En dos semanas desaparecieron las armas, electrodomésticos y muebles en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas. La comitiva de periodistas, funcionarios de la Gobernación de Zulia y de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial arribaron cerca de las 11:00 de la mañana del 26 de octubre de 2021 a la avenida Andrés Bello y se encontraron un penal en ruinas. Basura en el patio trasero, algunos trapos y muebles en deterioro que no pudieron sacar de los pabellones. No hubo ningún contratiempo para que encendieran la excavadora y el gobernador Omar Prieto golpeara con una mandarria la fachada principal.
La historia penitenciaria de 50 años se acabó. El penal se construyó en un galpón, que en otrora servía como matadero, que lo acondicionaron para unos 100 detenidos. La estructura sobrepasó con las décadas su capacidad de instalación, los privados de libertad lo remodelaron a su antojo para ganar espacio. Pese a la inversión de los internos, todo se veía destruido, corroído y sin pintura. En los últimos meses desmontaron la garita policial en la entrada y la reacomodaron en el patio trasero para darles sombra a los enfermos aislados. Y en las últimas semanas, los privados escondieron las Glock, las escopetas, los chopos, las granadas fragmentarias y de humo con las que jugaban a la guerra entre los pabellones. Pese a la demolición no se encontró ni un cuchillo.
Ese deterioro de infraestructura sumado a las constantes detonaciones de granadas y armas de fuego, la música a alto volumen, el pago de extorsiones en sus adyacencias y las constantes muertes por riñas entre presos y los deceso de privados de libertad por enfermedades infectocontagiosas hizo que el gobernador Prieto catalogara el penal como “una vergüenza para el municipio Cabimas”.
“Hoy se cierra una puerta al infierno”, pronunció el gobernador en su discurso previo a tomar una mandarria para golpear las paredes.
Los curiosos del sector La Misión catalogaban aquello como un “miliagro. Una petición por la que se oraban todos los días”.
Piano, piano
Los conflictos entre los reclusos más los muertos tirados en la avenida Andrés Bello sirvieron de motivos para el cierre, el cual solicitaba la gobernación a la Presidencia de la República desde septiembre de 2019.
Un enfrentamiento entre los pabellones A y B, donde murieron, en diciembre de 2019, 10 reclusos, aceleró la medida y en enero de 2020 se decretó una intervención administrativa del penal; destituyeron a la directora y se otorgaron 11 medidas humanitarias a detenidos.
Las promesas de cierre se mantuvieron en las alocuciones de Prieto. Al igual que las quejas de las comunidades por los tiroteos internos. A eso se suman las protestas de los presos en el techo del penal y luego en la calle por medicinas, agua y alimentos. En vista de que las manifestaciones no llamaban la atención de ningún ente, los privados de libertad decidieron lanzar los cadáveres en la calle.
En marzo de 2021, una comisión del Ministerio de Asuntos Penitenciarios recorrió el retén. Pero no es hasta el 25 de agosto de 2021 cuando la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial se instaló en la avenida Andrés Bello y asumió el reto de la revisión de los expedientes. Tres días después recibieron beneficios procesales el primer grupo de presos. En septiembre la comitiva sorprendió al estado al otorgar 260 libertades en un solo día. Luego en octubre trasladaron a 36 mujeres al Centro de Formación Ana María Campos, en San Francisco; y a 134 hombres hasta el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, en el oeste de Maracaibo. La comisión solo declaró sobre los privados de libertad que fueron llevados a penales con régimen penitenciario.
“El resto lo mandaron para los comandos policiales de Maracaibo, un poquito para los de la COL, otros para Trujillo y Falcón”, detalló un funcionario.
Fin de las muertes
El fallecimiento de Heriberto García por tuberculosis en el Pabellón B, menos de 24 horas después de la visita de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial para la liberación de 260 reos; dejó en evidencia las debilidades del sistema judicial. No hubo investigación contra los funcionarios que participaron en la revisión de su causa y que omitieron el deplorable estado de salud de detenido. Con su muerte cerró el ciclo de decesos por tuberculosis en esos espacios.
Desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2021, Una Ventana a la Libertad contabilizó 121 muertes vinculadas con el retén de Cabimas, de las cuales 89 ocurrieron en sus cinco pabellones: 72 por enfermedades y 17 por riñas entre los reclusos. Las otras 32 ocurrieron en la calle luego de que los reos escaparan del penal y presuntamente se enfrentaran a los cuerpos de seguridad.
Basados en el número de privados de libertad muertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en febrero de 2020 una medida de protección a favor de los detenidos, sus familiares y los trabajadores del retén. El Estado Venezolano hizo caso omiso a la solicitud de protección y entre 2020 y 2021 se reseñó la muerte de 40 internos.
“La puerta del infierno no se volverá a abrir más”, aseguró Omar Prieto, mientras daba como cumplida la promesa hecha a las comunidades de la Costa Oriental del estado Zulia, en el occidente venezolano.
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