La Defensa Pública atiende en el estado Sucre más del 70% de todos los privados de libertad, aseguró el Defensor Público General
Equipo UVL Sucre
Cumaná.- El Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria atiende en el estado Sucre a los privados de libertad de Cumaná y Carúpano. El anuncio fue hecho desde el Internado Judicial de Cumaná este miércoles 23 de octubre en horas de la tarde por el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, quien estaba en compañía de la directora del Despacho del DPG, Magdiel Moreno; la coordinadora regional de la Defensa Pública en el estado Sucre, Mildred Guerra; y la coordinadora de la extensión Carúpano, Claudia González.
El Defensor Público General destacó durante su intervención su compromiso con la actualización del estado procesal de todos los privados y privadas de libertad que se encuentran en los distintos centros penitenciarios del país.
“Estamos dándole continuidad e instalando una vez más al plan que tiene como objetivo verificar y actualizar el estado procesal de las causas de todos los privados y privadas de libertad, tanto procesados como penados porque desde mediados de este año hemos estado trabajando en los internados judiciales del país para recopilar información. Hoy justamente estamos verificando quienes pueden beneficiarse en estas fórmulas alternativas».
Además, explicó que el plan fue implementado en 100% en la región Los Andes, con actividades recientes en Táchira y Mérida, y que actualmente se está llevando a cabo en un 50% en la región nororiental, incluyendo al estado Sucre y se prevé que este viernes sea instalado el plan en Nueva Esparta y Monagas.
«La Defensa Pública atiende en el estado Sucre más del 70% de todos los privados de libertad. Actualmente, tenemos 1.149 privados de libertad en la entidad, de los cuales 707 están en Cumaná y 442 en Carúpano».
El funcionario aclaró que hasta el momento, han atendido a 1.078 privados de libertad, con opciones de redención y medidas cautelares, expuso a la vez la necesidad de obtener 631 certificados de antecedentes penales, 559 informes de exámenes psicosociales y 357 ofertas de trabajos para avanzar en los procesos que llevan con la misión de transformar el sistema de justicia en el país.
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