Equipo de Investigación UVL
Con el asesinato de Emilio José Rojas Madrid, presunto lucero de José Gabriel Álvarez Rojas, de 31 años, conocido como “El Chino Pedrera”, uno de los líderes de la mega banda El Tren de Aragua, quedó demostrado el miedo y el poderío que la principal banda criminal del país había sembrado en la población. También quedó registro de la impunidad con la que a través de panfletos, se amenazó a comerciantes, instituciones educativas y transportistas para que no laboraran durante el sepelio de Rojas Madrid.
El 4 de febrero de 2016, siendo Tareck El Aissami gobernador de Aragua y el Coronel (GNB) Juan Sulbarán Quintero, secretario de Prevención seguridad ciudadana del estado, el cortejo fúnebre recorrió las principales calles y avenidas al norte de Maracay, en medio de un inusual y descomunal despliegue policial y militar que acompañó el sepelio solo como espectador.
Atónitos, los maracayeros comenzaron a entender el poder que la banda El Tren de Aragua era capaz de ejercer en la región y a percatarse de la impunidad con la que operaba. La misma impunidad con la que sigue accionando en la actualidad, ya no desde las calles desprotegidas de seguridad, sino desde una de las cárceles más peligrosas del país: el Centro penitenciario Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, ubicada en el municipio Zamora.
Fue en el año 2016, cuando el Observatorio Venezolano de Violencia, señala en su informe anual, que Aragua encabeza la lista de los estados más violentos del país: 142 muertes violentas se registraron en la entidad ese año. La ONG señalaba entonces, el evidente deterioro de la función social de la policía, el incremento de la politización del sistema de administración de justicia y el establecimiento de un sistema carcelario paralelo, dirigido y controlado por los delincuentes desde las cárceles.
El pranato en la cárcel de Tocorón, lo lidera Héctor Rustherfor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, una especie de autoridad ad hoc dentro de la cárcel, quien ha forjado un emporio dentro del recinto carcelario, del que muchos de sus miles de reclusos no quieren salir.
“Tocorón no es una cárcel, es un refugio”, dice para UVL, un funcionario de la Policía del estado Aragua cuya entidad se reserva por su seguridad.
En este centro penitenciario, construida en 1982 con una capacidad para 750 reos, permanecen aproximadamente, 8 mil reclusos, aunque no hay cifras oficiales al respecto. Es considerada una de las cárceles con el mayor hacinamiento.
El 3 de agosto de 2011, los directores de las cárceles venezolanas recibieron la circular emitida por la ministra del servicio penitenciario Iris Varela, en el que se les ordenaba la “suspensión de ingresos de privados de libertad en los centros penitenciarios sin la autorización de ese despacho”.
Entonces el hacinamiento carcelario creció, al punto que en la actualidad se estima que supera el 170 por ciento.
También crecía el andamiaje delictivo dentro de las cárceles y que ninguna autoridad ha controlado.
En Tocorón, el “Niño Guerrero”, maneja millonarias sumas de dinero producto de los homicidios, secuestros y extorsiones, los principales delitos que se planifican y ejecutan desde la cárcel y da refugio y “seguridad” dentro del penal, a algunos de sus pares y a peligrosos miembros de la temida banda El Tren de Aragua, a cambio de protección, dinero y armas.
Allí- señala una fuente policial- recibieron al pran de Coro, al de Guárico y al principal cabecilla de una célula del Tren de Aragua que controla todo el sur de Aragua, a quien llaman “Manuel Chevrolet”. Además, de los otros cabecilla del Tren de Aragua, Johan Romero “Petrica” y Larry Amaury Álvarez, “Larry Changa”, señalados además, de los ataques a comisarías y comandos, así como de la muerte de varios funcionarios policiales y efectivos militares en la región.
Los llamados “líderes negativos”, mientras tanto, se encargaron de brindarle a los reclusos la atención que el Estado dejó de proveerles. Pero a cambio, los reos deben cancelar vacunas o la “causa”, para sobrevivir en medio de un recinto carcelario controlado total y absolutamente por el pranato.
“Esta especie de gobierno paralelo, obtiene millonarias sumas de dinero en dólares, producto de extorsiones a empresas y comercios que oscilan entre 3 a 10 mil dólares. Es incalculable la cifra de dinero que se maneja desde Tocorón y en cuyo entramado, participan policías, abogados, fiscales, jueces, militares y gobernantes”, cuenta una fuente judicial que pidió la reserva de su nombre.
