La última jornada de desconcentración que lideró la Comisión para la Revolución del Sistema de Justicia se registró en marzo de 2023, desde entonces la cantidad de privados de libertad en los calabozos se ha duplicado
Barcelona.- Desde mediados de marzo de 2023, en los Centros de Detenciones Preventivos, ubicados en la zona norte de Anzoátegui, no se registran jornadas de desconcentración policial, por lo que la cantidad de privados de libertad se ha duplicado, dando paso al hacinamiento en los calabozos de la entidad.
Así lo han dado a conocer los familiares de algunos de los privados que pernoctan en los calabozos de; Polisotillo, Polianzoátegui, Policía Nacional Bolivariana, Poliguanta y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Urbaneja.
Desde el reducido espacio donde conviven, los privados de libertad han clamado a sus familiares que pidan celeridad procesal, pues aseguran que sus causas presentan retrasos y les han vulnerado su derecho a la defensa y a cualquier tipo de beneficio.
La situación comienza a alarmar a quienes persiguen la libertad de sus familiares y a la vez la posibilidad de encontrar recursos económicos que le permitan costear los insumos que con frecuencia hacen llegar a sus parientes.
Temor a alzar la voz
Por temor a protagonizar alguna protesta en la que puedan enfrentar riesgos a represalias, los privados de libertad y sus familiares se han limitado a exigir desconcentración en los Centros de Detenciones Preventivos y celeridad procesal.
Y es que en cuatro de los centros policiales monitoreados en la zona norte del estado Anzoátegui existen casos como el de Ronal Freites, quien lleva cuatro años detenido y aún no cuenta con una sentencia firme que fije la pena por tenencia de estupefaciente, razón por la que pide a las autoridades revisar su causa.
Luego del último plan de desconcentración, liderado por la Comisión para la Revolución del Sistema de Justicia, que se registró en Anzoátegui a mediados de marzo de 2023, en los calabozos de Polisotillo habían quedado 87 privados de libertad, de los cuales siete eran mujeres, pero hoy la cifra se eleva a un total de 224 detenidos en general.
En la comandancia de Poliazoátegui, los calabozos albergaban a 117 hombres y 21 mujeres. Hoy la cifra asciende a 273, al igual que en la Policía Nacional Bolivariana donde estaban 72 privados y actualmente se encuentran 149 hombres.
La misma situación se repite en Poliguanta, donde pernoctan 118 hombres y seis mujeres en los calabozos, mientras que en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del municipio Bolívar la cantidad de detenidos asciende a 162.
Sus voces parecen estar siendo opacadas por el amedrentamiento cuyo fin es silenciar las violaciones a sus Derechos Humanos. En el temor aguarda le esperanza de quienes buscan la libertad.
Protestas en mute
Durante el último año se han registrado tres protestas de privados de libertad; dos de ellas en las que han solicitado celeridad procesal y se niegan a pagar vacunas para que los trasladen a Tribunales, y una tercera en la cárcel de Barcelona, mejor conocida como Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, donde los privados se sumaron a una huelga de hambre convocada a nivel nacional para exigir respeto a sus Derechos Humanos.
El primer descontento se registró en noviembre de 2023 en los calabozos de Polisotillo, donde los familiares de los privados se unieron para exigir el cese de los cobros de vacuna, asegurando que iban a alzar la voz de continuar el cobro semanal de $20 para garantizar traslados a los Tribunales.
Dos semanas más tarde, los privados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas exigieron la agilización de sus causas, al reportar la permanencia de tres hombres con más de tres años de arresto en el Centro de Detención Preventivo donde pernoctan.
Blanca Laya es madre de uno de los privados en el Cicpc y asegura que en dos años su hijo no ha recibido ningún tipo de sentencia o beneficio que le corresponda.
La falta de unidades para realizar traslados, el desvío de alimentos y el retardo procesal, han sido los llamados claves de los privados y sus parientes, quienes aseguran que se les han violado sus Derechos en reiteradas oportunidades.
En el Título I, Capítulo II De los Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de las Personas Privadas de Libertad del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 15, numeral 16 expresa que los privados de libertad tienen derecho : “ A formular peticiones ante la autoridad competente y recibir respuesta adecuada y oportuna, a formular quejas o denuncias por vulneración de sus derechos, a denunciar excesos cometidos por funcionarios públicos o funcionarias públicas, en el ejercicio de sus funciones, y que hubieran afectado en algún modo su integridad física o moral”.
Costosa atención
Mercedes Ruiz es una de las mujeres que visita tres veces por semana a su hijo, detenido en la comandancia de Polisotillo, ubicada en Puerto La Cruz, y calcula que semanalmente gasta $50 (cincuenta dólares), para poder llevarle alimentos, agua y ropa limpia.
“En traslado desde la zona rural hasta el centro de Puerto La Cruz termino gastando 120 bolívares por cada día y eso sin contar la comida, el jabón, el champó y la bendita vacuna que uno nunca sabe para qué es. Cuando no pagamos le llevan tarde la comida y le limitan hasta el agua. Ha bajado 20 kilos desde el 29 de marzo de 2021 hasta la fecha. También tiene llagas en el cuerpo”, detalló.
Reinserción en riesgo
El abogado penalista Luis Buitriago, defensor de los Derechos Humanos en el estado Anzoátegui, asegura que el Gobierno Central ha intentado silenciar cualquier irregularidad que esconde el sistema penitenciario y con ello violentado el compromiso de reinserción a la sociedad.
“El nuevo régimen penitenciario fue creado para apostar a la reinserción de los privados y a ello se le sumó el plan de desconcentración que se llevó a cabo a nivel nacional, pero nada de esto ha servido. Hoy vemos como la población penal exige respeto a sus derechos, principalmente a la celeridad procesal”, detalló.
Buitriago explica que pese a ser un derecho de los privados el contar con un espacio acorde, alimentación, agua y ventilación, esto ha dejado de ser una prioridad para el estado.
“Todos los privados tienen el derecho a la defensa oportuna y a obtener respuesta de las autoridades judiciales y ello no se está garantizando. Prueba de ello es la cárcel de Barcelona y los Centros Policiales de detención donde cientos de hombres conviven en espacios reducidos por años hasta lograr ser escuchados. Es responsabilidad del estado todo el riesgo que asuma la falta de atención a los privados de libertad a nivel nacional”.
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