El grupo de diputados del parlamento nacional elegido el 6-D visitó Centros de Detención Preventiva en Carora municipio Torres
Diputados miembros de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) visitaron los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se ubican en la ciudad de Carora, municipio Torres del estado Lara y otorgaron libertades, hicieron revisión de procesos y se procedieron a dar excarcelaciones.
Según nota de prensa, un total de 12 libertades fueron otorgadas, 77 excarcelaciones y se revisaron 250 expedientes.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión, diputada Iris Varela, ofreció la información este miércoles durante la reunión ordinaria de la instancia parlamentaria. Notificó que la actividad duró tres días continuos y permitió a los parlamentarios, al equipo de abogados expertos en control penal y a defensores públicos contabilizar en 250 el total de confinados.
Varela estuvo acompañada de los diputados Jesús Brito, Carolina García, Elvis Junior Hidrobo, Marifred Rodríguez, Samuel Cohen, Luz Chacón, Roger Pinto, Julio García Zerpa, Yolman Gudiño, Carlos Rodríguez Rabán, Rosa León y Julio Chávez. También estuvieron representantes de la Defensa Publica y Ministerio Público.
Dicha visita se debe a los informes presentados por la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Defensa Integral en el municipio Torres, ante la situación que viven los privados de libertad en los calabozos que se encuentras en los organismos de seguridad que se encuentran en el Municipio.
El presidente del Consejo Legislativo del estado Lara, diputado Ramón Suárez, agregó que “la visita fue propicia para la valoración que vienen realizando en cuanto a la deuda de la AN, como órgano político y contralor de la gestión pública”.
Suárez reseñó que uno de los primeros centros de reclusión inspeccionados fue el de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a cargo del Comandante Willian Bastidas, donde más de 60 ciudadanos están privados de libertad y cuyos expedientes “fueron revisados uno a uno”.
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