jueves, 27 de octubre de 2016
Miles de reclusos detenidos en los Centros de detención preventiva esperan la boleta de excarcelación o la sentencia que les permita salir en libertad o el pase a un penal del país.
Durante los meses de septiembre y octubre, los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, no han dejado de emitirle señales de emergencia a las autoridades del estado Venezolano, por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los reclusos en estos sitios no adecuados para su permanencia. Según datos aportados por el Defensor del Pueblo, en Venezuela existen 33.000 detenidos en Centros de Detención Preventiva, de los cuales 27.000 están en calabozos de policías estatales y municipales y 5.000 están en el CICPC. Para resguardar los 500 Centros de Detención que existen se emplean 30% de los funcionarios policiales en cuidar presos en vez de estar en la calle cuidando a la ciudadanía.
En una nota de prensa publicada en 800 Noticias de Autopista Stereo 104.7 del 19 de mayo de 2016, el Defensor del Pueblo Tarek William Saab, manifestó que: “la Defensoría del Pueblo ha realizado más de 900 inspecciones a estos centros policiales en todo el país. A partir de ahí, nosotros hicimos un estudio que determinó, a través de esa investigación, que el hacinamiento podría agravarse aún más si no se resuelve de manera temprana, abordada de forma integral, con el apoyo incondicional del sistema de justicia”. Cabe acotar que en esa fecha anunció que arrancaba un plan para acabar con el hacinamiento.
Como expresa el estudio “Centros de detención en Venezuela: un diagnóstico preliminar”, publicado por UNA VENTANA A LA LIBERTAD el pasado 24 de septiembre: “La crisis que en la actualidad hay en los calabozos policiales, producto del retraso en la asignación de cupos de traslados para cárceles, afecta a todas las sedes policiales sin excepción. Tanto los centros de detención preventiva municipales, estadales e inclusive los de la Guardia Nacional Bolivariana, CICPC, SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana, padecen el mismo caos que data desde julio de 2011 cuando fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario y que se ha agudizado de manera progresiva”.
Los hechos registrados durante los meses de septiembre y octubre en los Centros de Detención Preventiva tales como motines, protestas de familiares e internos, secuestros, fugas, riñas por alimentos, muertes por desnutrición y hasta denuncias de actos de canibalismo es una muestra de la realidad que albergan los Centros policiales de Detención Preventiva que existen en el territorio nacional. Este cuadro logró activar de nuevo la alarma en la Defensoría del Pueblo. Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, anunció en
la segunda semana de octubre que crearían mesas técnicas para activar el “deshacinamiento” en las celdas policiales en conjunto al Ministerio Público y el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El equipo de investigación de UNA VENTANA A LA LIBERTAD hizo un sondeo del 14 al 17 de octubre, para conocer qué medidas la autoridades están tomado para disminuir el hacinamiento en los calabozos de la de la Gran Caracas y el de los estados Carabobo, Falcón, Zulia, Lara, Monagas y Táchira, por reunir las ciudades que contienen el mayor número de población penal del país, en lo que va del año 2016.
Autoridades no han frenado el hacinamiento en calabozos policiales de la Gran Caracas
El año 2016 ha transcurrido con motines, fugas, asesinato de tres funcionarios que realizaban actividades de custodia en la subdelegación del CICPC El Valle. También se registró la muerte de dos presos en los calabozos de Polichacao que fallecieron por desnutrición y tuberculosis y el deceso de un tercer reo que murió el 10 de octubre en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta. Aunque hay dos versiones de su causa de muerte: desnutrición y politraumatismo, la autopsia indica que la causa se debe determinar
En un arqueo por los centros de detención preventiva que están ubicados en la Gran Caracas, Una Ventana a la Libertad confirmó que las autoridades competentes, que son el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Ministerio Público, no han desarrollado políticas para frenar el hacinamiento en estas sedes que tienen capacidad para albergar a presos solo por un lapso de 48 horas.
Sin embargo, se comprobó que en algunas policías, como en la Comandancia General de la Policía del Estado Miranda, las autoridades asumieron funciones que no les corresponden para evitar más sucesos. El director de Polimiranda, Comisario Elisio Guzmán, desalojó esos calabozos en junio y distribuyó a los presos en las otras seis sedes policiales para reestructurar las celdas. Una fuente extraoficial consultada explicó que en esa comandancia hay riesgo de fuga: “Se están reacondicionando para evitar motines. Los presos suelen orinar las paredes, lo que genera filtraciones y les facilita la estrategia de abrir boquetes para fugarse”. Actualmente 258 presos están detenidos en 6 calabozos de Polimiranda que tienen capacidad para albergar a 140 personas.
