Vargas | Abogados de la defensa de José Pinto denuncian retardo procesal y negativa de otorgar casa por cárcel pese a su edad y deterioro de salud

El acceso tardío a tratamientos y medicinas es otra de las irregularidades que denuncian los abogados del dirigente José Tomás Pinto | Foto: Cortesía

UVL Vargas

La Guaira.- Los abogados del privado de libertad José Tomás Pinto Marrero, dirigente político y fundador del partido Movimiento Tupamaro, denuncian la decisión de la juez del Tribunal Sexto de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, al negarse a aceptar la solicitud de designar la casa del imputado como centro de detención, pues el mismo tiene 72 años de edad.

“José Tomas Pinto enfrenta un estado de indefensión, pues a pesar de su deplorable cuadro de salud y la urgente necesidad de que la jueza revise la medida y le otorgue su hogar como  centro de detención, en la audiencia de apertura de juicio, que inició tras dos años  de detención en la sede del  Cicpc de Parque Carabobo, esta le fue negada, conculcando de este modo el inviolable derecho a la vida”, explica Noris Granados, del equipo de abogados defensores de Pinto, quien acotó que la apertura de juicio tuvo lugar el pasado 25 de abril y la segunda audiencia de juicio fue pautada para el 9 de mayo.

La abogada indicó que “de acuerdo a informes médicos emitidos por el Servicio Nacional de Medicina Científica y Forense (Senamedf), las condiciones de salud del detenido son deplorables y con tendencia a la cronicidad y la muerte, ya que padece hernias discales que lo mantiene postrado en una silla de ruedas, padece de EBPOC por hábitos tabáquicos de larga data, hipertensión arterial y Diabetes Mellitus tipo II, ambas fluctuantes por la dificultad de tratarlas en prisión. A esto se le ha sumado una miocardiopatía y una úlcera sacro coccígeo,  producida por la poca movilidad y descanso del cuerpo sobre esa saliente osea”.

“Como abogados de la defensa queremos dejar constancia de los obstáculos que se nos han colocado para lograr cualquier beneficio para nuestro defendido. Se ha llegado a un punto, en donde se advierte que solo si se admiten los hechos es que se tendrá acceso a cualquier medida cautelar, lo que claramente viola el principio de presunción de inocencia, establecido en la norma legal venezolana.  

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