“Más de 300 entre procesados y penados están cumpliendo prevención o condena definitiva en esos centros y eso no es lo legal”, señaló el mandatario regional.
Equipo UVL – Mérida – 05/09/2018
El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara denunció hacinamiento en los retenes policiales de las poblaciones de Mérida, Ejido, El Vigía, Lagunillas, Tovar y Bailadores, donde aseveró, se encuentra la mayor concentración, no solo de procesados, sino también de penados, que no justifica estén cumpliendo condena en los Centros de Detención Preventiva, CDP.
Estima necesario aunar esfuerzos para corregir esta situación que afecta a más de 370 personas recluidas en todos los centros ubicados en las comandancias de policía del estado, que dijo deben ser de permanencia temporal. “Eso es lo que hay que depurar, buscar una coordinación entre el ente policial, el juez rector en materia del circuito penal correspondiente y en Mérida solamente hay dos circuitos que es el de Mérida y el de El Vigía, y es cuestión de hablar y buscar alternativas”, señaló el gobernador, quien además exhortó a la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela a que visite los CDP en la entidad para que constate la situación de hacinamiento en la que conviven procesados y condenados.
“Más de 300 entre procesados y penados están cumpliendo prevención o condena definitiva en esos centros y eso no es ni lo legal, ni lo humano y es atentatorio incluso, así estén penados, se les están violentando los derechos humanos a en estos momentos están cumpliendo condena en esos centros policiales a lo largo y ancho del estado”.
Además, estima necesario que el Ministerio de Interior Justicia y Paz cese la intervención a la policía estadal ordenada desde finales del año pasado. “Eso no tiene nada que ver con materia de seguridad de ningún tipo, porque la seguridad es la que está en la calle (…) es distinto al hacinamiento que estamos viviendo aproximadamente como en ocho centros reclusorios que son de prevención policial y no mantenerlos allí cumpliendo condena”.
Esta situación obliga a las autoridades a destinar sus funcionarios policiales para dar custodia a los CDP, los cuales deberían estar en las comunidades velando por la seguridad y del delito en las comunidades.
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