En los calabozos policiales ubicados en la Gran Caracas no hay logística, espacio, ni personal de custodia capacitado para que en estos lugares los reclusos reciban visitas de niños y adolescentes. Aunque en cada comisaría hay normas y rutinas internas, la pérdida del vínculo afectivo entre padres e hijos es uno de los puntos en común de los centros monitoreados en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital.
Nailes Borges tiene casi dos años con una responsabilidad a cuestas desde que su esposo fue apresado por estar presuntamente implicado en un robo. La mujer recuerda cómo la noche del 6 de septiembre de 2016 funcionarios policiales penetraron en su vivienda para aprender a su pareja. Desde entonces Borges divide sus días para cocinar, llevarle comida a su esposo al Centro de Retención de Imputados y Acusados para Adultos de Macuto, ubicado en el estado Vargas.
La mujer cuenta que además de asumir la responsabilidad de prepararle y llevarle alimentos a su esposo, ha tenido que sortear la depresión que el menor de sus dos hijos ha manifestado por no poder visitar a su padre en el centro de detención preventiva. El adolescente tenía 13 años cuando su papá fue privado de libertad y a sus 15 años aún anhela tener la oportunidad de poder verlo.
“Mi esposo es uno de los 200 presos que están hacinados en ese centro de Macuto. Las condiciones son pésimas y desde siempre nos han impedido que el adolescente pase a verlo. Aunque nuestra hija de 25 años sí ha podido pasar los días de visitas, ella sale muy triste cuando ve cómo su padre está en un espacio tan insalubre y, por otro lado, mi esposo siempre que me ve me dice que le duele no ver a nuestro hijo menor”, relató Nailes Borges.
El único contacto que el hijo de esta mujer ha tenido con su padre ha sido a través de cartas que ambos se escriben y se envían con ella. Además, el adolescente ha recibido unas pulseras que su padre hace en los calabozos con bolsas plásticas.
“Los culpables son los hijos”
Un funcionario de la Policía Municipal de Chacao (Polichacao) informó a Una Ventana a la Libertad que el 80 % de los presos masculinos que están en ese centro de detención preventiva son padres. El policía explica la estadística con un chiste, que asegura, le dice con frecuencia a los privados de libertad: “Los culpables son los hijos”.
El efectivo policial comentó que todos los reclusos le justifican que cometieron los delitos para buscar comida para sus hijos. Y, por ello, el funcionario les contesta con una ironía.
Hasta el 5 de junio había 110 reclusos detenidos en Polichacao en un espacio que tiene capacidad para 30 personas. De acuerdo con cifras extraoficiales, entre los 110 presos hay 8 mujeres y 4 adolescentes que tienen conflicto con la ley.
Un funcionario de Polichacao explicó que en esa sede policial no existen las condiciones para que niños y adolescentes visiten a sus padres que están presos allí: “No podemos someter a los niños a este ambiente tan nocivo en el que cualquier recluso se puede poner violento (…) Dejar entrar a los niños es un riesgo innecesario, pues si los privados de libertad ven a sus hijos se pueden poner ansiosos”.
En las afueras de Polichacao las esposas de los privados de libertad relatan lo que, para ellas, es el drama de que sus hijos no vean a sus padres. El esposo de Luz Dávila tiene un mes preso en ese centro de detención preventiva por el delito de robo agravado y por primera vez su hijo no compartirá con su papá en el día del padre.
“Aquí son muy estrictos y desde el primer día que mi esposo está preso me aclararon que no permiten el ingreso de niños. Mi hijo no sabe nada hasta los momentos que su papá está preso, pues cree que está de viaje”, manifestó la mujer.
El día de visita en Polichacao es los jueves. Cada recluso tiene la oportunidad de ver a dos familiares entre 10 y 15 minutos.
En comandos de la PNB evitan el impacto psicológico de los niños
Los presos que están detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana que está ubicada en La Yaguara no podrán disfrutar de una actividad especial para el día del padre, como sí lo hicieron el día de las madres las reclusas que están presas allí. La misma situación se repite en los calabozos que están ubicados en El Valle, La Vega, en la parroquia San Juan y en los calabozos que están en Boleíta y que también son conocidos como la Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana.
Un funcionario de la PNB dijo que no podrán planificar una actividad para el día del padre, debido a que más del 85 % de la población reclusa es masculina y, además, advirtió que no cuentan con suficiente personal para evitar las consecuencias del hacinamiento.
