Lara | Piden medida humanitaria a preso de Fénix que tiene seis años a la espera de sentencia

Cárdenas Chacón tiene dos hijos, está casado y era presidente de la Asociación Cooperativa Pakasant, R.L, una empresa constructora y actualmente se debate entre la vida y la muerte en Fénix | Foto: Equipo UVL Lara

Privado de libertad se encuentra en grave estado de salud con tumor pleural metastásico y plastrón ganglionar

Con cuatro enfermedades graves, sin sentencia definitiva y sufriendo los embates del retardo judicial se encuentra Pablo Gerardo Cárdenas Chacón de 51 años de edad, privado de libertad en la Comunidad Penitenciaria Fénix, al norte de Barquisimeto. En el Circuito Judicial Penal del estado Lara está una solicitud de los abogados defensores donde exigen el otorgamiento de una medida humanitaria urgente y así pueda recibir la atención médica adecuada y evitar su muerte. 

Cárdenas Chacón se encuentra detenido desde abril del año 2016 por estar, presuntamente, vinculado con una narcoavioneta venezolana que fue retenida por las autoridades de República Dominicana el 24 de marzo de ese año en el aeropuerto La Romana de la isla caribeña. Este hombre es uno de los 11 apresados que tiene este caso y de ese total ya uno murió en Fénix y se trata de José Humberto Hernández Rodríguez quien perdió la vida tras años de sufrir tuberculosis e inoperancia gubernamental. 

Una Ventana a la Libertad (UVL), a través de consultas a distintas fuentes, logró conocer que Cárdenas Chacón padece de varias enfermedades que se encuentran en fase de metástasis según diagnóstico médico que le hicieron a finales de mayo de 2022. En detalle, este privado de libertad sufre de adenocarcimoma metastásico de pleura, derrame pleural en el pulmón derecho metastásico, nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho, plastrón ganglionar en región cervical derecha, múltiples agrandamientos de ganglios linfáticos en el pecho y abdominales,  infección de piel y partes blandas en los glúteos, hipertensión arterial e hiperalbuminemia. 

Silencio que le quita vida 

Precisamente por su grave condición de salud, la defensa de Cárdenas Chacón introdujo ante el juzgado correspondiente el otorgamiento de una medida humanitaria urgente ante el juzgado 6 para que al recluso le brinden la atención médica inmediata y oportuna algo que en Fénix no ha sucedido al 100% debido a diferentes factores. En lo que va de año, los abogados defensores han estado exigiendo la resolución pero el tribunal no ha emitido un fallo positivo o negativo y los familiares, por lo que pudo averiguar UVL, catalogan este “silencio” como “letal” pues el privado de libertad “se está muriendo”. 

Los parientes de Cárdenas han manifestado tanto a los médicos forenses del Circuito Penal Judicial como a funcionarios de custodia de Fénix que el silencio del juzgado le niega la oportunidad de tener calidad de vida “de mejor atención a sus enfermedades y en sus últimos días de vida, porque le queda muy poca oportunidad de salvarse”. 

Exactamente en el tribunal 6 reposan, al menos, tres solicitudes de medidas humanitarias (la hecha por la defensa, la de los familiares y la ratificación de las solicitudes) y que están respaldadas con informes médicos del 31 de mayo, además de reportes detallados de los médicos forenses en el que destacan la gravedad de Cárdenas. Acotan en las peticiones que es tal gravedad del reo que estuvo recluido en el servicio de neumología del hospital Luis Gómez López al este de Barquisimeto por casi un mes y que nuevamente fue llevado a Fénix a pesar de que debe cargar con sus manos la sonda de su drenaje. 

Cárdenas Chacón se complicó de forma grave hace tres meses y su condición actual es grave pues ha perdido mucho peso y la burocracia para que le otorguen traslados a médicos y que lo saquen del penal se han convertido en una agonía para él y su familia. UVL supo que desde tribunales le han otorgado permisos erróneos y que contradicen su tratamiento pues le dan órdenes de traslado hasta el hospital central Antonio María Pineda cuando él ya tiene controles, revisiones y médicos especializados en Luis Gómez López. 

