En procedimientos simultáneos, el gobierno nacional ordenó, el 20 de noviembre de 2024, el arresto del presidente del Circuito Judicial Penal, Pedro Velasco Prieto; y el fiscal superior de Zulia, José Gregorio Rondón Muñoz, el fiscal 5to del Ministerio Público, Francisco Javier Urdaneta; y las juezas Maurelys Prieto y Mariol Plaza Hernández tras vincularlos de un presunto plan terrorista. Con ellos fueron detenidos otras 100 personas, según el comunicado oficial de las autoridades, cuyos nombres no fueron revelados.
Una comisión de la Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a los funcionarios públicos en sus lugares de trabajo, la sede del Ministerio Público y el Palacio de Justicia, ambas situadas en Maracaibo.
En un primer momento, se relacionó la aprehensión y captura con un millonario cobro en divisas a un detenido. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada cinco días después por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien aseguró que los jueces trabajaban en una operación de desestabilización junto al empresario zuliano, José Enrique Rincón, y sus dos hijos, Juan Diego Rincón Sabatino y José Enrique Rincón Sabatino, todos radicados en España.
En una rueda de prensa realizada desde la sede del Ministerio, en Caracas, Cabello aseguró que, a través de la operación llamada “No a la Navidad”, los detenidos buscaban ejecutar un “plan de desestabilización” contra el gobierno de Nicolás Maduro e impedir su juramentación el próximo 10 de enero.
Para ellos, según Cabello, los abogados hicieron alianzas terroristas con paramilitares colombianos para atacar “sedes eléctricas, petroleras y el Guri”.
“Ellos tienen vínculos con sectores políticos opositores desde hace mucho tiempo. Son personas que han creado poder alrededor del manejo de dinero, de la plata. Cada vez que había un cambio de funcionarios en el Zulia este señor (José Enrique Rincón) se le presentaba, le enviaba un emisario y comenzaba la captación de un grupo de jueces, fiscales y militares para esta operación”, explicó.
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