Quienes se han negado a pagar la “vacuna”, han vivido el terror delictivo que se planifica desde la cárcel de Tocorón. La empresa de galletas Puig, fue incendiada en julio del 2019, luego de innumerables extorsiones que sus propietarios se negaron a seguir cancelando.
Recientemente, la empresa transnacional Stanhome ha evaluado la posibilidad de cerrar sus instalaciones, ante el permanente cobro de la “vacuna”. La transnacional tiene su planta ubicada en la zona industrial de San Vicente, una barriada maracayera, llamada zona de paz y en donde nadie tiene autorización para hablar del Niño Guerrero. Allí, en san Vicente, la policía no puede entrar y de hecho, la vieja comisaria ya no existe luego de los varios ataques recibidos.
Por órdenes del pranato, en esta populosa barriada al oeste de Maracay, está prohibido robar, así como la permanencia de menores de edad después de las 11 de la noche y las ayudas económicas para las familias se entregan de manera religiosa.
Curiosamente, en cada proceso electoral, el otrora gobernador de Aragua y actual Vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami suele sufragar en la unidad educativa Antonio García Rojo, ubicada en la zona de paz, San Vicente,
En la cárcel de Tocorón, imperan normas y códigos que establece el pran. En esta cárcel entra y sale quien quiera, no solo los reclusos, sino también la población civil, principalmente familiares. De hecho, es un secreto a voces, la permanencia y pernocta de mujeres y niños dentro de la cárcel, ante la mirada inerte de los custodios quienes en su mayoría perciben dinero, para permitir el ingreso.
Poco pueden hacer para impedirlo. Mientras un Guardia Nacional apenas cuenta con un rifle, los delincuentes refugiados en la cárcel, poseen armamento de alto calibre y motocicletas de alta cilindrada, solo adquiridas por el Estado o por personas de elevados recursos.
La cárcel en Aragua, cuenta además de la ya conocida discoteca Tokio, de restaurantes, un campo de beisbol, Piscina, parque infantil, un zoológico, venta de alimentos, cybers, área de conciertos y eventos, además de kioskos con ventas de licor, guardería infantil, una especie de entidad bancaria llamada “BankTokio”, sembradíos de plátanos y marihuana, alquiler de llamadas telefónicas, taller mecánico, motocicletas, antenas satelitales de televisión de DIRECTV y CANTV y loterías o apuestas.
Tocorón se ha hecho famosa también, por los grandes conciertos que allí se han dado, los cuales son promocionados a través de la radio y las redes sociales y en donde, de acuerdo a una fuente policial, se han presentado músicos como el dominicano Raulín o el puertorriqueño Jerry Rivera o el cantante de vallenato, Diomedito de Colombia, el salsero Alex de Castro de Puerto Rico y por Venezuela Frederick “El Coco” y el cantante de música venezolana Armando Martínez.
En octubre del 2018, circuló en redes sociales un video promocional de un concierto con la participación de Ray Rosendo de República Dominicana, Hildemaro Jr, streppers y DJs. La invitación fue del Tren de Aragua.
El recinto no cuenta con agua potable- cuenta una fuente-pero es común ver casi todos los días, camiones distribuidores de agua embotellada que ingresan al penal.
Adentro, los luceros se encargan de la distribución del agua por piso y también de mantener el orden dentro del penal. Durante las visitas, los reclusos tienen prohibido escupir, andar semidesnudos y descalzos, intimar con la pareja o la familia de otro recluso.
Quien viole esas normas o esos códigos, es enjuiciado.
Un funcionario policial de Aragua detalla que aquel recluso que infrinja la norma del pran, es sometido a un juicio y dependiendo de la falta, es castigado con heridas de bala en las manos o piernas e incluso con la muerte. Este “procedimiento” se realiza generalmente los días lunes.
Aquellos reclusos que profesan la religión evangélica, están a cargo de lavar y planchar la ropa del pran y de los luceros y de la elaboración de la comida.
Quien cumple los códigos del pranato y paga a tiempo su “causa”, sobrevive.
El pranato en Aragua tiene tentáculos en la administración pública
Para un abogado criminalista de la región, el entramado y aparataje delictivo que allí se estableció, es muy difícil de desmontar.
