Familiares de privados de libertad en Miranda piden evaluaciones psicológicas ante consecuencias de la cuarentena por el covid-19

La suspensión de visitas durante varios meses, la reanudación de los encuentros a medias, así como el retraso prolongado de los procesos judiciales por la pandemia, representan los principales factores destacados por los familiares, como causantes de alteraciones de estados de ánimo, lo que, consideran, podrían desencadenar en otras situaciones

Lidk Rodelo / UVL Miranda

Familiares de los privados de libertad que se encuentran recluidos en Centros de Detención Preventiva (CDP) de las subregiones Guarenas-Guatire y Barlovento, ambas en el extremo este del estado Miranda, solicitan al Estado venezolano que se incluyan jornadas de atención psicológica para los detenidos, con el propósito de canalizar las emociones que han acumulado durante este primer año que se cumple desde que el COVID-19 fue declarado pandemia y se decretó la cuarentena en Venezuela.

Para los parientes de los reclusos, las consecuencias arrojadas por la cuarentena y  la pandemia, han generado reacciones negativas en los privados de libertad, debido a que se sienten “más alejados de sus familias y ven sus procesos judiciales paralizados”.

Los familiares que compartieron sus experiencias con Una Ventana a la Libertad, destacaron que los principales factores que han incidido en las alteraciones del estado de ánimo de los privados de libertad son: la suspensión de visitas durante seis meses, el restablecimiento de las mismas durante menos tiempo y con distanciamiento, así como la paralización de los procesos judiciales, debido a que los tribunales aún no han retomado por completo sus actividades.

De hecho, la paralización del sistema judicial se ve reflejada en el incremento del número de privados de libertad en los calabozos policiales que son monitoreados por Una Ventana a la Libertad en esta región de los bajos mirandinos, durante este último año, en comparación con años anteriores.

A pesar de la celebración de dos jornadas de agilización de procesos, en las que se otorgaron 110 libertades en septiembre de 2020, no se han realizado otros operativos de este tipo denominado “Plan Cayapa”. Los tribunales del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento ubicado en Guarenas, continúa trabajando por guardias.

Depresión y desesperación                                                                      

Los familiares coinciden en que los principales desórdenes asociados a la salud mental que son evidentes en el comportamiento y conducta de los privados de libertad es la depresión.

“Nosotros no somos psiquiatras especializados para hablar de depresión como cuadro clínico diagnosticado, pero sí nos referimos a ese cambio de ánimo que se ve mayormente sumido en la tristeza y que se refleja en la pérdida del apetito para comerse la comida que uno les lleva e incluso en la falta de interés por algunas actividades o por sus procesos judiciales”, así lo aseguró una trabajadora de la salud, madre de un detenido en los calabozos de la Delegación Guarenas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien pidió mantener su identidad en resguardo, por temor a represalias contra su hijo.

Al respecto, otro de los familiares detalló que se hace necesaria la intervención del Estado, como responsable de la custodia de las personas privadas de libertad. “Es deber del Estado garantizar los derechos humanos, en el acceso a la salud debe incluir una evaluación psicológica, principalmente en estos momentos que tienen afectada mentalmente a toda la población mundial y los privados de libertad no son la excepción”, declaró Alberto Duarte, padre de un detenido en el mismo CDP.

El pasado mes de febrero se registró la fuga de 11 privados de libertad de los calabozos de la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda. El día de la fuga, Una Ventana a la Libertad conversó con un grupo de familiares que se encontraba afuera del recinto policial, mientras esperaban información sobre lo ocurrido. Dos de ellos consideraron que “la fuga fue consecuencia de la desesperación ante el retraso procesal”.

“Ver que tu proceso no avanza. Que los 45 días previos a la audiencia preliminar se convirtieron en dos años y aún no te celebran la audiencia preliminar porque no hay fecha o porque el tribunal te exige que para hacerte la preliminar debes asumir los hechos, pero tú no estás de acuerdo porque eres inocente y por eso te la suspenden, porque igual no hay pruebas que te incriminen. Ese tipo de situaciones lleva a muchos jóvenes a desesperarse, a actuar impulsivamente y terminan ocurriendo estos hechos lamentables. Si los recapturan, o los matan o les toca volver a iniciar el proceso judicial desde cero, pero con nuevos delitos agravantes”, señalaron familiares visiblemente afectados por la fuga y por las consecuencias que eso representa para los privados de libertad que permanecen en el centro policial.

En esa oportunidad, fue suspendida la recepción de alimentos que llevan los familiares, por parte de los funcionarios de Polizamora, así como el acceso a la entrada del comando. Al final de la tarde y sin ofrecer información, permitieron nuevamente el ingreso de alimentos para los detenidos.

Los familiares consideran que las afecciones emocionales deben ser incluidas en el acceso al derecho a la salud para los presos y la responsabilidad para su garantía recae sobre el Estado, instancia que, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) es responsable de la protección de los privados de libertad.

1 comentario

  1. HAY QUE HACER UNA CAMPAÑA DE LLAMADO DE ATENCION PARA QUE TRABAJEN ESTOS TRIBUNALES DE MIRANDA, EXISTE MUCHO RETARDO PROCESAL, NECESITAMOS QUE SE REACTIVAN LAS AUDIENCIAS DE JUICIOS, QUE HAGAN JORNADAS, ALGUNA RESPUESTA POR FAVOR. AYUDENOS POR MEDIO DE SU ORGANIZACION QUE NOS TOMEN EN CUENTA YA QUE COMO PERSONA NO LO HACEN.

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