Otro factor que incide mucho en la salud del privado de libertad y en el bolsillo e indignación de los familiares son los pagos ilegales que tienen que realizar para que Cárdenas Chacón y los otros detenidos del caso sean llevados a tribunales para las audiencias del juicio continuado que ya suma un año en proceso. UVL logró conocer que en Fénix distintos funcionarios y conductores de transporte público acuerdan cobrar 8 dólares por preso para llevarlos hasta la sede del Circuito Judicial Penal. 

Lo mismo que sucede con este hombre preso y enfermo lo sufrió el señor José Humberto Hernández Rodríguez  que a los 68 años de edad, en marzo de 2021, tras padecer crecimiento prostático en tercer grado, hipertensión, aorta calcificada, hernia inguinal, neumonía con derrame pleural y tuberculosis. Al hoy fallecido lo detuvieron por ser el vigilante del aeroclub de Barquisimeto y estar presente el día que salió la narcoavioneta del aeropuerto Jacinto Lara hasta Dominicana.  

Una agonía judicial 

Seis años y tres meses han transcurrido desde que fueron detenidos cinco Guardias Nacionales Bolivarianos, un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Interpol y cinco civiles todos identificados como: sargento superior Franklin Pérez Peña (50), el sargento mayor Onésimo Romero Hernández (34), el sargento primero Roberto Sivira Fernández (25), sargentos primero y segundo Darwin Sanoja Rodríguez (27) y Rolan Torrealba Silva (22); Eliecer García Torrealba (42), que es el efectivo del Cicpc – Interpol; Nelson Peraza Sira (32) y Eduard Lucena Rivero (30), adscritos al departamento de seguridad aeroportuaria, Juan Lanz Díaz (33), taxista, Hernández Rodríguez y Cárdenas Chacón.

Desde 2016 todos los detenidos han sufrido una agonía judicial pues solo han sido imputados y no han logrado sentencia definitiva que los libere o culpe de las acusaciones. El más reciente avance judicial que tuvieron fue que lograron apertura de juicio en agosto de 2021 sin embargo no han podido tener un fallo. Son más de 30 audiencias que se han aplazado, suspendido o no se han efectuado desde esa fecha. 10 de los 11 detenidos se declararon en contumacia pues aseguran ante tribunales que no guardan ningún vínculo con la narco avioneta. 

UVL logró conocer que son innumerables los retardos que han afectado el caso y el más reciente tiene que ver con el fiscal nacional Javier Quintero quien, supuestamente, iba a agregar otras pruebas al expediente pero eso no se ha consumado. Desde febrero están a la espera de tal acción. 

La defensa de Cárdenas Chacón manifiesta en tribunales que el detenido es inocente de las imputaciones que le otorgaron como lo son tráfico de droga en calidad de director financista y asociación para delinquir. Detallan que la única prueba que tienen las autoridades en su contra son varias llamadas telefónicas que le realizó a Eliecer García Torrealba, Cicpc Interpol, pues ambos eran amigos y esas conexiones se hicieron en las inmediaciones del aeropuerto de Barquisimeto. 

“Pablo tenía su camioneta en un mecánico cerca del aeropuerto. Le estaba arreglando el motor en un taller  y la GNB constató esto cuando fueron hasta el lugar dónde estaba y se llevaron la camioneta sin motor” reseña parte de la defensa. 


No acataron medida

La medida que solicitan los defensores de Cárdenas Chacón es la misma que le otorgaron al señor Hernández Rodríguez dos meses antes de que muriera. El 28 de enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado venezolano a que adoptara “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de este privado de libertad”, pero el gobierno venezolano nunca ejecutó esta medida.

La medida humanitaria consiste en otorgar la libertad condicional en caso de que el penado o penada padezca una enfermedad grave o en fase Terminal, previo diagnóstico de un especialista, debidamente certificado por el médico forense o médica forense y esta procede cuando las demás medidas cautelares previas y en concordancia con la ley sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.

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