Falta de agua y electricidad agrava la situación de los privados de libertad de los CDP del estado Mérida

Falta de agua y electricidad agrava la situación de los privados de libertad de los CDP del estado Mérida

Elvis Rivas/ UVL Mérida  

A las puertas del Circuito Judicial de Mérida, tres mujeres esperan pacientemente los resultados del juicio de presentación de su familiar. Les preocupa que un nuevo apagón interrumpa el proceso que aseguran, ha sido pospuesto por esta causa en varias ocasiones.

Según abogados penalistas y defensores de derechos humanos, las actividades en estas  instalaciones se encuentran paralizadas entre otras cosas, por las interrupciones eléctricas que a diario afectan a los residentes de esta entidad andina.

Temerosos de represalias por hablar acerca del tema, las personas que denuncian niegan identificarse con sus nombres completos. Sin embargo, una de ellas dijo llamarse “Nohemí” y manifestó preocupación por la  situación. Como cualquier venezolano, trabajan y deben compartir el tiempo destinado a sus labores y quehaceres diarios para poder atender a quienes se encuentran detenidos. Pero dadas las fallas eléctricas, la pérdida de tiempo es inevitable.

“En el caso de nosotras nos afecta al momento de ir al juicio porque pautan una fecha y sin luz no es posible realizarlo, entonces se atrasa y hay que esperar otra fecha, y nos perjudica a familiares como a la persona que está encerrada”, señaló en compañía de otras dos familiares.

“No sabemos tampoco nada de nuestro familiar, no nos quieren decir en qué  estado está, no sabemos nada de él.  En el caso de la comida no nos la quieren recibir y no sabemos cómo está él”, señaló. “Es importante que lo tomen en cuenta porque  hay muchos muchachos que no han podido ser procesados por la falta de luz. Eso  hace que se les alargue más el proceso para que los puedan sentenciar o salgan libres”, manifestó María, quien también esperaba la culminación de la audiencia.

Otro de los familiares que aguardaba en los alrededores de la edificación se  identificó como Juan. Narró que su hijo fue detenido y recluido en las instalaciones de la sede principal del CICPC de la ciudad de Mérida. Denunció que con frecuencia son suspendidos los juicios. “Se suspenden mucho los juicios, se retrasan y entonces tienen más tiempo detenidos a nuestros familiares y no hay solución. Para fijar un juicio se tardan dos y tres meses y vuelven a suspender. Pierden tiempo ellos y uno también”.


Retén de Mérida
Familiares y abogados aseguran que las fallas en servicio eléctrico paraliza las actividades tribunalicias lo cual  incrementa el tiempo de estadía en los  calabozos de los retenes policiales.

Ni agua ni electricidad en los CDP

A las afueras de la sede de la policía científica allegados a quienes allí se encuentran detenidos denunciaron la crítica situación por la que atraviesan los centros de detención preventiva. Aseguran que el hacinamiento es el principal de los problemas, lo cual favorece la proliferación de enfermedades, entre las que cuentan la tuberculosis, el VIH y otras respiratorias e infectocontagiosas.

La falta de agua y electricidad agrava la situación. Y para colmo de males el acceso a los detenidos es difícil, según comentan los familiares quienes a propósito de todas estas limitaciones ven cada vez más difícil lograr la libertad de sus parientes.

“Al no haber electricidad no atienden porque no abren el circuito, entonces todo se atrasa, hay menos esperanzas, ayer no tenían agua queríamos verlos y no permitieron, lo que hablan es con arrogancia y no dan información, lo que queríamos es saber de él pero no dan información”, comentó Elsy, cuyo hijo se encuentra dentro del retén.

“Ahí no lo dejan ver, no dan información, ni el abogado lo pudo ver y nosotros tenemos nuestros derechos y deberes y la incertidumbre es que no sabemos cómo está el muchacho, no puede hablar uno con el familiar y eso es una violación de derechos”.

Esta situación se repite en cada uno de los centros de reclusión temporal de todo el estado. En el CDP de la comandancia policial del estado ubicado en el sector Glorias Patrias de la capital andina la condición de los detenidos es similar. Una de las madres que a diario acude al lugar a llevar alimentación a su  hijo detenido aseveró que “la falta de luz” empeora la situación. Un funcionario policial que no se identificó comentó que utilizan una planta eléctrica en las áreas administrativas, pero las instalaciones de reclusión quedan sin electricidad al momento de un apagón.

En los reclusorios de los municipios de la zona panamericana la situación empeora por cuanto son de clima caliente. Las deficiencias en los servicios de agua y electricidad no garantizan las condiciones mínimas de salubridad lo cual afecta la salud de los detenidos.

Abogados y defensores de DDHH preocupados

La crisis eléctrica nacional también afecta a los trabajadores de los centros de reclusión, tribunalicios y a los abogados y penalistas que brindan sus servicios a quienes por una u otra circunstancia deben enfrentar la  justicia.

La abogado Gipsy Sarita Montiel, activista y defensora de Derechos Humanos y presidente del Observatorio Penal en la entidad señala que al hablar de las consecuencias por la falta de servicios público como agua y luz en los privados de libertad, no se puede obviar la grave situación de insalubridad que enfrentan los detenidos y su facilidad para contraer enfermedades “que se vuelven círculos viciosos”, como escabiosis y otros malestares.

“En algunos casos hemos tenido conocimiento, a través de muchas denuncias hechas por familiares a nuestra ONG Observatorio Penal Mérida, de casos de tuberculosis e inclusive privados de libertad que son portadores de  VIH  Sida que deben por su condición estar en sitios aislados del resto de privados por seguridad de todo lo que conforma la comunidad dentro de un centro de privación de libertad o centro reclusorio”.

Considera que la falta de agua para asearse viola sus derechos constitucionales y sus derechos humanos, así como el artículo 10 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, referido al trato humano de las personas privadas de libertad que refiere: “Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad”, que dijo, siendo esta premisa una norma fundamental de aplicación universal por parte de todos los estados firmantes,  que en líneas generales no podemos decir que se cumple en nuestro país y menos aún en nuestra entidad.

Denunció que situaciones y reglas que van desde tener tres minutos por recluso para bañarse, así como contar con uno o dos sanitarios para uso común para un gran número de reclusos, no contar con luz en los pabellones o áreas de reclusión son frecuentes y se repiten en cada reclusorio.

“Ser en muchas ocasiones ellos mismos quien limpian el lugar, y en ciertas ocasiones quedarse sin agua es grave, muy grave ya que sencillamente es un hervidero portador de enfermedades en los que están expuestos funcionarios policiales, privados y familiares, estos últimos que tampoco escapan pues las denuncias recibidas de presuntamente hacer uso de una misma área consecutivamente para visitas conyugales les pone aun en riesgo mayor, los privados de libertad en nuestra entidad son seres humanos y como tal deben ser tratados, su condición no les priva de sus Derechos Humanos, ni ningún funcionario debe negársele a respetarlos, pues en muchos casos se convierten en quienes son los primeros que violan sus derechos”.

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