En esta Ventana Informativa número 34 profundizamos la relación: Delincuencia, seguridad ciudadana y detención preventiva en un país donde el Sistema de Justicia cuenta con un presupuesto del 0,58% de la partida anual, según datos reflejados por Transparencia Venezuela, monto que no permite evitar la improvisación y mucho menos avanzar a un sistema de justicia expedita. La falta de inversión y planificación impiden contar con procedimientos adecuados en la detención preventiva y desarrollar políticas públicas de prevención del delito y de reinserción de los privados de libertad.
La última edición de Ventana Informativa del año 2022 nos aporta una visión de cómo el retardo procesal y el hacinamiento en la detención preventiva están presentes en América latina, producto de fallas de presupuesto, planificación y cohesión entre los entes que integran el Poder Judicial en cada país. Se abordan propuestas para apuntar a un cambio cultural respecto a la visión de la justicia punitiva como respuesta a la acción delincuencial y para mejorar las condiciones de la detención preventiva.
En el caso venezolano, al Estado le conviene mantener a un detenido en una comisaría en vez de tenerlo en una cárcel porque no tiene que pagar por su estadía; el Ministerio Poder Popular para el Servicio Penitenciario no presupuesta a los miles de detenidos que hay en las comisarías del país, lo cual niega el artículo 272 de la constitución. El Informe anual 2021 de Una Ventana a la libertad (UVL) da cuenta como en una muestra de 335 centros de detención estudiados, el Estado no garantiza los derechos humanos de las 16.778 personadas que en ellas se encuentran.
Al ahondar en cuáles son los delitos más frecuentes como causa de ingreso en la población apreciamos que existe un vacio de información. Sólo se cuenta con data del 8.02% del total de detenidos en los CDP, lo que 1.345 casos identificados. Esto es evidencia de la falta de información que existe a nivel de sistema y expedientes, además del temor de las fuentes internas por presentar las condiciiones del día a día en los Centros de Detención Preventiva.
Para el desarrollo de este boletín nos preguntamos ¿qué experiencias han quedado en los comandos policiales de estos años de hacinamiento en sus calabozos y búsqueda de alternativas para paliar el retardo procesal? ¿Existen prácticas locales para evitar la reincidencia, mejorar la relación policía comunidad y abordar a los grupos vulnerables?
Para continuar armando rompecabezas y seguir aportando ideas que permitan comprender la acción delictiva, a toda escala, como una consecuencia de la desigualdad y la desescolarización entre adolescentes y jóvenes, entre otras causas estructurales, nuestro equipo de periodistas indago que se está haciendo en los estados Zulia, Miranda, Bolívar, Falcón, Lara y Distrito Capital más allá del castigo y del aislamiento…Coincidimos en la necesidad de sincerar el presupuesto que requiere abordar con dignidad la detención preventiva a nivel nacional, reestablecer la confianza en la denuncia de delitos ante los cuerpos de seguridad y la necesidad de levantar estadísticas rigurosas en cada sede policial vinculadas a la actividad delictiva para poder crear políticas asertivas en materia de seguridad ciudadana, de atención y seguimiento a los detenidos y a los excarcelados.
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