
Están detenidos en la sede de la Policía de Falcón
Irene Revilla | Equipo UVL-Falcón
Punto Fijo.- La familia de cinco personas que fueron sentenciadas en días pasados por el delito de extorsión, se pronunciaron este 18 de septiembre para denunciar la violación del debido proceso durante la investigación por el presunto delito de extorsión.
Las familias escribieron un comunicado y lo firmaron, donde explican que las declaraciones dadas a los medios de comunicación sobre la sentencia emitida por el Tribunal Segundo de Juicio, extensión Punto Fijo, son falsas y manipuladas ya que el procedimiento fue viciado desde un principio y ahora sus dolientes son sentenciados a pagar cárcel por un delito que aseguran no cometieron.
La tarde del jueves 5 de septiembre en el Circuito Penal de Punto Fijo, fueron sentenciados a seis años y tres meses de prisión, los ciudadanos José Luis Torres Blanco, de 47 años; Xavier Tadeo Corvia Guerra, de 37 años y Jhoana Ysabel Monzón Calles, de 30 años; y el exfuncionario policial Carlos José Ortíz, de 44 años; Nelson Simón Vielma Guerra, de 34 años fueron condenados a 16 años y 8 meses se prisión.
Durante unos dos años que duró este juicio, los familiares creen que no fue justa la condena por el Tribunal Segundo de Juicio a cargo de la juez Marielvys Sánchez Maldonado, cuya secretaria Milanny Moreno reflejó en el veredicto que los mantendrá privados de libertad en la Comunidad Penitenciaria de Coro, aunque actualmente se encuentran en la Policía de Falcón.
Los abogados de la defensa privada y publica, los abogados José Alberto González Celis, Daniel López, Acisclo Reyes, Miguel Gotopo, Johana Naranjo y Willian Corona, este último defensa pública, quienes en el debate quedó demostrado que no existió la entrega controlada que puso el organismo investigador en la acta policial, no hubo dinero para entrega y que sería la evidencia mayor para la captura.
Daniela Sánchez y Nancy Gutiérrez, familiares de los privados de libertad, también denunciaron que no hubo actuación de los especialistas en extorsión que es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y la acta policial reseña que fueron capturados infraganti, cuando el Teniente Nelson Simón Vielma Guerra, fue detenido y sacado del Zodi Marítima e Insular ubicada en Maraven, municipio Carirubana; Carlos José Ortíz, exfuncionario policial fue detenido en su casa ubicada en Banco Obrero y Jhoana Ysabel Monzón Calles, fue detenida en una fiesta de niños que se desarrollaba en Santa Ana.
«No fue como lo pusieron los funcionarios en las actas del Cicpc que todos fueros detenidos en la altura de la Avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, donde no mostraron videos ni fotos de este procedimiento y no tienen testigos para verificar dicha actuación. Esas actas las firman 12 funcionarios del cuerpo policial y de todos quienes declararon solo cuatro funcionarios estuvieron en el sitio haciendo la actuación y los demás dicen que estaban echando gasolina y otro que cuando llegaron al despacho del Cicpc ya estaban privados», dicen los familiares.
También denunciaron que los teléfonos de los detenidos fueron manipulados por los funcionarios policiales, incluso ya cuando tres de estas personas se encontraba detenidas en el Cicpc, fueron enviados mensajes de whatsapp aprovechando que éstas personas estaban entre las rejas. «No contando con eso el funcionario encargado en recopilar las evidencias en juicio oral y publico dice que los dos número telefónicos nacional e internacional que salen investigados en acta policial dicen que no existían ya que el investigado fueron tres números nacionales movistar; y que solo tres teléfonos fueron incautados. Ahora nos preguntamos, cómo se le da validez a un acta policial viciada que dice que eran cinco teléfonos».
La familia también denunció que Johana Monzón es una víctima del que puso la denuncia de este caso, ya que la mujer sufrió un abuso sexual días antes donde presuntamente participó quién figura como víctima en esta investigación. «Johana paso a ser víctima a victimaria, sin pruebas. Queremos que salga a la luz la verdad de este caso. Qué está pasando con los tribunales, dónde está la ética profesional», dijeron.
Piden que se haga justicia en este caso y buscarán interpelar la decisión con las pruebas que han logrado conseguir.
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