Mes: marzo 2020

La detención de Darwin Enrique Chacín Galúe y Rodrigo Javier Huerta Pérez estuvo a cargo de los funcionarios adscritos a la Unidad de Investigación Penal del Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS). Según su reporte, los dos detenidos forman parte de la organización criminal que dirige un interno del Internado Judicial Dr. Francisco Delgado, antiguo retén El Marite, al oeste de Maracaibo.

A cuatro se elevan los decesos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago del estado Zulia. El cadáver de Jorge Luis Montilla Méndez, de 47 años, lo encontraron, el 5 de marzo de 2020, sus compañeros de celda. Notificaron a los custodios externos del Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia (CPBEZ) y estos a su vez a los detectives del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Por tres meses Jesús Ramón Guerra, de 24 años, evadió los controles de los cuerpos de seguridad en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela. Escapó, el 8 de diciembre de 2019, del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. Pasó desapercibido las alcabalas militares de cuatro municipios, pero su nerviosismo lo dejó, el 6 de marzo de 2020, al descubierto y regresó a prisión.

A menos de dos años de su reinauguración y de pasar de un régimen abierto al régimen propuesto por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Internado Judicial Dr. Francisco Delgado, en otrora conocido como retén de El Marite, se convirtió en una guarida para las mafias zulianas. Al menos una docena de denuncias de extorsiones han recibido y han investigado los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) y el Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) en el último trimestre. Las llamadas de amenazas de muerte y los atentados contras empresarios y sus familiares se hacen desde los calabozos del penal. La situación obligó a Tareck William Saab, fiscal General de la República, a solicitar, el 04 de marzo de 2020, que los privados de libertad involucrados sean transferidos a una cárcel de mayor seguridad. Aún no se han concretado traslados.