En Venezuela no existe Poder Moral si no hay respeto por los Derechos Humanos de quienes tienen la mala suerte de caer en manos de las mafias que hay en el Poder Judicial, dice la especialista en materia penal quien agrega que, pese a los diversos planes del gobierno en los últimos tres años, no ha habido desconcentración de los recintos penitenciarios
Equipo UVL Barinas
El Estado venezolano es el único responsable de lo que ocurre en los recintos penitenciarios del país. Crearon un bodrio como el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para crear un imperio de delincuencia que les sirva a ellos para hacer sus fechorías. Ese es el criterio de una abogada penal que pidió resguardar su identidad por su seguridad y razones laborales.
A juicio de la abogada, no existe Poder Moral cuando no se respeta el Estado de Derecho de los ciudadanos. Ese poder está acéfalo, ha sido inservible para resolver los problemas del monstruo en el que se ha convertido el sistema penitenciario.
Agrega que, los directores de los comandos policiales forman parte de ese monstruo y quizás son los más directos en relación a los cobros, las matracas, a las torturas, a la violación de los Derechos Humanos que se cometen todos los días y a cada momento.
Cuatro días de huelga
Cuatro días duró la huelga de hambre promovida por los privados de libertad del Internado Judicial Barinas (Injuba), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc) y del Centro de Control y Resguardo del Detenido (Ccrd) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el estado Barinas, ubicado en los Llanos Occidentales del País. Entre todos, representaban un poco más de 1200 detenidos que, junto con sus familiares, hicieron una serie de exigencias al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que incluía, entre otros, celeridad procesal en sus casos.
En Barinas, de acuerdo al relato de familiares, los privados de libertad, antes del 10 de junio, día en que hicieron pública su adhesión a la protesta, ya habían enviado comunicaciones al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, al Ministerio Público y a otras instancias judiciales, haciendo una serie de exigencias, entre ellas, hacer efectivo en Plan Revolución Judicial, la libertad inmediata de los privados de libertad que hayan cumplido el 50 por ciento de sus penas sumado a las redenciones por trabajo y estudios.
Así mismo, los privados de libertad en Barinas también exigían la inmediata libertad de los presos penados por el Código Orgánico Procesal Penal del año 2009, así como de los detenidos que están procesados y presentan retardo procesal.
Hubo familiares como Aidée Salazar, madre de Glinis Méndez, quien ha sufrido de dos Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) que la mantienen postrada en una cama, imposibilitada de valerse por sí misma, desde el 2023.
De acuerdo a Salazar, su hija tiene una condena de tres años y ya pasó un año detenida en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). “Ese año estuvimos presos mi yerno, mi hija y yo, porque durante el día la acompañaba su esposo y en las noches me permitían quedarme con ella”, reconoce la madre de la detenida, campesina y profesora de joropo. Ella pidió una medida humanitaria.
También está el caso de María del Carmen Contreras, quien lleva cumplidos 12 de su condena de 13 años. Ahora tiene 71 años de edad y pide una medida humanitaria por razones de salud: “Quiero volver viva a mi casa, no en un ataúd”, clamó en un video que grabó durante la huelga.
No hay desconcentración
Llevan tres años tratando de desconcentrar los centros de reclusión, pero el poder judicial está corrompido, lo han convertido en una bodega donde solo le falta un punto de venta en cada tribunal para cobrar las tarifas.
Después de tres años de desconcentración no queda nada positivo. Solo corroborar como el Estado se convierte en un bodrio de corrupción y en terrorista que solo violenta los Derechos Humanos de quienes tienen la mala suerte de caer en manos de este sistema penitenciario venezolano, donde se usa el poder judicial para complacer al régimen violador y diseñado por la delincuencia.
Las políticas que deben servir para afianzar lo que está contenido en ley son terribles y cada presidente de circuito crea parcelas. El sistema judicial no garantiza un proceso ajustado, no hay Estado de Derecho y ellos lo saben y por eso crean sus parcelas de poder con el fin de extorsionar a los ciudadanos, a los usuarios de este poder, o a quienes tienen la mala suerte de caer en las manos de estos bandidos.
Por otra parte, la especialista en derecho penal subraya que la admisión de los hechos no garantizó nunca que se les dictaran medidas cautelares. No hay cifras oficiales. Se crean planes de abordaje para que el poder judicial se constituya como un salvador, “yo te detengo y yo te libero cuando yo lo decido no cuando el Estado de Derecho te garantice”, dice.
Agrega que, los planes cayapa solo han servido para extorsionar más. Han creado comisiones judiciales revolucionarias que solo se han convertido en la caja chica de algunos partidos afectos al gobierno. “Es descarado todo lo que hacen amañado en contra de la ley” afirma.
No hay ningún tipo de procedimiento claro porque todo forma parte del manejo delincuencial en lo que se ha convertido el poder judicial y el ministerio penitenciario que ha llegado al extremo de que ellos puedan entregar medidas cautelares, “algo nunca visto, no contenido en ninguna ley y violentando el Código Orgánico de Procedimientos Penal, el Código Penal, e incluso la constitución”.
Aclara que no puede constituirse un ministerio más allá de los tribunales de justicia, eso es una locura no hay nada oficial que tenga que ver con la esperanza cierta de que hay desconcentración de los centros penitenciarios y mucho menos que no se violenten los Derecho Humanos de los privados de libertad y de los ciudadanos que caen en manos de las mafias en los que se han convertido los calabozos, centros penitenciarios y aún más, los sitios de reclusión preventiva.
En Venezuela no existe Poder Moral si no hay respeto por los Derechos
Humanos de quienes tienen la mala suerte de caer en manos de las mafias que hay
en el Poder Judicial, dice la especialista en materia penal quien agrega que,
pese a los diversos planes del gobierno en los últimos tres años, no ha habido
desconcentración de los recintos penitenciarios
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