Equipo UVL Zulia
Traslados, comida, revisión de expedientes y otorgamiento de beneficios procesales son las cuatro exigencias claves que unieron a unos mil 300 privados de libertad en un acto sin precedentes en la historia carcelaria en Zulia, desde la instalación del Nuevo Régimen del Ministerio para Asuntos Penitenciarios en la región en 2016. Los reclusos de tres de sus penales se sumaron a una protesta, de convocatoria nacional; para exigir, denunciar y exponer a la luz pública situaciones que, según ellos, ponen en peligro su vida y en riesgo sus procesos judiciales.
A la convocatoria no se unió ningún centro de detención preventiva de la región, pese a que sus pésimas condiciones de infraestructura, el alto índice de hacinamiento e insalubridad superan a los presentados por el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales, Centro de Formación para Mujeres Ana María Campos I y el Centro de Formación Hombre Nuevo para Extranjeros Winnie Mandela. Todos adscritos al ministerio, cuyos internos fueron los únicos que participaron en la huelga nacional.
“No tienen comunicación con el exterior”, fue el motivo en el que coincidieron los oficiales consultados por Una Ventana a la Libertad entre el 9 de junio al 14 de junio de 2024 cuando se desarrolló la Huelga de Hambre pacífica en los tres penales adscritos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Desde su instauración en Zulia, hubo hermetismo. Poco se sabía sobre lo que ocurría al interior de los muros en los penales con régimen. Desde que los reos alzaron su voz, se conoció que todos dependen de camiones cisternas para abastecerse de agua, que se les obliga, según los internos de Winnie Mandela y Francisco Delgado, a comer una carne “que no saben si es de res o de perro”, las raciones de comida son mínimas, cargadas de grasa, sin verdura ni frutas; y que en los procesos administrativos se retrasan las entregas de boletas de libertades y los beneficios procesales, aparentemente, no se cumplen a tiempo.
Por primera vez, en una historia carcelaria de nueve años, el hijo de María se unió a una protesta, buscando que se le tome en cuenta, en su condena de 17 años, los siete años que pasó en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Ciudad Ojeda.
“No sabía cómo era una huelga de hambre, creía que podía comer a escondidas, y al tercer día no aguantó, se descompensó, pero los demás lo reanimaron con agua de azúcar”, detalla la madre del privado, quien se aferra a la esperanza de que sean escuchados.
“Allá –en el Cicpc- no podían hacer nada, parecía que no existían. Su cuerpo olía a orina y a pupú, pero aquí por lo menos pudimos alzarnos por lo que no estamos de acuerdo”, recordando que ella también se unió a la docena de parientes que se acercaron al Palacio de Justicia, en el centro de Maracaibo, en apoyo a sus reclusos.
Rompen paradigmas
Zulia, de acuerdo a la revisión hemerográfica de Una Ventana a la Libertad, se ha caracterizado por tener una población penal poco conflictiva, a pesar de que anualmente se reportan al menos una docena de fallecimientos por complicaciones en el estado de salud de los privados de libertad, durante su permanencia en los calabozos adscritos al gobierno nacional, regional o bajo la responsabilidad de los cuerpos de seguridad.
Este 2024, cuando el Tribunal Supremo de Justicia lanza su nuevo plan de descongestionamiento y se agilizan los traslados de los calabozos policiales o militares al Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales, Centro de Formación para Mujeres Ana María Campos I y el Centro de Formación Hombre Nuevo para Extranjeros Winnie Mandela; la tranquilidad de la población penal se vió socavada por algunos alzamientos.
Los primeros conflictos los reportó, el 17 de abril de 2024, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Los internos recluidos en las celdas de la Policía Autónoma Municipal de Maracaibo amanecieron alzados. Las especulaciones de fuga masiva y riña entre los detenidos fueron las dos primeras hipótesis que circularon por redes sociales. Finalmente, antes del mediodía, el primer mandatario local anunciaba que se trataba de una protesta para exigir traslados a cárceles y revisión de expedientes.
“Esto no es nuevo”, dijo, extraoficialmente, un uniformado a Una Ventana a la Libertad. Las revueltas eran casi a diario cuando se les informaba la suspensión de los traslados tribunales por falta de unidades, los diferimientos de audiencia o en los racionamientos eléctricos.
Pero esa madrugada, al menos 200 presos harían lo que fuera para ser escuchados y después de golpear las rejas amenazaron con tumbar la pared que separaba la celda de los detenidos por violaciones. La situación obligó a los uniformados a abrir un boquete en la pared para rescatar a los reclusos. Ese mismo día hubo un acuerdo, los jueces y la Defensoría Pública se acercaron a la sede policial, en el este de Maracaibo; coordinaron 55 traslados y otorgaron unas libertades y el conflicto cesó.
El estado se mantuvo silente de manifestaciones hasta la madrugada del domingo 19 de mayo de 2024, cuando las detonaciones despertaron a los vecinos del barrio San Pedro de Sabaneta, al sur-oeste de la capital zuliana. Los internos de Centro de Formación Hombre Nuevo para Extranjeros Winnie Mandela amanecieron amotinados, pidiendo traslado para Oriente, Caracas, Aragua, Miranda, Táchira y Trujillo, de donde fueron sacados en 2023 durante el desarrollo de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro.
Aunque para muchos el alzamiento no tuvo resultados positivos por la requisa que implementó el Grupo de Respuesta Inmediata del Ministerio de Servicio Penitenciario, en donde los internos fueron desojados de sus pertenencias, para el 20 de mayo de 2024 se anunció la entrega de 23 libertades y el inicio de la revisión de expedientes, que prontamente quedó en el olvido y los obligó a unirse a la huelga de junio.
Se pierde el registro
Más allá de la memoria de familiares, amigos, custodios, reclusos y privados de libertad, no existen investigaciones académicas recientes que compilen la vida carcelaria en la región en al menos las últimas dos décadas, donde surge el nuevo régimen penitenciario como modelo de administración y programa penitenciario en miras a buscar la reinserción de los privados de libertad a la sociedad y donde afloran los calabozos policiales o militares como nuevos espacios para albergan a quienes quebrantan la ley.
“Todo se olvida rápido”, se lamenta Alejandra, quien en cinco años, ha participado en las protestas frente al Cicpc Maracaibo cuando los jefes han querido desmejorar a los detenidos. “La última vez se cerró la calle, no querían dejarle entrar agua… Ese día cedieron, pero al final se olvidó el alboroto y ahora igual solo podemos pasarle 5 litros de agua para beber. Nos desanimamos y no peleamos más”.
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