52 trasladados desde el CICPC al Internado Judicial de Carabobo
El 10 de octubre, fueron trasladados 52 detenidos que permanecían en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en la sede de Plaza de Toros, en Valencia, hacia el Internado Judicial de Carabobo, luego de que algunos de los privados de libertad tomaran la decisión de iniciar una huelga de sangre por las deplorables condiciones en las que se encontraban.
Por otra parte, dos muertes ocurrieron en los calabozos de la Policía Municipal de Naguanagua, en Carabobo, y los detenidos y sus familiares solicitaron en medio de esta circunstancia el traslado de reclusos a otros internados porque el hacinamiento y las condiciones de insalubridad los mantiene preocupados. También el 17 de octubre un detenido se ahorcó en la Policía Municipal de Los Guayos, en Carabobo, supuestamente por problemas de tipo personal. En estos centros de detención preventiva autoridades y familiares han denunciado que el hacinamiento es uno de los más graves problemas que enfrentan, pero hasta el momento no han ocurrido traslados hacia penales.
En Lara todas las comisarías y centros de coordinación policial están colapsados
La respuesta que obtuvimos de portavoces de la Policía de Lara es que no se ha hecho nada. Principalmente, porque no tienen capacidad, recursos ni competencias. Es decir, indican que no pueden hacer traslados de detenidos si los tribunales no los autorizan. Los procesados no pueden ser llevados a penitenciarías porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no lo permite y —según señalaron— no es una práctica común ni aceptada mover detenidos de unas comisarías a otras.
“Todas las comisarías y centros de coordinación policial están colapsados, sobrepasados en su capacidad”, expresó un portavoz, que agregó que “la construcción de nuevos espacios no está entre nuestras funciones”. La Policía de Lara y la Dirección de Seguridad y Orden Público (adscritos a la Gobernación) han denunciado los índices de hacinamiento y han pedido apoyo a la ministra Iris Varela para solventar la crisis de sobrepoblación en calabozos.
Estos pronunciamientos ocurren, la mayoría de las veces, después de hechos de violencia fácilmente atribuibles al deterioro de las condiciones de detención: déficit de espacio, falta de insumos, alimentos, precariedad de las instalaciones, maltrato, abuso policial, extorsión a la visita, ingreso de armas, consumo intra muros de sustancias estupefacientes, falta de supervisión y/o personal para la custodia.
Pero no hay evidencia de que exista tampoco voluntad política, estratégica y operativa de mejorar la situación, porque no hay ninguna maniobra o acción visible por parte del Estado que pueda coadyuvar a mejorar las condiciones de los detenidos. La Policía de Lara cuenta con 15 centros de detención preventiva en la entidad. El porcentaje promedio de sobrepoblación alcanza 369%.
En Zulia Haremos que los procesados sean sentenciados a tiempo para enviarlos a cárceles nacionales: Luis Morales Guerrero
En los comandos policiales de Zulia siguen ingresando procesados y penados, pese a la sobrepoblación de los mismos. Las autoridades, sin embargo, han reforzado los patrullajes incrementando las cifras de detenidos por semana, acentuando aún más el hacinamiento en los comandos regionales.
El general Luis Morales Guerrero, director de la Redi Occidental de la Policía Nacional Bolivariana y designado para la mancomunidad policial de los municipios Maracaibo, San Francisco y La cañada de Urdaneta, informó que realizan a diario análisis en la incidencia delictiva y aplican planes para atacar a las bandas criminales. En ese sentido sumó, que de la semana 40 a la 41 del 2016, detuvieron a 565 personas, quedando a la orden del Ministerio Público. Sin contar los detenidos que ha arrojado la nueva fase de la OLP en Zulia, que realizan cada 30 días.
Morales destacó que los aprendidos serán distribuidos en los comandos policiales de la región, mientras esperan a ser presentados en tribunales. “Gestionaremos que todos los procesos se den dentro de los lapsos establecidos”, para así trasladar a los penados a las cárceles nacionales.
Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público en Zulia, destaca que por el hacinamiento que vive los centros de Coordinación Policial han aumentado las fugas de privados de libertad. Recientemente se han fugado 10 detenidos, la única acción que se ha tomado es contra los funcionarios de guardia, colocándolos a la orden de recursos humanos.
Sin calabozos vacíos en Monagas
En Maturín, a pesar de que las autoridades de los centros de reclusión preventiva hacen esfuerzos, las cifras de hacinamiento en las cárceles no descienden, porque la dinámica diaria de trabajo y el retardo procesal penal les impiden tener los calabozos vacíos. Por ejemplo, la última vez que la directiva de Polimaturín hizo un traslado de reclusos fue el 26 de agosto de 2016, cuando 16 privados de libertad fueron llevados hasta el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como la cárcel de La Pica.
