El abogado de la pareja, recluidos en centros de detención de Trujillo y Valera, denunciaron padecimientos de salud graves y malestar a causa del hacinamiento
UVL-Trujillo
Valera.- Jenny Godoy Gil y Neuro Montes Arias, detenidos en los centros de detención preventiva del Cuerpo de Policía del estado Trujillo (CPET), han padecido problemas de salud y otros malestares desde su aprehensión el pasado noviembre de 2021. Su abogado, Simón Arrieta, explicó a Una Ventana a la Libertad que ambos fueron arrestados injusta y arbitrariamente a causa de la mala praxis dentro del sistema judicial regional.
Arrieta detalló que Jenny Godoy, abogada zuliana, es quien ha sufrido más las consecuencias del arresto, debido a que tiene diabetes y otras enfermedades crónicas. “Su vida corre peligro. Le han negado 24 veces asistir a sus consultas médicas, pese a que saben su delicado estado”, comentó el defensor privado sobre la mujer, quien se encuentra en una celda junto a otras 7 mujeres en el Centro de Coordinación Policial N° 1 del municipio Trujillo.
En este CDP también ha vivido discriminación al negarle el derecho a toallas sanitarias y trabajo forzado, pues le han pedido- pese a su condición médica, limpiar la celda de reclusión. “Estas violaciones a los Derechos Humanos cesaron porque denunciamos en Caracas a la Fiscal del Ministerio Público”, detalló Arrieta.
No obstante, pese a que los tratos han sido mejores, comentó que el retardo procesal ha sido inhumano y la infraestructura del CDP no es apto para la retención de personas. El mismo caso ocurre con el esposo de la dama, Neuro Montes, abogado zuliano, quien es víctima del hacinamiento en el Centro de Coordinación Policial Nº 2 de Valera. El ciudadano comparte celda hasta con 30 hombres y su manutención de alimentos, agua y otros productos es costosa.
Una niña víctima
Finalmente, Arrieta recordó que existe una tercera víctima en este caso. Se trata de la niña, de seis años de edad, quien se encuentra bajo custodia en el Servicio Administrativo de Protección del Niño, Niña y
Adolescentes del estado Trujillo (Sapnnaet) de Valera, pese a que su mamá, Yaris Beatriz Palmar, la ha solicitado de vuelta desde que inició el procedimiento penal en 2021. “Le han negado el derecho a la niña de volver con sus padres, incluso le han hecho creer que su mamá murió en un accidente”, indicó.
Arrieta explicó que la niña quedó en medio de una injusticia, en la cual la fiscal solicitaba 20 mil dólares a la pareja para no involucrarlos en un juicio penal. Pese a que simplemente ellos estaban de paseo con la
niña, hija de su empleada doméstica. “La niña se cayó mientras andaba en bicicleta y ameritó ser llevada al Hospital de Valera”
“La fiscal 9 del Ministerio Público de Trujillo le exigió 20 mil dólares a la madre de la niña y a los abogados. Como ellos no pagaron, sin respeto a la legalidad penal, esta funcionaria montó un proceso por trata de niñas. Sin respeto a lo tipificado en las leyes penales, ya que ese delito exige el traslado, recepción de niñas, mujeres o adolescentes en plural bajo violencia, coacción, engaño, con fines de prostitución o esclavitud”, dijo el abogado a UVL en una nota de prensa del caso.
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