Vanessa Rosales denunció que en Cicpc de Mérida se violan los DD.HH. a los privados de libertad

Foto: Cortesía

La activista de derechos humanos acusada de ayudar a abortar a una menor de edad y liberada el jueves en Mérida señaló que “el trato de los funcionarios es súper despectivo y cruel. A una de las compañeras por el hecho de pedir el baño, (…) por gritar la colgaron de las esposas arriba en el tanque del CICPC, la colgaron de las esposas mientras llovía”

Equipo UVL Mérida

Luego de que le fuera otorgada libertad plena durante la audiencia preliminar realizada en el circuito judicial de Mérida, la activista de DD.HH. y defensora de los derechos de la mujer, Vanessa Rosales, reveló detalles acerca de su estadía en el centro de reclusión preventiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la ciudad de Mérida.

A Rosales le fue otorgada una medida de casa por cárcel que la liberó de su reclusión en la sede del Cicpc a comienzos de este año. La joven, quien fue privada de libertad en octubre de 2020 después de ser señalada de ayudar a una menor de edad a abortar un embarazo presuntamente, producto de una violación, fue declarada libre de cargos.

Aseveró que durante su permanencia en las instalaciones de la policía científica padeció los problemas de hacinamiento propios de estos lugares, que actualmente están siendo evaluados por la comisión de la “Revolución del Sistema Judicial”, ordenada por el presidente Nicolás Maduro con el fin de descongestionar estos recintos.

“El hacinamiento en una sala de no más de 4×6 metros, super pequeña llegó a albergar a 18 mujeres” señaló a la vez que hizo referencia al trato de los funcionarios. “El trato de los funcionarios es súper despectivo y cruel, cada vez que podían ser crueles lo hacían, de hecho hay una anécdota que la tengo que decir acá, a una de las compañeras por el hecho de pedir el baño, porque no teníamos baño en el anexo y había que ir al baño compartido, a esta nena por pedir el baño, por gritar la colgaron de las esposas arriba en el tanque del Cicpc, la colgaron de las esposas mientras llovía, ves la cosa y no te la crees”.

Explicó que para ese momento la mayoría de los privados de libertad en el lugar eran hombres y aún cuando las féminas estaban recluidas en un “anexo”, no hay un trato acordé a su condición de mujer.  “Hay un trato preferencial pero no necesariamente es positivo, en la mayoría de los casos no teníamos acceso a muchísimas cosas que eran super necesarias, como por ejemplo, compartida celda con una compañera que sufría desde hace muchos años de epilepsia y no tenía acceso a sus medicamentos con lo peligroso que es un ataque de epilepsia.  Yo misma tenía que luchar todo el tiempo para poder obtener mis medicamentos”.

Dada está situación, estima necesario que se apliquen los correctivos necesarios para garantizar que dentro de los CDP, no solo del Cicpc sino de todos los cuerpos de seguridad del estado se respeten los derechos de los privados de libertad “Hay que trabajar en ello y la razón por la que esto continúa es porque tienen miedo. En el barrio (Simón Bolívar de Mérida, dónde reside) más del 65% de las personas está vinculada con un privado de libertad, entonces nos damos cuenta que el sistema está mal. Hay acoso policial, acoso por fobias, hay misoginia, y es muy peligroso que tengamos instituciones como el Cicpc que actúen de esta manera contra la sociedad civil”.

Revolución del Sistema Judicial

La representante de la ONG de DDHH “100% Estrógeno” y abogado Venus Faddoul señaló que esperan que acciones como la “Revolución del Sistema Judicial” ayuden a solventar está situación. “Si se hace con la debida experticia y no como panfleto político, va a surtir efecto”, dijo refiriéndose al trabajo que se lleva a cabo bajo la supervisión de la Asamblea Nacional, cuya comisión está coordinada por el diputado Diosdado Cabello: “En 60 días no se va a arreglar un sistema que está totalmente viciado y degradado, si ustedes hubiesen visto por un huequito todo lo que pasamos ayer en la audiencia de Vanessa. Si esa motivación o intento político de poder cambiar o limpiar el sistema jurídico es de verdad, debería hacerse con una comisión internacional que pueda garantizar un proceso limpio”. 

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