Para finales de septiembre, en este centro de reclusión, que tiene una capacidad para albergar a 40 personas, había 61 detenidos en los cuatro calabozos. Según el reporte diario del departamento de prensa de este organismo, el promedio de aprehensión de personas entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre, fue de cinco personas.
El caso de la Policía del estado Monagas (Polimonagas) es similar, aunque más crítico pues recibe presos de los 13 municipios de la entidad y de todos los cuerpos de seguridad. Aunque el 13 de octubre hicieron un traslado de 200 hombres hacia El Dorado, en el estado Bolívar; y 40 hacia La Pica, el hacinamiento continúa.
La capacidad del centro de reclusión es de 80 ciudadanos y con la salida de los reclusos, en teoría, deberían quedar 177, pero en un día Polimonagas puede arrestar, de acuerdo al balance diario del departamento de prensa, hasta 15 personas que son ingresadas a cualquiera de los ocho calabozos. La cifra, la engrosan los detenidos de los demás cuerpos de seguridad que no suministran un reporte diario de sus actuaciones, como es el caso de la Policía Nacional Bolivariana o el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A la espera de boletas de excarcelación o sentencias en Falcón
El hacinamiento y las enfermedades que se derivan de él, como la escabiosis y la hipertensión, siguen siendo la principal característica de los once centros de detención preventiva que existen en el estado Falcón.
Extraoficialmente se conoció que en la actualidad unas 900 personas permanecen en los calabozos a la espera de la boleta de excarcelación o la sentencia que les permita el pase a un penal del país. El pasado 29 de septiembre fue recapturado un evadido de los calabozos de Polifalcón en Punto Fijo.
En los últimos treinta días no ha habido traslados de reos, solamente el otorgamiento de libertad a quienes cumplen sus detenciones producto de su participación en riñas callejeras o violencia doméstica. Hace un mes se efectuó un operativo de salud por parte del Ministerio Público y la Dirección de Saneamiento Ambiental. Mensualmente, al menos 280 personas son recluidas en los mencionados Centros, según aseguró el Comisionado Agregado de Polifalcón, Alfredo José Piña.
Táchira. Los traslados no son suficientes
Hasta finales de agosto de este año fue muy poco, casi nulo, el interés mostrado por las autoridades del estado Táchira (policiales, militares, gubernamentales y judiciales) en atender y ocuparse de las esporádicas denuncias sobre hacinamiento y otras presuntas irregularidades en centros de reclusión preventiva que familiares de privados de libertad manifestaron públicamente.
Mientras que otros centros con menos capacidad y número de presos, se fueron descongestionando lentamente partir del segundo semestre del año, un supuesto intento de fuga en los calabozos del CICPC-Táchira, la madrugada del 20 de agosto, aceleró los traslados para el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), en Santa Ana del Táchira.
Sin embargo en el retén de Politáchira, debido a la constante sobrepoblación de reos, este trámite no fue lo suficientemente rápido que se hubiera deseado, situación que el 8 de septiembre originó el motín con toma de rehenes que se extendió por un mes y dejó como consecuencia, dos presos muertos.
Una vez solventado el conflicto en Politáchira se dieron los primeros traslados, los de los 17 cabecillas del motín: 16 fueron a la cárcel de Tocuyito, en Aragua, y uno a la Comunidad Penitenciaria Fénix, en Lara. El resto de población fue beneficiada con el Plan Cayapa, favoreciendo la libertad de varios de ellos. Más de 80 penados fueron traslados al CPO donde terminarán sus condenas, 20 procesados también pidieron ser trasladados a esta cárcel regional.
Los restantes, más de 100 fueron distribuidos en calabozos 2X3 en cinco distintas comisarías dependientes de Politáchira, número que sumado al de la población que ya estaba allí, abarrotó las celdas y agudizó las condiciones infrahumanas de todos. Tampoco cuentan con sanitarios, duchas, y la alimentación es muy poca.
En los calabozos de Politáchira aún permanecen 150 privados de libertad, incluyendo mujeres y exfuncionarios. A 15 días de haber finalizado el motín, a través de una carta a sus familiares, 76 de los privados de libertad, denunciaron que estaban hacinados en dos áreas no adecuadas, donde supuestamente estaban siendo víctimas de abusos por parte de los policías, maltratos físicos y psicológicos, lo que llevó a 16 internos a coserse los labios y a declararse en huelga de hambre, aunque esta medida fue desmentida por las autoridades regionales, al día siguiente.
A modo de reflexión
Una Ventana a la Libertad espera que el producto del sondeo realizado para conocer qué están haciendo las autoridades para disminuir el hacinamiento en los calabozos de las siete áreas geográficas abordadas, sirva como un llamado para la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes al problema del hacinamiento en los centros de detención preventiva.
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