La principal solicitud de los presos que se encuentran en cárceles y calabozos ubicados en los Valles del Tuy, estado Miranda, es que se aceleren sus procesos judiciales; una deuda de vieja data que el Gobierno sigue sin honrar
Equipo UVL Miranda
Valles del Tuy. – Eran las seis de la mañana del lunes 10 de junio de 2024 cuando se escuchó el Himno Nacional. De esta forma los presos que están recluidos en el Centro Penitenciario Región Capital Yare II y III se unían a la protesta nacional que había comenzado el día anterior en otros centros penitenciarios.
La principal queja de los privados de libertad de esta cárcel, ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda, era el retraso de sus procesos judiciales; un problema de vieja data que sigue sin resolverse, a pesar de los planes gubernamentales.
El 11 de junio, Roraima Contreras se acercó a las puertas del centro penitenciario para saber qué estaba pasando y llevarle comida a su primo de quién solo nos dijo responde al nombre de Ricardo Andrés.
Contreras desconocía que no estaban recibiendo comida para los presos, porque la protesta incluía una huelga de hambre, así que se devolvió a casa con las dos arepas con sardinas que le llevaba a su pariente.
En conversación con Una Ventana a la Libertad (UVL) la mujer destacó que no solo el retardo procesal afecta a la población penitenciaria. Ella suma el hacinamiento, la falta de una alimentación adecuada y el acceso a la salud.
En los 13 Centros de Detención Preventiva (CDP) que monitorea Una Ventana a la Libertad en los Valles del Tuy existen los mismos problemas carcelarios; sin embargo, los 550 presos que, en promedio, están allí alojados, guardaron silencio ante la huelga nacional.
Lorena Silva, hermana de un joven recluido en la Policía Municipal de Charallave, indicó que, aunque los reos estaban de acuerdo con la manifestación, «no hicieron alboroto» y se mantuvieron de bajo perfil «para evitar agresiones y así llevar la fiesta en paz con los policías».
En su opinión, el retardo procesal es la piedra en el zapato en el tema carcelario. «El Gobierno anunció la jornada de revolución judicial, se revisaron algunos expedientes, pero luego todo se paralizó de nuevo», indicó el 17 de junio.
En el caso de su pariente, el muchacho lleva dos años esperando juicio. «Por una u otra razón siempre se suspende el acto legal; y eso a nadie le importa, solo al preso y a sus familiares», manifestó.
Solymar Castro tiene un hermano detenido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Santa Teresa del Tuy. Ella ha sido líder de dos protestas realizadas por familiares de los privados de libertad en demanda de atención en el último año.
“Hemos manifestado por falta de agua en los centros de detención o porque no hay gasolina ni vehículos para llevarlos a las audiencias y eso demora el proceso judicial. Lo más triste es que las autoridades pocas veces nos prestan atención”, afirmó.
La declarante aseguró que cuando las unidades policiales no tienen gasolina para trasladar a los presos a los tribunales, los familiares tienen que conseguir el combustible o pagar para que los funcionarios llenen los tanques de los vehículos.
“Tener un pariente preso es un problema de gran magnitud para nosotros. Llevarles comida todos los días es un gasto que pega en el bolsillo, porque no solo son los alimentos, es el costo del pasaje y, si vives lejos del centro de reclusión, la cosa es peor. Y siempre rezando porque no se enferme en esos calabozos donde reina el hacinamiento”, acotó.
Para Castro el daño psicológico que sufren los familiares de los detenidos también es importante. “Pasas por un proceso duro, sobre todo, las madres. Vives con temor de que algo le pueda pasar a tu familiar allí dentro (en alusión a los calabozos); y, de paso, recibes malos tratos por parte de algunos funcionarios y eso afecta la salud mental”, añadió.
Cayapa judicial: solo paños calientes
En opinión del abogado penalista Luis Izquiel “el retardo procesal tiene que ver con la corrupción y el mal funcionamiento que existe en el sistema de justicia en Venezuela”.
“Son problemas estructurales que solo se pueden solucionar con una reestructuración profunda y no con paños calientes como la Cayapa Judicial o cosas parecidas, que solo atienden la emergencia o la coyuntura”, señaló a propósito de los operativos temporales que realiza el Gobierno nacional.
Al referirse a la reciente huelga carcelaria, el también especialista en criminología y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV) indicó que, de acuerdo con lo expresado por los privados de libertad, algunos cumplieron la sentencia y continúan presos; mientras que otros tendrían el tiempo necesario para acceder a un beneficio o medida alternativa a la ejecución de la pena, pero no se le ha otorgado.
“Los traslados de presos, producto de las intervenciones de cárceles de finales del año pasado, vinieron a agravar la situación. Muchos reclusos fueron trasladados a centros penitenciarios lejos de la región de donde son originarios y está el tribunal que lleva su causa. Esto ha generado mayor retardo procesal y dificultad para los familiares a la hora de llevarles comida y hacer visitas. Todo ello ha aumentado el descontento. Asimismo, en las cárceles y calabozos de policía, abundan el hambre y las enfermedades, como la tuberculosis y la escabiosis, entre otras”, acotó.
El abogado José Luis Azuaje, exdirector de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP), también considera insuficientes los abordajes judiciales que se han realizado en los centros de reclusión del país para acabar con el retardo procesal.
En tal sentido hizo mención a las actividades desarrolladas por la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial y coincidió con Izquiel en que son “pañitos de agua tibia”.
Azuaje considera que este tipo de acciones deben mantenerse en el tiempo para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
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