Para octubre de 2017, 590 personas estaban recluidas en tres centros de detención preventiva, representando una superpoblación de 491,6%
Los familiares aseguran que Polimonagas no tiene recursos para darle de comer a los presos
Maturín.- El hijo de Ana Cáceres -nombre protegido por petición de la mujer- cayó preso el 7 de febrero de 2018. El joven duerme junto a nueve detenidos más en un espacio diseñado para cuatro personas: están como “sardinas en lata”, compara su madre mientras esperaba entrar a la visita en la Policía del estado Monagas.
A Cáceres le preocupa que en ese aglutinamiento de hombres su hijo contraiga alguna enfermedad viral. Su preocupación encontró réplica en al menos 20 madres más que el 14 de febrero aguardaban que en Polimonagas les permitieran el acceso al calabozo donde los reos reciben a sus familiares.
El relato de las mujeres, por primera vez, fue aceptado por una autoridad en el estado Monagas. El jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), g/d Ovidio Delgado, habló sobre el hacinamiento en los centros de detención preventivos en Maturín y afirma que este es un tema del que suelen conversar los martes, cuando las autoridades militares y policiales se reúnen para evaluar la seguridad ciudadana.
Delgado sostiene que el hacinamiento es un tema que no sido resuelto y, ciertamente, representa una mora del Gobierno nacional para con los ciudadanos. Representa, en síntesis, las fallas que ha tenido el Ministerio Público y el sistema judicial venezolano a la hora de procesar y enjuiciar a los detenidos.
“Ha mejorado solo un poco, pero aún falta; el fiscal Tareck William Saab trabaja en ello. En Maturín hemos podido articular esfuerzos con el fiscal superior, Jorge Arzolay, para hacer los traslados y agilizarlos, este es un tema que le compete también al Ministerio Penitenciario, porque estamos viendo que en los centros de reclusión también hay hacinamiento”, indica.
Delgado fue consultado para este trabajo en vista de que Una Ventana a la Libertad intentó comunicarse con el secretario de Seguridad Ciudadana de Monagas, coronel José Ángel González Espín, pero este no atendió las llamadas.
Para octubre de 2017, 590 personas estaban detenidas en tres centros de detención preventivos en Maturín: Polimonagas, Policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que no tiene calabozos para recluir a los detenidos de sus procedimientos y para resolver el problema improvisó un espacio en pleno pasillo central.
En general, la cantidad de privados de libertad representa un hacinamiento de 491,6 por ciento. Solo en Polimaturín hay 35 presos más de su capacidad instalada, calculada para 40 personas; mientras que en Polimonagas hay 370 reos en lugar de 80, que es lo máximo que puede albergar.
En Polimonagas, los familiares siguen denunciando que la superpoblación es la responsable de los casos de tuberculosis y escabiosis que tienen los reclusos, además de las gripes mal curadas que terminan en bronquitis. “El año pasado soltaron a un preso que tenía tuberculosis y estaba crítico”, mencionó un familiar.
Los allegados de los internos consideran que las autoridades penitenciarias y gubernamentales no han sumado los esfuerzos necesarios para revertir la situación; plantean que la construcción de nuevos espacios en la Policía estadal permitiría desahogar los calabozos y brindarle nuevas áreas a los reclusos. “No porque estén presos tienen que vivir como animales, porque ellos también son humanos”, afirma Josalis Blanco, hermana de un detenido.
Blanco, quien también pidió resguardar su identidad para evitarle represalias a su hermano, menciona que la institución tiene áreas que pueden ser utilizadas para construir dos nuevas alas; “esta sería una forma de humanizarlos”, agrega.
Las condiciones actuales de los privados de libertad siguen siendo las mismas: cuartos sin camas, baños rotos, poca iluminación y restricción de vestimenta. Cáceres indica que como los presos tienen poca ropa, lavan la que tienen cuando se bañan y deben quedarse mojados durante todo el día.
