Por Carol Carrero*
En el foro Centros de Detención Preventiva ¿Sistema Penitenciario Paralelo? Celebrado por Una Ventana a la Libertad el pasado 7 de diciembre en el Auditorio del Diario El Nacional, a propósito de los 19 años de la fundación de esta ONG, se dio a conocer el primer informe que presenta Una Ventana a la Libertad (UVAL) sobre la situación de los centros de detención preventiva en Venezuela UVAL.
Allí se expuso la situación de los centros de detención preventiva desde dos perspectivas: la policial y la de la sociedad civil. El evento tuvo como ponentes a Carlos Alberto Palma Nieto, Coordinador General de Una Ventana a la libertad, el Comisario Elisio Guzmán, Director de la Policía del estado Miranda y las periodistas Luisa Torrealba Mesa, Coordinadora de Investigación de UVAL y Angélica Lugo, Investigadora de la Gran Caracas de UVAL.
Calabozos estudiados son inhumanos
En la presentación del informe Centros de detención preventiva: Entre la violencia, el hambre y el hacinamiento, Luisa Torrealba, Coordinadora de investigación de UVAL acotó que del 1° de septiembre al 1° de diciembre de 2016, la ONG ha realizado un monitoreo exhaustivo y sistemático diario en 87 centros de detención preventiva correspondientes a la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país.
Los indicadores mostrados por la investigadora denotan que los calabozos estudiados no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para la permanencia de los privados de libertad y en ellos se violan los derechos humanos de los privados de libertad.
Algunos de los datos ofrecidos fueron los siguientes:
- 50 de los 87 centros de detención preventiva sobre los que se hizo el diagnóstico no poseen servicio de comedor.
- Apenas el 46% de los centros de detención preventiva cuenta con servicios higiénicos para su población de privados de libertad.
- Sólo el 4,60% de los centros de detención preventiva cuentan con servicios de lavandería, un 9,20% cuentan con espacios recreativos para los privados de libertad y el 50,37% no cuentan con áreas de visita, lo que trae como consecuencia que se apliquen restricciones y prohibiciones al respecto.
- Sólo el 24,14% de los centros monitoreados ofrecen el servicio de agua potable.
- El 34,48% de los recintos carcelarios sobre los que se hizo el diagnóstico no cuenta con sistemas de recolección de desechos sólidos
La violencia carcelaria se cobra víctimas
Igualmente, “un total de 17 personas que permanecían privadas de libertad en centros de detención preventiva perdieron la vida. Ocho de estas muertes se produjeron por enfermedades vinculadas a la falta de alimentos y por condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas. Los asesinatos producto de riñas por el control del poder dentro de los centros o debido a disputas por alimentos, también se registraron. Los móviles de las muertes mostraron que fueron producidas con enseñamiento. Durante el período ocurrieron 8 casos (21,05%) de los cuales cuatro correspondieron a casos de desmembramiento, dos fueron por disparos con armas de fuego, dos por asfixia mecánica y uno por golpes”, destacó Torrealba
El informe reza que al analizar los incidentes registrados durante el período se constató que en la mayoría la responsabilidad corresponde a privados de libertad (en el 55,56% de los casos).
Se documentó también que en 25 incidentes (39,68%) la responsabilidad directa de los hechos corresponde a funcionarios del Estado o a agentes policiales. Mientras que en apenas 3 casos los responsables fueron familiares, desconocidos u otros.
La disfuncionalidad de los Tribunales Penales y Fiscalía
El comisario Elisio Guzmán manifestó su preocupación por la situación de los presos. “Hay mandatos bíblicos que no deberían dejarse pasar por alto”. Expuso que los elevados porcentajes de hacinamiento, presencia de enfermedades infectocontagiosas, la falta de alimentos y agua potable, son algunos de los problemas que afectan a los privados de libertad, que permanecen dentro de los centros de Detención Preventiva en Miranda.
Indicó que la clausura de penales, el retraso en la construcción de nuevos centros de reclusión y la falta de cupos para traslados de los privados de libertad a las cárceles han convertido a los centros de detención preventiva, diseñados para albergar detenidos en lapsos menores a 48 horas, en centros que acogen de forma indefinida a presos, pese a no contar con la infraestructura, ni los espacios adecuados, ni con insumos básicos necesarios para albergar a los privados de libertad.
“Durante el año 2016 se han solicitado 214 cupos que cumplen los requisitos de traslado y solo nos entregaron 65”, apuntó Guzmán.
Acotó que mensualmente se envían los listados correspondientes con los datos individuales de todos los detenidos al juez rector, fiscal superior, defensoría del pueblo y VISIPOL.
En su ponencia el Comisario fue agudo en la crítica que merece el funcionamiento de los Tribunales penales y la debida participación del Fiscal. Al respecto recogemos algunas de sus observaciones:
“Existen muy pocos juzgados a nivel nacional con las causas que ingresan a diario. Observamos secretarios, el nombramiento de jueces, sean provisorios o temporales y de fiscales, sean principales o auxiliares, sin experiencia, sin especialidades en la materia y con poco conocimiento de las fases del proceso del derecho”.
“También se aprecian escasos Alguaciles y vehículos para practicar las notificaciones, falta de transporte para el traslado de los imputados y acusados que son requeridos, el incumplimiento de los fiscales del Ministerio Público de los lapsos procesales, debido a exceso de trabajo. Atraso en la realización de los juicios, en donde por cualquier solicitud, motivo o incumplimiento de alguna de las partes el juicio se difiere llegando a superar los dos años, plazo máximo de la detención. A veces duran hasta cuatro años”.
En Miranda, se consumen 24.000 horas hombres para cuidar presos. Hay una enorme demanda dentro de policías para poder poner en resguardo a los presos. Fue enfático al decir “Es necesaria la creación de más tribunales y fiscalías ante su insuficiencia”.
Corrupción e incompetencia
Angélica Lugo investigadora de la Gran Caracas, presentó el testimonio de algunos presos y familiares de presos, que denuncian la difícil situación de la estadía en estos centros policiales y corrupción que existe en algunos de ellos, donde funcionarios le cobran a los familiares por el pase de comida. También comentó que en esos centros está prohibida la visita conyugal y se han detectado casos en los cuales se ha comerciado con ello.
Lugo denunció que el hacinamiento afecta la seguridad ciudadana. Prueba de ello es que existen 599 presos, en un espacio para 100, en un calabozo que colinda con el colegio San Agustín de El Márquez.
Carlos Nieto Palma, Coordinador de Una Ventana a la Libertad indicó que en el país existen 95.000 personas privadas de libertad y que faltan 76.000 cupos en las cárceles de Venezuela.
Denunció la falta de voluntad política para resolver el problema que ha generado la creación de este sistema penitenciario paralelo, dado que el ministerio de Asuntos Penitenciarios le ha dado la espalda a la resolución de este problema que compromete a toda la sociedad.
Nieto Palma estima la presencia de unas 450 mini cárceles regadas en todo el país llenas de hombres, que no han sido declarados culpables, enfurecidos por hambre y maltrato.
*Asistente Técnico de Una Ventana a la Libertad
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