Una Ventana a la Libertad en su 23 Aniversario: Exige celeridad procesal y ayuda humanitaria para privados de libertad

NOTA DE PRENSA 23 ANIVERSARIO DE UNA VENTANA A LA LIBERTAD

En conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1997, nace Una Ventana a la Libertad (UVAL), con el propósito de  visibilizar la terrible cotidianidad de los presos que poblaban las cárceles venezolanas por la carencia de información en cuanto a los Derechos Humanos de los hombres y mujeres privados de libertad. El equipo impulsor de UVAL estuvo integrado por Carlos Nieto P., Carol Carrero Marrero, Aída Martínez, Livia Montes y el padre Roberto Martialay S.J, entre muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos. No imaginábamos que el hacinamiento como potenciador de la violencia intracarcelaria, que nos impresionaba en aquella época, se extendería a los calabozos policiales hasta convertirlos en crueles depósitos de seres humanos, signados por la desnutrición y enfermedades  a largo de la segunda década de este siglo XXI.

Esta organización de la sociedad civil, pionera en la defensa, investigación y promoción de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad se gesta en un momento en que la opinión pública venezolana sentía consternación por la violación continua de los derechos más elementales de una población reclusa de 25.575 personas, por hacinamiento, indolencia e intereses oscuros, producto de la falta de una política penitenciaria coherente.

 En 1996, los defectos del sistema penitenciario venezolano atrajeron la atención internacional. Delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Parlamento Europeo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional visitaron Venezuela e instaron al Ejecutivo a que instituyera reformas. El 9 de febrero de 1996, el papa Juan Pablo II, en su visita a Caracas, reclamó para los presos: “Condiciones de vida más acorde con la dignidad humana” y “que se favorezca la reeducación y formación de los detenidos”. Todo ello llevó al gobierno, presidido por Rafael Caldera, a hacer implosionar, en marzo de 1997, el Retén de Catia, símbolo del deficiente sistema penitenciario de finales del siglo XX venezolano, con el propósito, al menos se creía en ese momento, de darle inicio a un proceso de humanización de los recintos carcelarios.

En ese contexto, con el apoyo y la asesoría constante del padre del penitenciarismo venezolano Elio Gómez Grillo y bajo la  Coordinación General de  Carlos Alberto Nieto Palma, el equipo impulsor de UVAL motivado por la urgente necesidad de presionar para acelerar el proceso de reforma en los centros penitenciarios motorizó foros, talleres dentro y fuera de las cárceles del país, que ofrecieran estrategias y propuestas innovadoras para la transformación de los recintos penitenciarios. Una Ventana a la Libertad se creó para convocar a pensar en  una reforma judicial que se viera reflejada dentro de los recintos carcelarios.

Muchos son los acontecimientos vinculados al mundo carcelario que hemos podido observar, documentar y denunciar a lo largo de estos 23 años como testigos de la negligencia, corrupción e historia de fracaso en la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela. Múltiples y agravadas son las situaciones que investigamos que constituyen amenazas y violaciones a los derechos humanos no sólo de la población propiamente detenida, sino de sus familiares – en su mayoría madres y esposas en situación de pobreza crítica, quienes mantienen a flote a sus privados de libertad.

Desde 2016, Una Ventana a la Libertad Monitorea la Situación de los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela. Pasamos de diagnosticar a una población inicial de 8003 presos distribuidos en 87 CDP en ocho estados del país en 2016,  a una población de de 22.664 personas ubicadas en 278 calabozos policiales en 19 estados de Venezuela en el primer semestre de 2020. En cuatro años de estudio, UVAL  ha aportado 13 investigaciones, que dan cuenta de 669 personas muertas bajo custodia del estado y el descenso del suministro de servicios públicos en los retenes policiales. El 51% de las muertes fueron consecuencia de la violencia producto de riñas entre reclusos, muertos por fugas y agresión de funcionarios por motines. El 35%  de  la pérdida de vidas se debió  a enfermedades – de las cuales la tuberculosis representó el 75% de las causas de muerte por enfermedad-. El 18% de las muertes fue por causas desconocidas y un 6% de las muertes fue por desnutrición.

Con el objetivo de realizar evaluaciones médicas integrales a la población penitenciaria que está detenida en los calabozos para determinar si alguno de los internos tiene VIH u otra patología que requiera tratamiento o de una segunda visita, en este 2020 nació el proyecto “Jornadas de saludymonitoreo de la situación médica de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela”.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y 23 aniversario de UVAL, queremos agradecer y celebrar la labor de acompañamiento y  apoyo tejida  junto a otras organizaciones e instituciones  promotoras de la defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y a todos los funcionarios y personas de buena voluntad, que de una u otra forma nos han brindado su solidaridad para el desarrollo de actividades pedagógicas y humanitarias. Exigimos eficacia y eficiencia en la atención del retraso procesal. Clamamos por ayuda humanitaria que ayude a palear el hambre, las enfermedades y la insalubridad que carcomen a los presos venezolanos.

 Esta  ventana que a lo largo de estos años ha penetrado tantos barrotes para sacar de la oscuridad la violación de derechos de quienes malviven dentro de ellos, seguirá desafiando la apuesta de contar con un gran sistema penitenciario, en el que se respete la dignidad humana y los derechos de los privados de libertad. Y seguiremos siendo la voz de todas y todos los que no la tienen.

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