Internos y sus familiares aprovecharon la protesta general para expresar sus peticiones a las autoridades estatales
Angélica Lugo, UVL Caracas
Jesús Martínez -nombre ficticio- lleva a cuestas estar detenido en un estado distinto al de su orígen. Es del interior del país y, por medidas de seguridad, pide no mencionar de qué región es. Sin embargo, en plena pandemia mundial, en abril de 2020, fue detenido en un procedimiento que, asegura, fue irregular.
“Me detuvieron porque me vincularon en un robo a un diputado junto con dos personas (…) Ninguno nos conocíamos y nos trajeron a Caracas. El delito que nos imputaron fue terrorismo. Ha sido duro estar aquí sin poder ver, ni ayudar a la familia”, expresó el hombre.
Martínez es uno de los más de 200 hombres que están detenidos en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Agustín del Sur. Como el resto de la población reclusa, depende de lo que su familia le pueda dar para comer. Su desventaja es que sus parientes están en el interior del país y, cuando tiene más suerte, es cuando su esposa logra hacerle un pago móvil para que él pueda mandar a comprar alimentos con familiares de otros internos.
“Yo era el principal sustento de mi familia con mi trabajo como taxista y ya no puedo ayudarles. Ahora, mi esposa trabaja como doméstica en casas de familia y, cuando puede, me envía algo (…) Desde que me detuvieron, he visto un par de veces a mi esposa y mis hijos, pues es muy costosa la logística para comprar los pasajes y las comidas y estadías en Caracas”, explicó el hombre.
Aunque Jesús Martínez sabe que tiene el amor de su familia en la distancia, hace parte de la población reclusa desasistida en esa sede de la PNB. Y no es el único: “Lo bueno es que aquí hay solidaridad entre todos y, cuando alguien no tiene para comer, como es mi caso, los compañeros de celda nos dan parte de su comida”, comentó.
Entre el 9 y 10 de junio los privados de libertad detenidos en cárceles y calabozos policiales en distintas regiones de Venezuela, hicieron una huelga de hambre nacional para llamar la atención de las autoridades. Entre su pliego de peticiones, solicitaron celeridad procesal, otorgamiento de medidas humanitarias para los reclusos enfermos y traslados a los penales de orígen que les permitan estar más cerca de sus parientes.
Aunque la población reclusa no encontró lo que buscaban, el Presidente Nicolás Maduro destituyó a la entonces ministra de Servicio Penitenciario, Celsa Bautista Ontiveros, y designó en el cargo a Julio García Zerpa, quien se reunió con un grupo de familiares de reclusos y les prometió que le entregaría al jefe de Estado las cartas que le dieron con varias peticiones.
Mujeres alzaron su voz
Durante la huelga de hambre nacional, los familiares de los reclusos, principalmente esposas y madres, protestaron en sedes estatales en los diversos estados. En Caracas, las mujeres protestaron el 12 de junio en las afueras del Palacio de Justicia e, incluso, llegaron a trancar por unos minutos las vías en el centro de Caracas para exhibir sus pancartas y consignas en los que hacían llamados al Estado.
La huelga de hambre nacional fue la excusa para las madres y esposas de los privados de libertad para alzar sus voces y hacer a un lado el miedo que, por lo general, las invade.
“Uno de los descontentos que tenemos los familiares de nuestros privados de libertad es cuando los policías nos revisan la comida. Ellos empiezan a devolvernos algunos alimentos que no les parezcan o no quieran dejar pasar, como por ejemplo, una cantidad de pan, y eso a uno le pega, porque hacemos un esfuerzo para comprar y preparar los alimentos”, explicó a Una Ventana a la Libertad la madre de un detenido en la PNB de La Yaguara.
La mujer, que comentó que por lo general gasta entre 50 y 80 dólares semanales para llevarle comida y artículos de aseo personal a su hijo, también comentó que una de sus principales molestias, e incluso miedos, es durante las visitas: “Las visitas familiares son muy cortas. Tenemos 5 ó 10 minutos para ver a nuestros privados de libertad y, de paso, los policías se paran detrás de uno para escuchar lo que hablamos. No hay privacidad, ni oportunidad para saber si nos están maltratando a nuestros presos”.
En comisarías municipales no protestaron
Durante la huelga de hambre nacional, Una Ventana a la Libertad confirmó que los detenidos en las comisarías de las policías municipales de Polichacao, Polihatillo, Polibaruta y Polisucre no participaron en la huelga de hambre nacional.
Un funcionario encargado de la custodia en los calabozos de la Policía Municipal de Baruta explicó que esto pudo guardar relación con que no se enteraron de la protesta general, debido a que no tienen contacto con el mundo exterior: “Aquí los reclusos no tienen teléfonos y las visitas que reciben son los martes, por lo que no se enteraron de la protesta ni de toda la organización previa”.
Pero el hecho de que los reclusos no hayan protestado en esos calabozos, no quiere decir que, al igual que el resto de la población en los centros de detención preventiva en Caracas, tengan descontento por el retardo procesal o las condiciones de reclusión.
Lo cierto es que, tanto en las prisiones, como en los centros de detención preventiva, la población reclusa tiene la esperanza que el gobierno apruebe una de sus peticiones: aprobar la reducción del 50 por ciento de la pena. Para interpretar la petición y la vialidad, desde el punto de vista penal, consultamos al abogado y coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, quien considera que la solicitud no es viable, debido a que el Código Orgánico Procesal Penal fue modificado.
“En el Código Orgánico Procesal Penal pasado las medidas sustitutivas o los beneficios, se podían dar por el 50 por ciento de la pena. Esto cambió con el nuevo código y aumentó y ahora se necesita mayor tiempo que no es el 50 por ciento y, para determinados delitos, no se le otorga. Los reclusos quieren que se vuelva al código anterior, que ya no existe porque fue reformado y ya no está vigente y que sea para todo el mundo, sin importar el delito. Por ejemplo, entre los delitos eliminados están el homicidio, el tráfico de drogas y el abuso sexual”.
Sin embargo, un recluso detenido en el Bloque de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en El Rosal, sí considera viable la petición.
“La pelea que hay es que ellos (el Estado) tienen que aplicar una ley que favorezca al privado de libertad y más cuando son personas que han llegado a cumplir su pena, se han mantenido tranquilos, han estudiado y trabajado y han seguido las normas. No es justo que hay personas que están pasados de la pena, que no sean atendidos y no se les tome en cuenta porque no les validan las redenciones, sino que pagan la pena completamente en físico y, en muchos casos, se pasan de la pena”, manifestó el privado de libertad.
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