no supera los 15 minutos.
La relación policía – ciudadanía requiere de una mejor comunicación, pues algunos vecinos y trabajadores que están en las inmediaciones de coordinaciones policiales aún sienten temor de tener a presos como vecinos, así como también de los procedimientos especiales que se activan en sus zonas cuando se registran fugas.
Reclusos se han beneficiado con iniciativas públicas y privadas
En las sedes de la Policía Nacional Bolivariana ubicadas en el Distrito Capital los privados de libertad se han beneficiado con jornadas de alimentación y recreación organizadas por funcionarios de ese cuerpo policial junto con la iglesia evangélica Plan Amor. Una de las actividades más recientes se llevó a cabo en el comando de la PNB, ubicado en La Yaguara, el 21 de diciembre de 2017 con una entrega de juguetes a los privados de libertad que tienen hijos, con un almuerzo navideño y también con la exhibición de piezas teatrales. Esa misma jornada también se repitió en los días posteriores en los comandos policiales de la Policía Nacional ubicados en El Valle y en la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana en Boleíta.
En la Policía Municipal de Chacao (Polichacao) los presos también han recibido colaboración de una iglesia evangélica y de la fundación policial evangélica conocida como Cristopol. Ambas instituciones les han llevado alimentos y también han realizado jornadas de cortes de cabello para los presos. Un funcionario de ese cuerpo de seguridad informó que durante 2017 la empresa Herbalife donó varias merengadas para que los reclusos se alimentaran con batidos que contienen carbohidratos, azúcares, calcio y proteínas.
Los presos detenidos en la Policía Municipal de Sucre también han sido beneficiarios de jornadas médicas y de alimentación organizadas por la alcaldía de ese municipio del estado Miranda, así como también por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y el Ministerio de Servicio Penitenciario.
Un funcionario de Polisucre explicó que han sido visitados por equipos multidisciplinarios del Ministerio de Servicio Penitenciario y que, pese a que allí se ha aplicado el Plan Cayapa, el programa no es suficiente para eliminar el hacinamiento en ese centro de detención preventiva. “Mientras el Ministerio de Servicio Penitenciario realiza 60 traslados, nosotros en una semana podemos detener a 40 personas en diversos operativos. Estos planes han ayudado, sin duda. Pero son esporádicos y debido a la situación social, que es una condición multifactorial, se requiere mayor compromiso del Estado”, manifiesta el uniformado.
Sin embargo, en la Policía Municipal de Carrizal en el estado Miranda, las autoridades a cargo de ese comando policial dijeron que los presos no han recibido ningún tipo de ayuda, solo visitas de cristianos que piden tener acceso para rezar junto con los reclusos. “Aquí aunque fuimos intervenidos en 2017, no hemos recibido ayuda gubernamental, ni traslados masivos. Tenemos penados con más de dos años que no han sido enviados a cárceles”, enfatizó una fuente policial.
Pese a que en la mayoría de los centros de detención preventiva se reciben ayudas de manera periódica por parte de iglesias, organizaciones y algunas instancias del Estado, familiares de presos detenidos en la Policía Municipal de Los Salias denunciaron que cuando se registran intentos de fuga los funcionarios policiales les eliminan las dos visitas semanales que hacen representantes de una iglesia para suministrarles alimentos.
Esfuerzos han surtido efecto, pero no es suficiente
El concejal del municipio Los Salias y coordinador de la red de derechos humanos de Los Salias, Héctor Medina, asegura que los esfuerzos que han realizado organizaciones como Una Ventana a la Libertad, la institución que representa así como también los entes gubernamentales, han surtido efecto en los centros de detención preventiva. Pero a su juicio no es suficiente.
La comisión que integra Medina ha focalizado sus proyectos en la Policía Municipal de Los Salias con visitas trimestrales en las que también realizan jornadas de limpieza: “Allí realizamos operativos de alimentación, asesoría jurídica, y entregas de medicamentos con previo récipe médico. Cuando hemos entrevistado a los presos y hemos establecido contacto con los funcionarios policiales se ha comprobado que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Servicio Penitenciario han realizado visitas en esa sede policial.
El concejal Héctor Medina considera que la frecuencia de estas visitas por parte de las instituciones del Estado debe ser más frecuente: “Sigamos haciendo el trabajo en centros de detención preventiva como el de Polisalias. Hemos comprobado que sí hay voluntad por parte de los funcionarios de ese cuerpo policial por colaborar. Sin embargo, no cuentan con los recursos y con el personal indispensable para atender las emergencias que se registran en estos calabozos policiales. Se exhorta al Ministerio de Servicio Penitenciario a realizar los traslados correspondientes a tiempo, pues el retardo procesal afecta a los privados de libertad que nos han manifestado que quieren sus traslados a cárceles para cumplir con sus redenciones”, precisó el concejal.
Medina agregó que el Plan Cayapa aplicado por el Ministerio de Servicio Penitenciario tampoco ha sido suficiente en la sede de Polisalias: “Por lo general otorgan entre uno y dos cupos de traslados y siempre que vamos de visita a la policía se mantiene el mismo promedio de reclusos detenidos, que es de 25 en dos calabozos que tienen capacidad para albergar a un máximo de 10 reclusos”.
El concejal coordinador de la red de derechos humanos de Los Salias también refirió que hace falta voluntad política para humanizar la vida en los calabozos policiales: “El retardo procesal sigue siendo un problema para los centros de detención preventiva. A veces los tribunales no están constituidos y cuando se trasladan a los presos, no hay jueces en los tribunales”.
Angélica Lugo / UVL Caracas
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