Familiares y privados de libertad de Vargas no se han sumado a últimas protestas por temor a perder “privilegios”

El pasado 11 de junio de 2024, Venezuela enfrentó una protesta de la población de privados de libertad y de sus familiares. Una protesta que se extendió a 19 cárceles, cuatro anexos femeninos y más de una veintena de Centros de Detención Preventiva, en al menos 14 de los 24 estados de Venezuela.

Una protesta que colocó en la opinión pública las demandas de la población penitenciaria y la falta de respuesta del Estado.

Hacinamiento, fallas en los servicios de salud y alimentación dentro de los recintos de detención y el retardo procesal fueron denunciados.

Sin embargo, en los Centros de Detención Preventiva (CDP) monitoreados por Una Ventana a la Libertad en el estado Vargas, ubicado en el litoral central venezolano, no hubo manifestaciones de protesta, a pesar que las denuncias realizadas desde otras celdas, se repiten en espacios emblemáticos como los retenes de Caraballeda y Macuto, en donde las últimas manifestaciones de protestas fueron monitoreadas entre julio y octubre de 2023.

Al ser consultados custodios de los retenes, familiares y privados de libertad coinciden en que no quieren perder ciertos “beneficios y mejoras”, alcanzados tras las protestas de 2023, a través de negociaciones con el Secretario de Seguridad Integral del gobierno regional litoralense, Andrés Goncálves.

“Desde octubre se nos ha permitido tener visitas de entre 10 y 15 minutos, una vez a la semana y nos han cumplido con la unidad para trasladar a nuestros familiares al Circuito Judicial de Macuto. También han hecho algunas jornadas de salud. Cuando protestamos pues Goncálves se reunió con la gente del Cicpc y lograron estos acuerdos. Mi esposo está preso y desde adentro ellos mismos nos dicen que no protestemos, porque entonces es peor para ellos. Los requisan y les quitan la televisión y los celulares”, dice Ana Rodríguez, pareja de un privado de libertad en el Retén de Caraballeda.

Además, las últimas protestas, reportadas el 27 de julio y el 13 de octubre de 2023, tanto en los retenes de Macuto y Caraballeda, cuando los privados de libertad se declararon en huelga de hambre, tuvieron efectos adversos en algunos privados de libertad, por lo que no es evaluado por los propios detenidos como una opción para hacer presión.

“Aquí en La Guaira no acataron el llamado a paro, porque aquí se les está dando respuesta y apoyo a los detenidos en los centros de detención de Caraballeda: el de hombres y el de mujeres y adolescentes, así como el de hombres en el Retén de Macuto. Sabemos que los espacios no son los mejores y hay sobrepoblación, pero con nuestras competencias estamos cumpliendo. Aquí la protesta no tiene cabida y eso lo hablamos tanto con los presos como con los familiares”, señaló vía telefónica Andrés Goncálves, al ser consultado por UVL por las razones que consideraba hacían que la población de privados y privadas de libertad no se uniesen a la última protesta nacional.

A pesar de la tranquilidad en los CDP litoralenses, los privados de libertad ven con buenos ojos el cambio del Ministro de Asuntos Penitenciarios, que ostenta ahora el al abogado y legislador oficialista Julio García Zerpa en sustitución de la vicealmiranta Celsa Bautista. 


“Ojalá este nuevo ministro retome lo de la revolución judicial. Muchos aquí queremos es traslado y poder aspirar a los beneficios procesales. Con la anterior ministra las revisiones de las causas se paralizaron. Queremos que se retomen esos operativos”, escribe vía WhatsApp un privado de libertad del Retén de Caraballeda.

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