Rubén Bolívar Idrogo | UVAL Carabobo
El martes 29 de junio comenzó el despliegue por centro de detención preventiva (CDP) en el estado Carabobo, dándole cumplimiento a los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro.
Cabe señalar que el lunes 28, se instaló en la región el Estado Mayor para la Revolución Judicial, a fin de descongestionar los centros de retención preventivos de la entidad y “romper” las trabas burocráticas.
El evento se realizó en el salón Bolívar- Chávez del Capitolio de Valencia, donde estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo, José Ávila y los parlamentarios Manuel Hernández, Ginkellys Gutiérrez, Yanis Agüero y Alejandro Natera.
Además, también hicieron acto de presencia representantes del poder judicial en el estado, la Defensoría Pública, Ministerio del Servicio Penitenciario y comandantes de los cuerpos de seguridad de la entidad, entre otros.
José Ávila, quien estuvo en representación del gobernador Rafael Lacava, destacó la importancia de esta acción, ya que a su juicio, representa una manera efectiva de acelerar los procesos judiciales en los centros de reclusión carabobeños, eliminando la burocracia y evaluando minuciosamente cada expediente.
Ávila consideró como un hecho histórico la instalación del Estado Mayor para la Revolución Judicial. También recordó, que esta comisión se encuentra presidida en la Asamblea Nacional por el diputado Diosdado Cabello.
El secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo destacó que a partir del martes 29 de junio iniciaban las acciones del Estado Mayor, que se extenderán por 30 días continuos en la región, a fin de recorrer todos los CDP y centros carcelarios de la entidad..
Por su parte, Wilma Hernández, coordinadora de la Defensa Pública del estado Carabobo, consideró como un triunfo la instalación de la comisión, debido a que a través de esta instancia se podrán hacer seguimientos a los casos que se encuentran en los centros de prevención de entes municipales y regionales, sin ser procesados. “Creo que esta es una manera de poder evaluar casos y darle respuesta acertada”, señaló.
Hernández aseveró que esta medida, además, busca preservar los derechos humanos de los reclusos.
Por orden presidencial, la comisión judicial poseerá un lapso de 60 días para reducir el hacinamiento en cárceles y centros de detención preventiva del país.
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