Equipo UVL Yaracuy – César Antonio Montes
Yajaira tiene un hijo y un yerno preso, ambos permanecen recluidos en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de San Felipe, los vinculan a una extorsión que terminó con un homicidio y ambos hombres son los principales sospechosos. La mujer alega que sus familiares no tienen responsabilidad penal en ambos sucesos, pero aun así son ellos los detenidos, asegura que tanto su hija como ella, aunque están libres y no tienen nada que ver con el hecho, se sienten presas, pero tras los barrotes del infortunio, el miedo y la desesperación desde aquella madrugada del 16 de agosto en que este par de hombres fueron puestos bajo custodia de la Policía.
Ellas alegan que jamás habían vivido algo así y aunque ya van para dos años en esta situación dicen no acostumbrarse a ello. Indican haber pasado por muchas humillaciones en este periplo y también sostienen que el trato degradante que reciben en ocasiones no tiene comparación alguna, aun así afirman que eso es nada comparado con lo que viven los internos de los calabozos policiales de Yaracuy y Venezuela.
Cuentan que el padecer de sus familiares es enorme, la hija de Yajaira afirma que su esposo ha perdido mucho peso y su hermano está enfermo, aunque no han sido examinados por médicos especialistas en años, ella sostiene que en el caso del marido cuando entró pesaba casi 100 kilos, hoy está muy flaco, de su hermano le preocupa que desarrolló unos hongos en los pies que crecen con el pasar de los días. De manera informal ha solicitado asesoría médica y ya le han llevado un tratamiento que poco parece hacer efecto debido a las insalubres condiciones en las que viven los más de 200 presos que allí cohabitan.
Crisis profunda
La experiencia de ambas mujeres es solo una muestra de que el sistema carcelario y de detención preventiva del país no ha sido reivindicado y que aun así la población privada de libertad, sus familiares y allegados padecen un sinfín de situaciones que atenta contra los derechos de toda índole e incluso con lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Abogados penalistas que ejercen en Yaracuy que no quisieron ser identificados para esta entrevista alegan que ciertamente el sistema de justicia de la entidad, como el nacional, se quedó corto y es insuficiente, por ello coinciden que el retardo procesal y el incumplimiento de los Derechos Humanos son la constante para quienes están detenidos.
Ese ahogo o necesidad de exigir respeto a sus condiciones fue lo que empujó a presos de Yaracuy y de toda Venezuela a alzar su voz de protesta el pasado domingo 9 y encender una jornada nacional de protesta carcelaria que se extendió por al menos cinco días, en el caso de Yaracuy fueron seis centros de detención preventiva de diversos municipios de la región yaracuyana que se unieron a la protesta que se hizo presente en al menos 19 estados de la nación venezolana.
En todos los centros el clamor era el mismo: agilización de causas, otorgamiento de beneficios procesales, atención sanitaria y respeto a sus derechos humanos.
Los presos que están en la Comandancia General de la Policía así como los centros de coordinación policial de Albarico y Marín en San Felipe y Comisaría de Nirgua de la Policía regional así como la sede de la DIP de la Policía Nacional Bolivariana de San Felipe y la Delegación Municipal del CICPC de Yaritagua en Peña se juntaron a la protesta nacional, fueron casi 400 internos de Yaracuy quienes desde los calabozos y con una inanición prolongada protestaban mientras afuera de los recintos algunos familiares también ejercían presión.
Otros familiares que también se unieron a la protesta fueron los de procesados que aunque son de Yaracuy y sus causas están asentadas en el Circuito Judicial de la capital yaracuyana, circunstancialmente están en otras cárceles del país debido a que el Internado Judicial de San Felipe conocido como “La Cuarta” fue desalojado en noviembre de 2023 y los casi 700 presos que allí estaban fueron trasladados a penales de los estados Lara, Carabobo, Miranda y Guárico.
Los abogados que se entrevistaron coinciden en afirmar que la política de admisión de hechos que se implementó de facto en otrora momento no es justo y mucho menos reivindica la justica, indican que simplemente sirve para inflar estadísticas oficiales las cuales por cierto no son de dominio público sino solo para actos proselitistas o pronunciamientos que en ocasiones sueltan algunos altos funcionarios que tienen la responsabilidad de conducir el plan de Revolución Judicial que lleva meses sin ser activado.
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