A cinco años de la muerte de Wilmer Mendoza e Iván Hernández, los presuntos autores, funcionarios de la Policía y de la Guardia Nacional, continúan sin pagar por los hechos de los que se les acusa
Equipo de prensa UVL-Barinas
Familiares de Wilmer Mendoza e Iván Hernández, presuntamente asesinados por funcionarios de la Policía del Estado Barinas y la Guardia Nacional, al culminar una protesta antigubernamental el 23 de enero de 2019, exigen del Ministerio Público celeridad para que los culpables paguen por los crímenes que les atribuyen testigos presenciales de los hechos.
Bajo la asesoría de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), dirigida por Roland García, los allegados de Wilmer Mendoza, de 38 años, radiólogo de profesión e Iván Hernández, de 20 años y estudiante de derecho en la Unellez, a cinco años de los asesinatos, esperan por justicia para las víctimas que participaban de una protesta pacífica en contra del Gobierno Nacional, en la Avenida Cuatricentenaria de Barinas, capital del estado llanero homónimo, en Venezuela.
De acuerdo a Fundehullan, testigos relatan que funcionarios de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional, fueron los presuntos responsables de la muerte de ambos hombres que perdieron la vida por impactos de bala.
Mendoza, fue impactado por un disparo que le causó una hemorragia interna y shock hipovolémico. Iván Hernández, fue encontrado muerto en el pavimento.
Desde entonces, Fundehulln ha brindado asistencia jurídica a los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y ha denunciado la persistente impunidad en este caso, así como ha instado a los organismos internacionales a garantizar justicia para ambos casos.
Fundehullan destaca que los presuntos responsables de estos asesinatos, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía del Estado Barinas (PEB), aún permanecen en libertad, razón por la que hace un llamado al Estado venezolano para que avance con una investigación independiente y logre identificar a los responsables.
La fundación también hace un llamado al Ministerio Público, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela para que se pronuncien sobre este caso y contribuyan a la búsqueda de verdad y justicia, concluye.
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