Desde mediados de 2017 se han efectuado traslados, plan cayapa además de otras acciones en los Centros de Detención Preventiva, pero todavía hay quejas de familiares y reos.
PrensaUVAL
Luego de tanto dime y diretes entre políticos sí se han registrado respuestas tras muchas quejas y protestas de reos y sus familiares, pero todavía falta mucho por hacer.
En el estado Lara las problemáticas en los Centros de Detención Preventiva han tenido un antes y un después desde que la gobernación de Lara cambió de mandato. Durante la gestión del opositor al gobierno nacional, Henri Falcón eran múltiples los conflictos en los calabozos de la Policía del estado (Polilara) por situaciones como la falta de traslados tanto a tribunales y a Centros Penitenciarios así como el hacinamiento. Luego de una intervención del gobierno socialista y ahora que está al mando Carmen Meléndez, también de tendencia oficialista, las irregularidades no han mermado, pero con el atenuante de que ahora sí se cumplen las movilizaciones de reos.
En la entidad crepuscular existen 29 Centro de Detención Preventiva, pero es Polilara donde radica la mayor cantidad de calabozos y privados de libertad en la región. Hasta hace dos años tanto Henri Falcón como el Secretario de Seguridad de la Gobernación, Edilberto León y el Director General de Polilara, Luis Rodríguez informaron que habían enviado, al menos, 12 oficios dirigidos al Ministerio de Servicios Penitenciarios solicitando el traslado a penales como el Sargento Viloria “Uribana”, San Felipe Yaracuy “La Cuarta” y Los Llanos “Cepella” de presidiarios sentenciados y con boleta de ingreso a penales pero la respuesta por parte de Iris Valera fue nula.
León realizó dos denuncias en el año 2016 donde explicaba que el hacinamiento oscilaba entre 300% y 600% entre los meses de marzo-octubre y reflejaba que en todas las celdas de la institución regional existían mil 150 presos, es decir que para esa época había 911 privados de sobre población.
“No tenemos apoyo de la Defensoría del Pueblo, ministerio Penitenciario ni Tribunales, para solventar esta situación”, explicó León para entonces máxima voz de la seguridad larense quien se unía a las denuncias realizadas por Falcón cuando explicaba que por diferencias políticas entre él y la ministra Varela no se ejecutaban las movilizaciones y efecto así sucedía pues en agosto de ese año, en una visita que hizo a Lara dijo que “si yo tengo que ir arreglar los problemas de la policía, entonces que Falcón se quite de la silla y yo me pongo a gobernar” a respuesta de las quejas del primer mandatario regional.
Todo ese panorama que dibujaba León tuvo un cambio cuando en mayo de 2017 el Viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol) intervino Polilara. Apenas un mes después de que este ente del Gobierno Nacional asumiera las riendas del cuerpo policial regional realizaron traslado de 116 reos a los penales de Uribana, Comunidad Penitenciaria Fénix, Cepella y Tocuyito estado Carabobo. En octubre se llevó a cabo la segunda movilización importante y fue hacia el Internado Judicial de San Felipe, la cárcel de Fénix y el Centro Penitenciario David Viloria y según el encargado
Otras de las denuncias tanto de familiares como de reos que fue atendida por la junta interventora de Polilara se realizó en septiembre cuando se realizó un “Plan Cayapa” a 890 privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos de la Comandancia General. A cada hombre y mujer se le revisó el estatus jurídico y cada expediente para evitar el retardo procesal. En esa oportunidad la viceministra Rosy Mendoza del despacho de atención del privado, estuvo coordinando la acción de asistencia.
En febrero también hubo traslado de todas las delegaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Lara debido a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los detenidos en los calabozos. En esta oportunidad se movilizaron a Fénix de 123 (110 hombres y 13 mujeres) privados de libertad y el Consejo Legislativo del estado Lara fue el encargado de coordinar esta novedad.
“El gobierno ha invertido bastante para agilizar la situación carcelaria de Lara y toda Venezuela y lamentamos las huelgas de sangre y esas que son violentas. El gobierno ha hecho grandes esfuerzos e inversiones incluso de ayudas del exterior para dar respuestas a estas situaciones” explicó el General de División Dilio Rodríguez, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Lara.
En cuanto a la presión ejercida por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos para evitar el hacinamiento, maltrato al detenido entre otras irregularidades familiares de los privados de libertad consultados en tres estaciones de Polilara explicaron que sólo se vieron cuando ocurrieron las protestas políticas en contra del gobierno nacional durante abril y agosto de 2017.
Tres ONG’s como lo son Movimiento Vinotinto, Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz) y el Foro Penal son las que más actuaron durante los conflictos de calle y atendían cada detenido por los cuerpos de seguridad en las protestas
Quejas no paran
Durante el asueto de carnaval de 2017, familiares de reos que se encuentran en la subdelegación San Juan del Cicpc realizaron una pequeña protesta porque desde hace dos años en este Centro de Detención Preventiva no realizan traslados ni a los centros penitenciarios mucho menos a los tribunales donde tiene sus expedientes bajo juicio.
Familiares, quienes portaban pancartas improvisadas donde solicitaban hablar con el “jefe del Cicpc” y “queremos visita YA” explicaron que cuando una persona es detenida en una comisaria pasa hasta cinco años sin ser tomado en cuenta para que se ejecute un juicio y determinar los años que debe pagar en centro penitenciario.
“Aquí no hay traslados. En algunos casos no hay patrullas porque están varadas por falta de cauchos o cualquier otra falla mecánica y por eso no llegan a tiempo a los juicios” expresaba una de las madres de reos que se encontraba cerca de un portón trasero de la subdelegación donde le dan acceso a las celdas.
Ella al igual que otras 9 mujeres que la acompañaban exigían a las autoridades gubernamentales y al jefe del Cicpc “que hagan los traslados para los juicos para que los detenidos puedan pagar su condena como lo establece la ley y que los funcionarios le permitan ingresar los alimentos sin retrasos ya que muchas veces los policías se comen los alimentos” denunciaron.
También piden que los detenidos sean evaluados por médicos al estar en condiciones de calor y todos juntos proliferan enfermedades en la piel.
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