“El pranato tiene tentáculos en cada barrio o comunidad que se encarga de cobrar las extorsiones y las vacunas. Ello genera miedo en la gente que no se atreve a denunciar ante los cuerpos de seguridad, los cuales también han sido tocados por la corrupción que propician los delincuentes”.
El penalista hace mención, por ejemplo a la red de corrupción que operaba durante la gestión del comisionado Ulises Farías, comandante de la Policía del estado Aragua. Los policías del estado tenían órdenes de no accionar contra delincuentes que por años se habían dedicado a asesinar policías y militares y a atacar sedes policiales.
De acuerdo a registros periodísticos, entre el 2013 y el 2016, fueron asesinados 242 funcionarios policiales en el estado Aragua, mientras que en el 2016, cifras extraoficiales refieren que al menos 50 funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad en la región, fueron obligados a “desplazarse” de sus sitios de residencia, ante la amenaza real de la organización criminal Tren de Aragua, que opera desde la cárcel de Tocorón.
Para septiembre del 2018, el comisionado Ulises Farías fue detenido por su presunta vinculación con la supuesta fuga de 251 detenidos que se encontraban recluidos en los diferentes centros de coordinación policial del estado Aragua y que iban a ser trasladados a la cárcel de Tocorón.
La Coordinación nacional de dependencias especiales y de la Dirección de investigaciones de delitos en la función pública, también dio cuenta de la detención del supervisor jefe Gabriel Enrique Cubides Zapata, adscrito a la Brigada especial de la Policía del estado Aragua.
El comisionado jefe Farías Valderrama habría instado a sus subalternos a descongestionar de detenidos las sedes policiales, y Cubides Zapata se encargaría de coordinar el enlace con el centro penitenciario de Tocorón.
En marzo del 2018 el CICPC de Aragua abre una investigación con el numero K-18-0369-00608 por el homicidio de tres personas localizadas en estado de putrefacción en las adyacencias del centro penitenciario Tocorón, “donde las investigaciones mediante entrevistas a familiares de los occisos señalaban que estas personas habían sido trasladadas desde Villa de Cura a la cárcel de Tocorón donde fueron recibidos con vida y no entendían como aparecieron sin vida en las adyacencias de la cárcel”, refiere la minuta policial de entonces.
El pranato en Aragua, a decir de algunos funcionarios policiales consultados, tiene infiltrados dentro de la misma administración pública, en el poder judicial y policial, por lo que resulta difícil desmantelar toda una organización criminal muy bien estructurada donde se respetan los niveles de poder.
“Aquellos policías con ética, que no se han dejado corromper y que se atreven a enfrentar a delincuentes, son removidos de sus cargos luego que el pranato y el Tren de Aragua mueve sus tentáculos”, confiesa un ex funcionario del CICPC.
En la actualidad, hechos delictivos como robo y asalto a entidades bancarias o a viviendas prácticamente han desaparecido en la región. Ya no es lucrativo e implica mucho riesgo para el delincuente.
Además, ningún antisocial en Aragua puede actuar de manera independiente. Si lo hace, podría no contarlo. El Tren de Aragua, desde la cárcel de Tocorón, maneja una red delictiva muy bien articulada, en la que distintas células con sus cabecillas, se encargan de zonas específicas y de tareas muy puntuales de donde obtienen cuantiosos dividendos en moneda extranjera.
Este gobierno paralelo que han impuesto los pranes en las diferentes cárceles de Venezuela, también se aplica en el Centro Experimental de Reclusión y Rehabilitación de Aragua (Cerra); mejor conocido como Alayón, en Maracay, en donde en septiembre de 2019, se produjo un motín, debido al conflicto entre privados de libertad; por el control del penal.
Este centro de detención, antigua sede de la Policía de Aragua, también evidencia un elevado hacinamiento. Este recinto, apenas diseñado para la reclusión de 50 detenidos, alberga actualmente un estimado de 278 presos.
Allí han sido recluidos, jóvenes detenidos durante protestas ciudadanas e inclusive dos médicos del Hospital central de Maracay, también detenidos por participar en manifestaciones políticas.
“Desmontar esa estructura criminal será muy difícil. El Estado fue y es permisivo y cómplice de estas organizaciones criminales que actúan impunemente desde las cárceles. El pran tiene contacto interno y directo con autoridades centrales y regionales. En Aragua, por ejemplo, manda el pranato”, asegura un funcionario policial activo en la región.
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