“Cuando se enferman no tienen acceso a la atención médica, porque para ello el abogado tiene que venir y llevar un escrito al tribunal para que el juez firme la salida, en esos trámites se puede perder una semana y el preso se agrava. Cuando es una estricta emergencia, lo llevan en una ambulancia hasta el hospital”, explica Magalis Martínez, madre de un detenido.
Lo único que ha cambiado en Polimonagas es que reactivaron un pozo de agua y ahora los presos tienen el servicio de forma permanente. Sin embargo, las denuncias que hacen los familiares es que se trata de un líquido con turbidez al que los reclusos tienen que echarle cloro para poderla usar durante el baño, lavar sus enseres y asear las áreas.
Las mujeres aseguran que las denuncias que reportan los organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos de los privados de libertad sirven para que la gente conozca sobre la realidad del sistema carcelario no para que el Gobierno actúe. “Ellos (Gobierno) se hacen de la vista gordo, no le prestan atención a lo que publican los medios”, señala.
Los padres y madres afirman que ni siquiera el tema del hambre ha sido tratado por las autoridades de Polimonagas, que no tiene recursos para alimentarlo. Alegan que de cada 10 reclusos por lo menos seis se quedan sin comer al día, por lo que los privados de libertad que sí reciben comida tienen que compartirla con sus compañeros.
Un poco de ayuda
La presencia de las iglesias evangélicas dentro de los centros de detención preventivos ha ayudado a saciar el hambre de aquellos privados de libertad que no reciben comida todos los días. Los familiares de los detenidos en Polimonagas aplauden la labor de la Iglesia Universal, cuyo pastor y miembros se han encargado de llevarles alimentos.
Una Ventana a la Libertad intentó comunicarse con algún representante de esta iglesia, pero no tuvo acceso. Sin embargo, al conversar con los allegados de los arrestados se conoció que las personas acuden, por lo menos, cuatro veces a la semana para llevar un plato de comida a los desprotegidos.
La última visita que recibieron fue el viernes 9 de febrero, ese día la directiva de la Policía estadal les permitió el ingreso de arepas. “Cuando los pastores no pueden venir es triste porque muchos reclusos se quedan sin comer, entonces los demás privados de libertad tienen que compartir su vianda para que nadie pase hambre”, narró Martínez, quien considera que la labor evangelizadora también es importante, pues brinda un poco de compañía a quien no recibe la visita de un ser querido.
Omar González, es pastor carcelario en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como cárcel de La Pica; preside una fundación llamada Punto de Apoyo con la que en algunas oportunidades ha intentando establecer lazos con Polimonagas, pues afirma que en los centros de detención preventivos hay mucha más gente que necesita apoyo no solo material sino espiritual.
Aunque es familia del director de la Policía estadal, coronel José Ángel González Espín, sostiene que se ha hecho complicado coordinar un encuentro del que surja una fecha para llevar ayuda a los detenidos.
En La Pica han hecho una labor a favor del prójimo a través de actividades educativas, que permiten brindarle una herramienta al preso para que pueda defenderse en el momento que quede en libertad. Dentro del internado judicial los detenidos, incluso, han recibido entrenamiento para la reparación de bombillos.
Experiencias como estas son las que González espera llevar a Polimonagas. “La interacción con los reclusos, darles consejos, llevarles el testimonio de fe y hablarles sobre lo bueno que puede haber en cada uno de ellos, a pesar de haber cometido un error, hace que el interno se sienta atendido”, explica.
González coincide con los familiares sobre la necesidad de mejoras en las instituciones y va más allá. Sostiene que para que haya un verdadero cambio adentro tiene que haber las condiciones para que el privado de libertad decida cambiar por decisión propia; “hay que desarrollar el compartir y la afectividad, es algo que requiere de tiempo pero que se puede lograr”, reflexiona.
Jesymar Añez Nava, UVL
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