El efectivo policial explicó que en la actualidad hay 1.500 privados de libertad distribuidos en todos los comandos de la Policía Nacional que están ubicados en Distrito Capital: “Nosotros no permitimos el ingreso de niños en las sedes de la policía para evitar que los hijos de los presos sufran el impacto psicológico. Además, queremos evitar también inconvenientes con los tribunales y las autoridades de los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”.
Preso detenido en Río Chico tiene dos años y tres meses sin ver a sus hijos
En la Policía Municipal Andrés Bello ubicada en San José de Río Chico, en el estado Miranda, hay un preso detenido por el delito de homicidio desde hace dos años y tres meses. Durante todo este tiempo el recluso no ha podido ver a sus hijos de seis y tres años.
Un funcionario explicó que el recluso, además de estar hacinado con otros 16 presos, ha tenido complicaciones de salud, pues tiene un clavo en una de sus piernas debido a que antes de estar preso se cayó de un árbol: “La pierna está rechazando un clavo y el recluso está recibiendo antibióticos. Él dice que siente que la pierna se le está comiendo por dentro. Se le manifestó a un médico para ver si dan la orden para operarlo, pero no creemos que eso sea posible”.
En esa sede policial los 16 presos que esperan por cupos de traslados para cárceles, comparten espacio con el “Comegente de Río Chico”, quien fue identificado como Luis Alfredo González Hernández, de 30 años de edad.
González fue apresado el 5 de abril por funcionarios de ese cuerpo policial tras hallarlo en la finca ubicada en el sector Las Marías de Río Chico que era propiedad de Lisandro Rosales García, de 49 años de edad, a quien mató, descuartizó y posteriormente cocinó para comerse parte de sus restos. Los efectivos policiales dieron con el homicida tras recibir denuncias de vecinos del sector que se percataron del olor de putrefacción que había en la finca.
Fuentes extraoficiales informaron a Una Ventana a la Libertad que en la actualidad hay 17 privados de libertad en la Policía Municipal de Andrés Bello en un espacio que solo tiene capacidad para albergar a seis personas por un lapso de 48 horas.
Por medidas de seguridad los funcionarios de esa policía municipal tienen esposado al “Comegente de Río Chico” en una columna para evitar que mantenga contacto con los otros reclusos. Un experto en psiquiatría forense dijo que, pese a no haberle realizado un diagnóstico a González, presume que el homicida tiene trastornos mentales parecidos a la esquizofrenia. Se conoció que el “Comegente de Río Chico” tiene una hija, pero hasta los momentos ningún familiar ha establecido contacto con él para visitarlo.
Desde agosto de 2016, cuando Una Ventana a la Libertad inició el monitoreo en los centros de detención preventiva, se ha confirmado que los presos que son padres son los más perjudicados por no tener ningún tipo de contacto con sus hijos.
Aunque las reclusas tampoco tienen permitidas las visitas de sus niños, se ha evidenciado cómo en los casos de presas embarazadas éstas privadas de libertad siempre reciben una medida humanitaria de al menos un año para amamantar a sus hijos, pese a que el ordinal 10 del artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario establece que la privada de libertad tiene derecho a recibir atención médica especializada durante el período de gestación, parto y lactancia, así como “toda madre privada de libertad tiene derecho a permanecer con sus hijos hasta que alcancen los tres años de edad, si así lo decidiera, y a que los infantes también reciban la atención médica necesaria”.
En febrero de 2017 los familiares de una de las reclusas que estaba detenida en los calabozos de la Policía Municipal de Guaicaipuro, ubicados en Los Teques, estado Miranda, lograron que la presa recibiera una medida de casa por cárcel para amamantar a su hijo cuando cumplió ocho meses de gestación. Pero el padre del bebé, que también está preso en ese calabozo policial, no ha podido ver a su hijo.
Una Ventana a la Libertad también ha comprobado que en los centros de detención preventiva ubicados en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital no hay ninguna organización que le brinde apoyo a los hijos de los presos.
Pese a que los familiares de los presos que están detenidos en los centros de detención preventiva temen decir cuáles son las condiciones en las que sus parientes están detenidos, la madre de uno de los reclusos que está preso en el Centro de Retención de Imputados y Acusados para Adultos de Macuto denunció que los privados de libertad no cuentan con servicio de agua y que la mayoría de ellos tiene enfermedades de la piel, debido a que en ese espacio hay ratas y cucarachas.
Angélica Lugo, Equipo UVL
Dejar una contestacion